Bloomberg Línea — El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, explicó ante las comisiones Tercera y Cuarta del Senado, los puntos generales que tendrá el proyecto de reforma tributaria que presentará el Gobierno de Gustavo Petro en los próximos días.
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La reforma tributaria pretende revisar integralmente los gastos fiscales que tiene el Gobierno en materia tributaria, “sobre todo en algunos rangos y factores del IVA aplicados al consumo de bienes y servicios que hoy consumen mayoritariamente las personas de mayores ingresos”.
Adicionalmente, el funcionario aseguró que se pretende grabar el consumo de licores y el tabaco, además de, “incrementar la progresividad de los impuestos sobre renta y patrimonio y generar nuevas dinámicas del impuesto al carbono, el impuesto al consumo y a los impuestos saludables”.
El Gobierno Petro busca recaudar más de COP$26 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026, que fue presentado al Congreso el pasado 10 de agosto.
El Gobierno decidió activar a inicios de este mes la cláusula de escape de la Regla Fiscal con el propósito de permitir un déficit fiscal superior al ordenado por la normatividad colombiana.
El Ministerio de Hacienda preveía un déficit fiscal del 5,1% a inicios de este año, pero tras las dificultades que ha experimentado en el recaudo de impuestos y su incapacidad para recortar gastos, decidió ampliarlo al 7,1% del PIB para este año.
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El déficit fiscal ha sido uno de los puntos más criticados de la administración económica colombiana, durante el mandato de Petro. A mediados del año Standard and Poor’s y Moody’s rebajaron la calificación crediticia del país por cuenta del elevado nivel de deuda como proporción del PIB.
Así mismo, las dificultades fiscales del Gobierno han sido una de las razones por las cuales el Banco de la República ha decidido mantener estables sus tasas de interés.
Dicha cautela en la política monetaria ha sido la causa de las críticas del presidente Gustavo Petro a la Junta del Banco Central colombianol al que acusa de querer sabotear su política económica.
El Congreso deberá aprobar el Presupuesto General de la Nación antes del 20 de octubre o sería decretado por el Presidente de la República, tal como sucedió en 2025, cuando también presentó un presupuesto desfinanciado.
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El año pasado, el Congreso le negó al presidente una reforma tributaria por más de COP$11 billones y expertos han advertido de las dificultades de que los congresistas aprueben un nuevo proyecto tributario en la antesala de las elecciones legislativas y presidenciales del 2026.
