Bloomberg Línea — Colombia podría enfrentar una reconfiguración constitucional si el Congreso aprueba el proyecto que habilita una Asamblea Constituyente. El texto del Ministerio de Justicia argumenta que la Constitución necesita actualizarse para garantizar derechos sociales efectivos y corregir “bloqueos institucionales” que impiden ejecutar políticas públicas.
Entre los temas prioritarios figuran la reforma del Estatuto del Trabajo, la del sistema de salud, la efectividad del derecho a la vivienda, la autonomía territorial de los pueblos indígenas y la protección frente al cambio climático.
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También plantea rediseñar los entes de control, fortalecer la jurisdicción constitucional y revisar la estructura contencioso-administrativa.
El proyecto sostiene que la Asamblea “reformará la totalidad de la Constitución Política”, aunque bajo límites expresos: no podrá revocar al Congreso, deberá respetar los tratados internacionales, las normas de Ius Cogens (normas y principios fundamentales acogidos por la comunidad internacional como la prohibición de la tortura o el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos) y la prohibición de retroceso en materia de derechos fundamentales y sociales.
Cómo se elegirían los constituyentes
El mecanismo de elección es uno de los aspectos más detallados del proyecto. El proceso comenzaría con una ley de convocatoria aprobada por el Congreso, seguida de una votación popular con dos preguntas: si los ciudadanos aprueban la creación de la Asamblea con la composición propuesta, y si autorizan que reforme la totalidad de la Constitución dentro de los límites definidos.
La Asamblea estaría conformada por 71 delegatarios, 44 de ellos se elegirían por circunscripción nacional, mientras que los restantes corresponderían a cupos especiales para grupos étnicos, campesinos, víctimas, sindicatos, jóvenes, población Rrom, raizales, colombianos en el exterior, madres cabeza de familia y población LGBTIQ+.
Los delegatarios serían elegidos “por votación popular mediante listas” presentadas por las respectivas circunscripciones o pueblos. Además, el proyecto exige paridad de género, estableciendo que “la mitad serán mujeres” tanto en la circunscripción nacional como en los grupos especiales.
El texto otorga al presidente facultades extraordinarias por seis meses para reglamentar aspectos operativos, como los requisitos para ser delegado, la definición de cada grupo y los mecanismos democráticos internos para la presentación de listas. La Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral serían los encargados de organizar la elección.
Una vez declarados los resultados, la Asamblea se instalaría treinta días después y sesionaría por tres meses. Antes de la consulta, la Corte Constitucional realizaría un control previo por vicios de procedimiento, y el Gobierno tendría que desplegar una campaña pedagógica para explicar el proceso a la ciudadanía.
Los posibles efectos del rediseño constitucional
Si la iniciativa prospera, la Asamblea podría reescribir la parte orgánica de la Constitución, es decir, la estructura del poder público. Esto incluiría ajustes en la distribución de competencias entre el Ejecutivo, el Legislativo y los órganos de control.
El Gobierno argumenta que el país sufre un “bloqueo institucional” que impide la materialización de las reformas sociales.
La propuesta contempla transformar la Contraloría en un tribunal de cuentas y redefinir el papel de la Procuraduría, además de reforzar los derechos sociales con un mandato de cumplimiento efectivo en materia de vivienda, salud, trabajo y seguridad alimentaria.
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La inclusión de cupos para comunidades y sectores históricamente excluidos busca un modelo más pluralista, lo que modificaría la representación política y la agenda de prioridades dentro de la Constitución.
Límites y tensiones jurídicas
El propio proyecto reconoce que el poder constituyente “no es absoluto, ilimitado ni soberano”. Por eso, la Asamblea tendría prohibido disolver el Congreso y estaría obligada a respetar los derechos fundamentales, los compromisos internacionales y la no regresividad en materia social.
Estos límites anticipan futuras tensiones políticas y jurídicas si la convocatoria avanza.
Un cambio de época
Como señala el texto oficial, la Constitución es “un cuerpo vivo que se adapta a la sociedad y a sus necesidades”, y la Asamblea Constituyente se plantea como el instrumento para esa adaptación “cuando las reformas parciales resultan insuficientes”.
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De lograrse su aprobación, el país entraría en una nueva fase de deliberación nacional, que podría redefinir tanto los derechos de los ciudadanos como la estructura misma del Estado colombiano.
