Bloomberg — Una ley que buscó mejorar la precisión de las encuestas en Colombia está teniendo efectos contrarios, y dejando en la oscuridad tanto a votantes e inversionistas de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
La iniciativa multipartidista para mejorar la calidad de los sondeos se aprobó en julio, tras varios años de discusión. En ese momento los mercados estaban centrados en el deterioro de las finanzas del país y las frágiles perspectivas fiscales.
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La nueva ley prohibió la publicación de encuestas sobre la intención de voto hasta finales de octubre. Se esperaba que, una vez que se levantara el periodo de restricción, vendrían numerosas nuevas encuestas. Pero eso no ha ocurrido.
Aunque se siguen realizando encuestas privadas, solo se han publicado dos nuevos estudios en noviembre. Las encuestadoras dicen que la ley endurece tanto los criterios para su publicación que prácticamente duplica sus costos, lo que las hace menos frecuentes y más limitadas.
“Los que pueden pagar tienen la información”, afirmó César Caballero, director de la firma Cifras y Conceptos en Bogotá, que realizó la primera encuesta publicada a principios de noviembre. “La opinión pública va a quedar a merced de la manipulación, porque esas que no se hacen públicas y están circulando, nadie responde por ellas”.
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Con más de un centenar de candidatos y alianzas políticas aún en fase inicial, hay mucho por descifrar antes de las elecciones legislativas y presidenciales de marzo y mayo, respectivamente. Las encuestas publicadas periódicamente en los medios de comunicación locales habían sido un elemento básico para los observadores electorales.
La ley duplicó con creces el tamaño mínimo de las muestras y exigió la inclusión de zonas menos pobladas, entre otros cambios técnicos. Más allá de los costos adicionales, las nuevas normas también crean incertidumbre jurídica, ya que las empresas de sondeos temen incurrir en responsabilidad penal si no se cumplen las normas.
“Es un momento muy arriesgado para hacer encuestas”, afirmó Pablo Lemoine, director del Centro Nacional de Consultoría, CNC. “La ley no es clara en las consecuencias, pero sí dice que van a haber consecuencias penales”.
Muchos inversionistas apuestan que las elecciones del próximo año resulten en un gobierno más promercado. Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista de la nación andina, no puede repostularse. El senador Iván Cepeda ganó las elecciones primarias presidenciales de la coalición de izquierda Pacto Histórico el mes pasado.
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Barclays ve las elecciones tanto como un ancla para compensar el ruido político como un posible catalizador positivo si gana la centroderecha. Las preocupaciones en torno a la falta de encuestas aún no son tan urgentes, pero si la escasez continúa, comenzará a afectar al mercado, según Andrés Pardo, jefe de estrategia para América Latina de XP Investments.
“Crea más volatilidad”, afirmó Pardo. “A medida que nos acerquemos a las elecciones, será más preocupante. La gente estará más perdida, las comparaciones serán más difíciles”.
Mientras la prohibición estaba en vigor, el medio local La Silla Vacía señaló cómo algunos candidatos apuntaban a las apuestas en Polymarket como una señal de que lideraban las intenciones de voto. Pero estos sitios de apuestas están expuestos a la manipulación, ya que un pequeño número de usuarios puede tener un impacto desmesurado en las probabilidades.
El proyecto de ley sobre encuestas se presentó inicialmente en 2020 y de nuevo en 2022, antes de su aprobación este año, según la senadora Angélica Lozano, del Partido Verde, que contribuyó a su aprobación.
El objetivo principal de la ley “es mejorar los estándares técnicos” y lo ha hecho, afirmó Lozano en una entrevista telefónica. “Esto no es una encuesta sobre jabón sino de impacto sobre la opinión pública”. También cuestionó si las nuevas normas aumentaban el riesgo de que se manipulara la información. “Si hay muchas encuestas sin estándares técnicos, ¿todo está blindado o puede haber manipulación?”.
La Misión de Observación Electoral, un grupo de vigilancia independiente, fue invitado a aportar comentarios mientras se debatía el proyecto de ley y también apoya la medida. Ayuda a proporcionar “información de mejor calidad”, afirmó Diego Rubiano, analista senior de la MOE.
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Sin embargo, también señaló que su aplicación cerca de las elecciones ha sido problemática. “Están cambiando las reglas de juego en medio del proceso electoral y eso no es sano para ninguna democracia”.
Tanto él como Lozano afirmaron que, aunque la nueva normativa menciona consecuencias penales, el código penal no incluye ese delito. La ley electoral también ha sido impugnada en la Corte Constitucional de Colombia.
La falta de encuestas y sondeos públicos periódicos dificulta entender por qué un candidato sube o baja, según Mario Gómez, socio gerente para Colombia de Prospectiva Public Affairs Lat.Am. También explica por qué hay tantos aspirantes a la presidencia que siguen en carrera. “Esto les dio oxígeno a ellos por unos meses”, dijo Gómez.
El CNC publicó el 17 de noviembre su primera encuesta pública desde que se promulgó la ley. En ella, Cepeda lideraba las intenciones de voto con casi un 21% de apoyo, seguido por el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, con más del 14%, y el exgobernador centrista Sergio Fajardo, con casi un 8%. Entre las principales preocupaciones, los encuestados señalaron la inseguridad y la corrupción, por delante del desempleo y el sector salud.
Sin embargo, sondeos como el que Cifras y Conceptos solía publicar regularmente, con una muestra de 1.600 personas en las cuatro principales ciudades de Colombia, ya no cumplen con los estándares. Caballero defendió la solidez de la encuesta y afirmó que aún se sigue realizando.
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“Yo puedo hacer la comparación interna de las cuatro ciudades y lo que está pasando y lo que está cambiando”, afirmó. “Lo puedo mostrar en privado, pero no lo puedo publicar”.
