Bogotá — El área sembrada con hoja de coca y la potencial producción de cocaína en el país podrían desembocar en que Colombia pierda la certificación de lucha contra las drogas que anualmente entrega el Gobierno de Estados Unidos, según expertos consultados.
“Se podrían ver afectadas las ayudas económicas que recibe Colombia, por parte de EE.UU. para la lucha contra el narcotráfico y temas de defensa nacional. La lucha contra actores armados ilegales se vería bastante afectada”, aseguró Carlos Arias, doctor en Psicología Política de la Universidad Católica de Colombia y gerente de la firma Estrategia & Poder.
A lo que podría sumarse, dijo, un bajo flujo de turistas norteamericanos al país, uno de los pilares de la economía de varias regiones y municipios.
En esa línea, señaló que ese tipo de certificaciones tienen impactos en la agenda política regional y que ello podría llegar a poner bloqueos a varias de las relaciones que tiene Colombia con Estados Unidos. Dijo que el sector privado, para mitigar los efectos que traería una pérdida de la certificación, ha adelantado varias acciones.
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“A pesar de que el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, ha manifestado que Colombia ha sido uno de los países más comprometidos en la agenda de erradicación de cultivos y que más se ha puesto en el continente y en el hemisferio como aliado de EE.UU., la agenda tuitera del presidente Gustavo Petro puede generar consecuencias”.
En ese sentido, explicó que la Cancillería ha intentado por diferentes mecanismos mejorar la relación con los Estados Unidos, donde también se ve la acción del diplomático Peña. Sin embargo, manifestó que a pesar de que a Donald Trump no le importa mucho hoy América Latina, la tensión que hay con Petro y con su discurso “sí le conviene para reafirmar y enviar mensajes a todos los países del mundo”.
De acuerdo con los más recientes datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos - SIMCI, el área sembrada con Coca en Colombia aumentó 10% y la producción potencial de cocaína 53% en 2023. A diciembre de ese año, se contaban 253.000 hectáreas sembradas con coca.
Asimismo, 16 de los 19 departamentos con coca mostraron tendencia al incremento: Cauca y Nariño fueron los más afectados. Se mantienen los 15 enclaves productivos, que concentran el 39% del área con coca en tan solo 14% del territorio con presencia de cultivos de coca en 2023. Solamente San Pablo-Taracué redujo su área con coca en 3% frente al 2022.
El reporte hace una alerta sobre las zonas de expansión (territorios en los que la presencia de cultivos de coca solo se registran en los últimos 3 años), 40% de los territorios en esta categoría se ubican en la región Pacífico, siendo Cauca y Chocó los departamentos que presentan mayoritariamente lotes nuevos pero no dispersos sino conformando núcleos con densidades de siembra incluso mayores a 12 ha/km², es decir condiciones similares a las reportadas en los enclaves productivos que son escenarios de alta complejidad para la intervención.
La producción potencial de cocaína alcanza 2.664tm. Esta medición se refiere a cocaína pura y se basa en el supuesto de que todas las hectáreas sembradas son cosechadas para producir cocaína; el dato no descuenta las 746 toneladas de cocaína (pureza desconocida) que fueron incautadas por las autoridades colombianas en 2023.
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El 89,5% de la coca, dice el informe, está en los mismos territorios donde ha estado en los últimos 10 años. Sin embargo, la diferenciación entre zonas de concentración y desconcentración sigue ampliándose.
Adicional a eso, que los centros poblados más cercanos a la coca constituyen el principal punto de encuentro entre la economía asociada a la fase de producción de cocaína y los bienes y servicios asociados a las economías lícitas. Aunque en las zonas con cultivos de coca existen otras economías ilegales, la producción de cocaína es una de las principales.
Ahora bien, en 2023 se evidenciaron 43 centros poblados situados dentro de enclaves productivos, de los cuales uno tiene categoría de cabecera municipal: El Tarra (Norte de Santander). La cantidad de hectáreas sembradas con coca a menos de 12 km de un centro poblado pasó de cerca de 189.000 hectáreas en 2022 a cerca de 209.000 hectáreas en 2023, en 2013 eran cerca de 37.000 hectáreas.
Biden entregó la certificación
La decisión que debe tomar Estados Unidos se hace de forma anual por cuenta de una ley norteamericana que obliga a determinar cuáles son los países que colaboran o no en la lucha contra las drogas. Si bien en septiembre de 2024, bajo la presidencia de Joe Biden, se recibió la certificación, también se hicieron importantes advertencias.
En ese entonces, el mandatario estadounidense expresó que en Suramérica los cultivos y la producción de coca han registrado niveles históricos, y que Colombia continúa trabajando con EE.UU. para reducir esos indicadores y adelantar operaciones contra el contrabando y el desmantelamiento de organización criminales.
Se hizo mención además del Diálogo de Alto Nivel entre Estados Unidos y Colombia, hecho en mayo del año pasado y en el que entre otros consensos se acordó que en la evaluación para otorgar o no la certificación de la lucha contra las drogas se revisen más criterios además de la cantidad cultivada y la producción potencial de cocaína.
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En dicho Diálogo ambos países reafirmaron su compromiso para avanzar con acciones concretas que fortalezcan esta alianza estratégica en áreas como la democracia, la consolidación de la paz y los derechos humanos; la generación de oportunidades económicas y sociales; el medio ambiente y el cambio climático; la transición energética, la minería, la infraestructura, entre otros.
“Colombia y Estados Unidos están comprometidos con la transformación rural de los territorios. Ambos países enfocarán la cooperación en la generación de oportunidades económicas rurales, la inclusión financiera y una estrategia de agricultura climáticamente inteligente y sostenible”, destacó la Cancillería sobre dicho encuentro.
Asimismo que trabajarán en el turismo de naturaleza y la entrega de tierras para generar prosperidad económica en las regiones de Colombia con énfasis en territorios priorizados para la implementación del acuerdo de paz.
