Bloomberg Línea — En Colombia quedan 70 pozos por explorar entre 2026 y 2030, con lo que la inversión exploratoria caería 18% en 2025 y caería a su nivel más bajo en los últimos cuatro años.
Así lo advierte la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) en su informe económico anual ‘Tendencias de Inversión en Exploración y Producción de Petróleo y Gas en Colombia 2024 y Perspectivas 2025: un sector estratégico en estado crítico’.
Dice el estudio que, si no se toman medidas de impulso, Colombia agotará su actividad exploratoria al final de esta década, lo cual pondría al país en una situación crítica, sin nuevos descubrimientos que garanticen la reposición de reservas, ni una base sólida para la sostenibilidad energética futura.
La reducción de la exploración este año ocurre en medio de un panorama pesimista: las reservas probadas de gas han caído un 57% en los últimos diez años y se vislumbra una caída acelerada de la producción de petróleo a partir de 2027.
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El Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), informó esta semana que las reservas de gas natural cayeron por tercer año consecutivo hasta el equivalente a 5,9 años de producción a finales del año pasado, frente a los 6,1 años de 2023.
También que Colombia tenía 2.035 millones de barriles de reservas probadas de crudo en 2024, el equivalente a 7,2 años de producción, frente a los 7,1 años de la evaluación anterior (2023).
En cuanto a la producción, la Asociación del Petróleo y GAS sostiene que, si bien crecería un 15% en 2025, este impulso sería transitorio si no se desarrollan nuevos proyectos. Para 2025, en petróleo estima una producción de entre 760.000 y 770.000 barriles promedio día (kbpd), similar a los 772.000 de 2024. Y en gas, para una producción comercializada de gas nacional de 905 millones de pies cúbicos día (MPCD), frente a 958 MPCD de 2024.
“Hoy se requiere más inversión para producir la misma cantidad de petróleo, debido al agotamiento natural de los campos y la complejidad del entorno operativo, y, en gas, no estamos logrando aumentar la producción ni reponer las reservas, esto es un doble desafío para la autosuficiencia energética”, advirtió Frank Pearl, presidente de la Asociación.
Presión fiscal empeora la situación
En 2024 los bloqueos a las operaciones del sector aumentaron un 151%, en medio de conflictos sociales y deterioro del orden público en las regiones donde se opera, dice la Asociación, lo que ha afectado tanto el desarrollo de los proyectos como sus contribuciones a los territorios y a la seguridad energética del país.
A lo que se suma el déficit fiscal proyectado de COP$40 billones como consecuencia de la reducción en la producción de petróleo en el mediano plazo, el posible incremento de entre 15% y 46% en las tarifas de gas si se llega a importar la mitad de la demanda por falta de nueva oferta, y la necesidad identificada de aumentar las importaciones de crudo para mantener la operación de las refinerías, lo que encarecería la producción de combustibles líquidos.
¿Hacia dónde avanzar?
El gremio propone una serie de medidas para reactivar el sector que combinan estabilidad fiscal y regulatoria, viabilidad a proyectos clave e impulso a nuevas oportunidades de inversión.
Entre ellas están la optimización de consultas previas con acompañamiento institucional en las operaciones, la estabilidad en requisitos ambientales, la coordinación estatal para gestionar conflictividad y asegurar el orden público.
En cuanto a seguridad jurídica, fiscal y confianza inversionista, se propone definir una carga tributaria competitiva para el sector, reducir la tarifa de autorretención de gas en escenario de déficit como el actual, así como mesas técnicas para la nueva resolución de telemetría de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos).
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También se pone sobre la mesa el impulso a proyectos de gas y desarrollo costa afuera: acompañar y viabilizar los proyectos asegurando sus trámites socioambientales, priorización de 116 consultas previas para construcción del gasoducto submarino y la expedición de la licencia ambiental para infraestructura submarina y terrestre.
