Bloomberg Línea — La Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales (ANLA) ordenó iniciar un proceso sancionatorio en contra de Ecopetrol (ECOPETL) por infracciones cometidas en el desarrollo del proyecto Campo Río Ceibas en el Huila, al sur de la región Andina en Colombia.
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La decisión de iniciar el proceso sancionatorio se da por “intervenir áreas de exclusión asociadas a vegetación de galería o riparia dentro de la ronda de protección de un drenaje intermitente perteneciente a la cuenca del Rio Ceibas al realizar actividades asociadas a la instalación y/o mantenimiento de líneas de flujo que ingresan a la isla H”.
El origen de las infracciones
Durante una visita de control y seguimiento ambiental realizada entre el 16 y 18 de octubre de 2024, la autoridad ambiental (ANLA) detectó que Ecopetrol había intervenido áreas de exclusión ambiental definidas como zonas protegidas en el proyecto Campo Río Ceibas.
Estas áreas correspondían a vegetación de galería o riparia ubicadas dentro de la ronda de protección de un drenaje intermitente de la cuenca del río Ceibas.
El hallazgo más grave fue que Ecopetrol llevó a cabo obras asociadas a la instalación y mantenimiento de líneas de flujo que ingresan a la Isla H, afectando la cobertura vegetal y el equilibrio ecológico de la zona, sin reportar dichas actividades en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA).
Según los análisis técnicos y las imágenes satelitales revisadas, las intervenciones ocurrieron después de marzo de 2022 y no fueron mitigadas ni restauradas al momento de la visita.
La Autoridad Ambiental concluyó que estas acciones constituyen un incumplimiento del artículo tercero de la Resolución 1481 de 2015, modificado por la Resolución 1222 de 2016, que prohíbe expresamente actividades en zonas de exclusión.
Destacó la autoridad que al intervenir estas zonas pudo afectar “ecosistemas estratégicos para la conservación de la flora propia de los bosques secos tropicales (bs-T), los cuales son de importancia para la recuperación y conservación de los ecosistemas naturales sobre las márgenes hídricas de los cuerpos de agua lóticos presentes en el área de influencia directa del proyecto”.
La defensa de Ecopetrol
Ecopetrol presentó, como parte de su documentación ante la ANLA, imágenes aéreas y ortofotos que mostraban el estado del área antes y después de la intervención.
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Estas imágenes, anexadas mediante radicados enviados en marzo y junio de 2024, fueron utilizadas por la empresa para mostrar que las obras ya estaban ejecutadas desde hace más de un año.
Sin embargo, en los análisis técnicos realizados por la autoridad ambiental, se estableció que estas obras no habían sido reportadas oportunamente en los informes ambientales oficiales.
En el ICA 11 correspondiente al periodo enero–diciembre de 2023, no se incluyó ninguna mención de la nueva infraestructura lineal instalada, lo que sugiere un ocultamiento u omisión por parte de la empresa frente a sus obligaciones de reporte.
Aunque Ecopetrol no presentó una defensa directa en este auto, la información aportada sugiere que la empresa pretendía demostrar que la intervención ya había ocurrido y que existía documentación visual de los hechos.
No obstante, esto no exime de responsabilidad, ya que la omisión de reportes y la intervención en áreas protegidas sin autorización constituyen infracciones ambientales sancionables.
El proyecto petrolero
El proyecto Campo Río Ceibas se localiza en el municipio de Neiva, departamento del Huila, específicamente en la vereda Platanillal.
Este campo petrolero tiene una larga historia regulatoria, con licencia ambiental otorgada inicialmente en 1997 y modificada en múltiples ocasiones hasta 2016, cuando se actualizaron las zonas de manejo ambiental.
La zona donde ocurrieron las intervenciones está vinculada a cuerpos de agua intermitentes y ecosistemas de vegetación riparia, sensibles a los cambios físicos en su entorno.
Las coordenadas geográficas reportadas en el expediente vinculan las acciones a un sector cercano a la Isla H, dentro del área de influencia directa del proyecto.
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Este entorno es parte del ecosistema de bosque seco tropical (bs-T), uno de los más amenazados y fragmentados del país.
Por tanto, la intervención no autorizada en sus áreas de protección representa una preocupación seria para la conservación ambiental en esta región del sur colombiano.
Las posibles sanciones
De acuerdo con la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024, las sanciones por infracciones ambientales pueden llegar hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
El salario mínimo en Colombia para el año 2025 fue fijado en COP$1.300.000, lo que significa que la multa podría ascender hasta COP$6.500 millones, dependiendo de la gravedad de la afectación, la intencionalidad, y la reincidencia de la empresa.
