Bloomberg Línea — La informalidad en Colombia, tanto de trabajadores como de empresas, está deteriorando el acceso a prestaciones sociales, la estabilidad económica y la productividad nacional, según un reciente documento entregado por investigadores del Banco de la República.
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En Colombia viene aumentando el salario mínimo desde hace varios años por encima de la inflación y a pesar de ello, las cifras de desempleo que entrega el DANE han venido dando señales de mejora. No obstante, expertos han advertido que la decisión de incrementar excesivamente el salario mínimo afectaría al empleo formal y de calidad.
Uno de ellos fue Daniel Gómez, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, quien aseguró, tras el dato de desempleo de febrero, que “subimos el salario mínimo mucho más allá de la productividad y observamos que casi toda la creación de empleo se da en el cuentapropismo, la informalidad y en el sector público. Suena a exactamente lo que se dijo que iba a pasar”.
Costo de la informalidad
Ahora, un grupo de investigadores del Banco de la República, coordinado por Andrea Otero Cortés, economista y magíster en economía de la Universidad de Los Andes con doctorado en economía de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, analizó los impactos de la informalidad laboral en Colombia desde una perspectiva integral, abordando tanto las consecuencias macroeconómicas como los efectos a largo plazo sobre el desarrollo del país.
Uno de los hallazgos centrales de la investigación es que la informalidad no solo representa una limitación para la protección social de los trabajadores, sino que también tiene efectos negativos sobre la estabilidad económica y la productividad nacional.
“El salario mínimo en Colombia sigue estando estrechamente vinculado con la informalidad laboral”, dice la investigación que, si bien es elaborada por investigadores del banco central colombiano, no representa a los integrantes de la Junta Directiva del Emisor. “Cuando el salario mínimo es elevado en comparación con la productividad de los trabajadores menos calificados, las empresas tienden a recurrir a la informalidad como una estrategia para bajar los costos laborales”.
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La investigación destaca la necesidad de que las políticas públicas superen el enfoque meramente asistencialista y se orienten a promover la inclusión de los trabajadores informales en el mercado laboral formal.
En primer lugar, se subraya que las políticas sociales deben ir más allá de la entrega de subsidios económicos y enfocarse en la promoción del capital humano de los beneficiarios.
Esto se traduce en la necesidad de capacitar a los trabajadores informales y dotarlos de competencias que les permitan integrarse de manera sostenible en empleos formales. Esta estrategia contribuye, además, a la formalización laboral a largo plazo, ya que una fuerza laboral más calificada tiene mayores posibilidades de insertarse en sectores más productivos y estables.
Desde una perspectiva macroeconómica, el documento resalta que una alta proporción de empleo informal incrementa la volatilidad del consumo y, por ende, de otros componentes del Producto Interno Bruto (PIB).
“Este fenómeno se explica porque los hogares informales, al no tener acceso a instrumentos financieros formales como el crédito o el ahorro estructurado, ven afectado su nivel de consumo ante choques económicos”, dicen los investigadores.
En consecuencia, su consumo se vuelve inestable, lo que genera impactos negativos en el comportamiento general de la economía, especialmente en variables como las exportaciones netas y la inversión, que también presentan fluctuaciones más pronunciadas en entornos con alta informalidad.
Otro hallazgo tiene que ver con la política monetaria. El estudio evidencia que esta herramienta es más efectiva en contextos donde la proporción de trabajadores calificados es alta y la proporción de trabajadores que ganan el salario mínimo es baja.
En dichos escenarios, la política monetaria logra una mejor transmisión a través de los mercados financieros, los cuales son más accesibles para los trabajadores formales con mayor cualificación.
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“Se encuentra que la política monetaria es más efectiva para controlar la inflación, con un menor costo asociado en términos del PIB perdido, cuando hay una baja proporción de trabajadores ganando el salario mínimo y una alta proporción de trabajadores calificados”, dice el Emisor y explica que esto se debe a que “en este escenario la tasa de política se transmite no solo a través del mercado de trabajo, el cual tiene costos laborales más flexibles en este contexto, sino que también se transmite a través de los mercados financieros a los que solo acceden los trabajadores formales calificados”.
A pesar de ello, es habitual ver al presidente Gustavo Petro reclamarle a la Junta del Banco de la República por mantener las tasas de interés en un nivel superior al que el presidente pide.
De la misma manera, los costos laborales en estos contextos son más flexibles, lo que permite una respuesta más eficiente de los mercados laborales ante los cambios en la tasa de política monetaria. De esta manera, se logra controlar la inflación con un menor costo en términos de pérdida de PIB.
Productividad y empleo formal
A largo plazo, la investigación confirma que la informalidad laboral reduce la productividad total de los factores, lo cual afecta negativamente el crecimiento económico.
La razón principal es que el trabajo informal tiende a estar mal asignado entre los sectores económicos, lo que reduce la eficiencia en el uso de los recursos productivos. Además, los trabajadores informales suelen tener niveles de productividad más bajos debido a la falta de capacitación, estabilidad laboral y acceso a tecnología.
Por lo tanto, la promoción de políticas que fomenten la formalización, como la reducción de impuestos a la nómina, tendría efectos positivos no solo en el empleo formal, sino también en la eficiencia productiva de la economía en su conjunto.
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“Políticas como la reducción de impuestos a la nómina, implementadas a través de la Ley de Primer Empleo y la Reforma Tributaria de 2012, junto con políticas que flexibilizan la regulación laboral, como el Decreto 2616 de 2013, han demostrado ser efectivas para aumentar la formalización laboral”, dice el informe.
En este sentido, el estudio concluye que “para reducir la informalidad de manera efectiva se requiere una combinación de estrategias interrelacionadas que respondan tanto a las condiciones estructurales como a las particularidades regionales del país”.
Entre estas estrategias se incluyen la mejora de los programas educativos orientados al fortalecimiento de las competencias laborales, el diseño de políticas sociales que fomenten la acumulación de capital humano, y la implementación de reformas tributarias y laborales, que reduzcan los costos de formalización, como políticas de desarrollo empresarial que impulsen la complejidad económica en las regiones menos desarrolladas.
De esta manera, se propone un enfoque integral que reconozca la informalidad como un fenómeno multidimensional, cuya solución no puede limitarse a una sola intervención.
En cambio, se requiere un esfuerzo coordinado entre distintos niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil para diseñar políticas coherentes, sostenibles y adaptadas a las realidades locales.
Sólo a través de este enfoque se podrá lograr una economía más equitativa, eficiente y capaz de generar oportunidades laborales formales para toda la población, lo cual es esencial para alcanzar un crecimiento económico sostenido e inclusivo en Colombia, dice el estudio.
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Los investigadores que realizaron el documento son: Karina Acosta, Luis Eduardo Arango, Danilo Aristizábal, Óscar Ávila, Óscar Becerra, Cristina Fernández, Luz Adriana Flórez, Luis Armando Galvis, Ánderson Grajales, Catalina Granda, Franz Hamann, Juliana Jaramillo, Carlos Medina, Jesús Morales, Alejandra Morales, Leonardo Morales, Juan José Ospina, Christian Posso, José David Pulido, Mario Ramos y Alejandro Sarasti