Bogotá — La discusión en Colombia dejó de ser la eliminación de la Tasa de Usura, por los trámites regulatorios y legislativos que implicaría, y pasó a ser su flexibilización. Lo que podría hacer la Superintendencia Financiera de forma inmediata y mediante el recálculo del IBC (Interés Bancario Corriente).
Lo anterior, en medio de una necesidad urgente que argumenta el sector financiero y por cuenta de las consecuencias negativas que genera la Tasa al limitar el acceso al crédito y favorecer los préstamos informales. De acuerdo con un estudio de ANIF y Colombia Fintech, la tasa de interés que enfrentan las personas al endeudarse con el “gota a gota” alcanza el 382% anual, lo que lo convierte en “una opción sumamente onerosa y riesgosa”.
En contraste, las tasas estimadas de las cooperativas, bancos y microfinancieras son mucho más bajas, con promedios de 15,6%, 17,9% y 26,5%, respectivamente. E incluso, otros proveedores de crédito digital, con una tasa promedio de 29,6%, presentan costos considerablemente inferiores y permanecen por debajo del promedio de la Tasa de Usura de los últimos 12 meses.
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“Para las mipymes, la situación es aún más crítica. El gota a gota representa en promedio el 8,8% del stock de deuda, con costos de endeudamiento que alcanzan una alarmante tasa anual promedio de 666%”, dice el documento referido.
A lo que agregan que este tipo de financiamiento, insostenible y altamente riesgoso, es particularmente común en empresas de subsistencia y microempresas que enfrentan barreras significativas de acceso al crédito formal.
José Ignacio López, presidente de ANIF, puntualizó que “por ahora lo más factible es lograr convencer a las autoridades de recalcular el IBC. Luego hay un siguiente desafío y es no solo recalcularla sino que el esquema que rige la metodología sea más transparente y más predecible para los jugadores”.
En ese sentido dijo que en la medida que el país empiece a entender mejor las bondades de estar en el crédito formal se puede llevar esa discusión a un nivel más general y más potente.
Sobre ese recálculo, explica el estudio, si se hiciera un ejercicio contrafactual en el que se separaran la certificación de la tasa del crédito de consumo de la del crédito ordinario, se podría observar que el interés bancario corriente de la primera pasaría de 18,8% para octubre de 2024 a 23,2% para ese mismo periodo.
“Únicamente este cambio generaría un aumento del 4,9% sobre el crecimiento de la cartera de consumo, que para ese periodo equivaldría a un aumento del saldo total del crédito de consumo en COP$10 billones. Esta suma por sí sola correspondería a 8,9 millones de desembolsos promedio de créditos de consumo de bajo monto”.
Por otro lado, ANIF y Colombia Fintech precisan que si se toma el saldo de la deuda a octubre de 2024, un incremento de un punto porcentual en la tasa de usura de consumo equivale a una expansión de COP$1,5 billones en el saldo total de créditos de consumo. Pero que el aumento en el saldo del crédito no es igual para todos los perfiles de riesgo, sino que, se beneficia sobre todo a los de mayor riesgo.
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Con lo que, explican, si se tiene en cuenta el efecto de la recomposiciónde la cartera por perfiles de riesgo, se encuentra que la cartera de consumo para los perfiles de mayor riesgo se expandiría en COP$1,5 billones, lo que correspondería a 1,1 millones de desembolsos promedio de créditos de consumo de bajo monto.
Para concluir que si bien el objetivo formal de la certificación del IBC para cada uno de los tipos de crédito es reflejar al mercado un dato estadístico sobre el promedio de las tasas a las que las entidades de crédito celebran operaciones activas de crédito, la norma le deja un margen de maniobra a la hora de definir la metodología bajo la cual se va a calcular el IBC como dato estadístico.
El recálculo del IBC, sin embargo, debe estar acompañado de otras medidas como abrir la posibilidad de que todos los tipos de crédito puedan ser otorgados a través de tarjetas de crédito y otras tecnologías en Colombia. “La tecnología y un marco regulatorio adecuado son esenciales para lograr estos objetivos y garantizar el derecho a la igualdad y que los beneficios del crédito sean accesibles para todos los sectores de la población”, resaltan las firmas.
