Bloomberg Línea — El plan del Gobierno de Gustavo Petro para elevar el déficit fiscal a 7,1% del PIB en 2025, activar la cláusula de escape de la regla fiscal y postergar un ajuste estructural ha sido cuestionado por economistas y centros de análisis. Las críticas apuntan a una estrategia que, lejos de corregir los desequilibrios, agrava la vulnerabilidad fiscal del país y compromete la estabilidad para el próximo gobierno.
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Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, advirtió sobre el incremento de la deuda pública, que crecería 9,6 puntos del PIB entre 2023 y 2026, es decir, unos COP$173 billones (US$41.950 millones).
“El recorte del gasto, necesario e ineludible, se deja al próximo Gobierno, que heredará unas cuentas fiscales en estado crítico y deberá poner en marcha un plan inmediato de ajuste fiscal”, aseguró.
Desde XP Investments, Andrés Pardo sostuvo que la activación de la cláusula era inevitable ante la imposibilidad de cumplir la regla fiscal, debido al bajo apetito del Ejecutivo por hacer recortes de gasto.
Además, cuestionó la validez de los supuestos macroeconómicos, incluyendo un recaudo tributario proyectado en COP$280 billones (US$67.900 millones) para 2025, cifra que calificó como “optimista”.
A su juicio, la estrategia incrementará la deuda pública en más de 10 puntos del PIB, y el regreso a una senda fiscal sostenible dependerá de una reforma tributaria todavía indefinida. También anticipó una posible degradación de la calificación crediticia de Colombia y su salida de los índices de deuda global con grado de inversión.
Más dudas que certezas
El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana señaló que, si bien el Marco Fiscal de 2025 sinceró algunas cifras, persisten dudas relevantes sobre la viabilidad de sus proyecciones y medidas.
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Alertaron que ninguna reforma tributaria en décadas ha recaudado más de COP$19 billones (US$4.610 millones), lo que hace poco realista la expectativa de una nueva reforma en ese orden, especialmente sin consenso político. También pusieron en duda los supuestos de crecimiento económico y señalaron la necesidad de revisar beneficios tributarios antes de crear nuevas cargas fiscales.
El Observatorio criticó además la ausencia de una explicación sólida sobre el impacto del salario mínimo en el mercado laboral, la falta de claridad en la estrategia de manejo de deuda y la persistencia en usar la inversión pública como variable de ajuste. “Si bien es positivo que el Marco Fiscal 2025 reconozca los desafíos del momento, el país necesita una estrategia más realista, transparente y políticamente viable”, concluyeron.
Por su parte, José Ignacio López, presidente de ANIF, cuestionó el aumento en el gasto de personal proyectado para 2025, que crecería 27% frente a 2024, alcanzando COP$47,8 billones (US$11.600 millones). “No se entiende cómo, con un problema fiscal tan serio, se incrementa este rubro en COP$10 billones (US$2.430 millones)”, expresó.
En defensa de su decisión, el presidente Gustavo Petro afirmó que el uso de la cláusula de escape responde al fracaso de la anterior Ley de Financiamiento y la caída de parte de la primera reforma tributaria que presentó en su Gobierno.
Dijo que el recorte de gasto ya está en marcha y que el pago del déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible por COP$70 billones (US$17.000 millones) ha sido un alivio presupuestal.
Según Petro, si el Congreso aprueba la nueva reforma tributaria, “las perspectivas presupuestales son muy claras y positivas”. Sin embargo, los expertos advierten que ese escenario sigue siendo incierto y que el margen de maniobra del próximo gobierno será cada vez más estrecho.
