Bloomberg Línea — El Gobierno de Gustavo Petro planea aumentar el déficit fiscal de Colombia hasta un 7,1% del PIB en 2025 mediante la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal. Esta medida excepcional, contemplada por la Ley 1473 de 2011, permite al país apartarse temporalmente de los límites de gasto.
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El Ministerio de Hacienda de Colombia considera que esta decisión no solo es legal, sino necesaria para evitar una parálisis del Estado. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025, un documento que deben presentar anualmente todos los gobiernos con la hoja de ruta para los próximos 10 años, hay poco margen de maniobra para enfrentar los gastos que hay que pagar.
La decisión de activar la cláusula de escape ha reabierto el debate sobre el manejo fiscal del actual Gobierno y los límites legales de la regla fiscal. Sin embargo, el Ejecutivo defiende la medida como un paso necesario.
¿Qué es la cláusula de escape?
La cláusula de escape es una herramienta fiscal diseñada para permitir un desvío temporal y justificado de las metas fiscales en situaciones excepcionales. En Colombia, fue formalmente introducida en la Ley 1473 de 2011 y reglamentada en el Decreto 1717 de 2021.
Su objetivo es proteger la estabilidad macroeconómica permitiendo al Gobierno aumentar el gasto cuando enfrenta eventos extraordinarios que amenazan la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Su activación está condicionada al cumplimiento de ciertos criterios técnicos: la existencia de una situación significativa, no transitoria, que no pueda ser gestionada mediante ajustes ordinarios, y la imposibilidad de cumplir con las metas del déficit sin poner en riesgo el funcionamiento institucional del país.
En Colombia, la cláusula de escape de la regla fiscal se usó por primera vez en 2020, a raíz de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.
¿Por qué se activó?
El documento del Marco Fiscal de Mediano Plazo sostiene que la activación de la cláusula es la única vía legal y viable para enfrentar el creciente desbalance entre ingresos y gastos.
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El gasto inflexible, impulsado por compromisos constitucionales, representa más del 86% del presupuesto. Según la justificación oficial, la inversión pública, usualmente ajustable, ya ha sido recortada en años previos, generando un riesgo para el crecimiento económico.
Sin la cláusula, el Gobierno tendría que hacer un ajuste inmediato de más del 2% del PIB en 2025. Para el Ministerio de Hacienda, esto podría llevar a recortes drásticos en programas sociales y a una desaceleración económica severa.
¿Cuáles son las críticas?
El uso de la cláusula ha desatado críticas desde varios sectores. Para algunos, su activación debilita la credibilidad fiscal del país y puede elevar la prima de riesgo, afectando el acceso a financiamiento en los mercados internacionales.
Francisco Campos, economista en jefe para América Latina de Deutsche Bank, le había dicho a Bloomberg Línea que no había condiciones que justificaran la activación de la cláusula de escape.
“De confirmarse, la activación de la cláusula de escape en un contexto carente de ‘condiciones excepcionales’ será probablemente el último clavo en el ataúd de la credibilidad de la regla fiscal“, aseguró.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advirtió que la deuda pública aumentaría en 9,6 puntos del PIB entre 2023 y 2026 y que el recorte del gasto, inevitable, recaerá sobre la siguiente administración.
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Andrés Pardo, de XP Investments, coincidió en que la activación de la cláusula se veía venir ante la negativa del Gobierno a recortar gasto, pero cuestionó el optimismo de los supuestos de recaudo proyectado y advirtió sobre un posible deterioro de la calificación crediticia de Colombia.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana también expresó dudas sobre la viabilidad del Marco Fiscal 2025, subrayando que ninguna reforma en décadas ha logrado recaudar lo que propone el Gobierno, y que se requiere mayor realismo en los supuestos de crecimiento y estrategia tributaria.
En defensa, el presidente Petro argumentó que la activación de la cláusula responde a la caída de ingresos por fallos judiciales contra reformas pasadas, y que ya se han hecho recortes, como el pago del déficit del Fondo de Estabilización de Combustibles
