Bloomberg Línea — El Presupuesto General de la Nación para 2026, por COP$557 billones, llega al Congreso respaldado por una reforma tributaria récord y marcado por un gasto rígido que crece por encima de la inflación. La combinación de mayores presiones fiscales y ausencia de señales claras de austeridad convierte su aprobación en una de las pruebas más complejas del Gobierno Petro.
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La discusión en el Legislativo no será sencilla: el déficit primario sube a 2% del PIB y persiste la ausencia de señales claras de austeridad, lo que convierte la aprobación del proyecto en un pulso político y técnico de gran envergadura.
“En la discusión de una nueva Ley de Financiamiento, lo primero debería ser cuestionar la legitimidad del debate mientras no exista un compromiso real de austeridad”, advirtió el equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.
Déficit creciente y tributaria ambiciosa
El presupuesto de 2026 llega acompañado de una Ley de Financiamiento con la que el Gobierno busca recaudar COP$26,3 billones, equivalente al 1,4% del PIB.
Se trata, según Corficolombiana, de “la reforma más ambiciosa de la historia”, radicada apenas dos meses después de publicado el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
En paralelo, el déficit del Gobierno Nacional Central se mantiene en 6,2% del PIB, pero el déficit primario se incrementa de 1,4% a 2,0%, reflejando un mayor gasto primario por COP$18,2 billones.
Ese aumento apenas se compensa con una caída de COP$10 billones en intereses y nuevos ingresos provenientes de excedentes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Aeronáutica Civil y fondos especiales.
El peso de un gasto inflexible
El Ministerio de Hacienda ha insistido en que cerca del 90% del presupuesto es rígido, como ocurre con las transferencias al Sistema General de Participaciones, que deben crecer conforme al promedio del aumento de ingresos de la Nación.
Sin embargo, Corficolombiana advierte que “varios rubros se incrementan por encima de la inflación, cuyo propósito debería limitarse a preservar el poder adquisitivo”.
El gasto de funcionamiento es el principal motor del crecimiento, con un alza de 11,1% (COP$36,5 billones). El gasto de personal subirá 7,9%, superando en 2,9 puntos porcentuales la inflación esperada para 2025 (5,0%).
A su vez, la adquisición de bienes y servicios crecerá 7,7%, también por encima del IPC proyectado.
Ministerios y entidades se disparan
El análisis de Corficolombiana muestra que, de las 162 entidades evaluadas, 123 registran aumentos en su presupuesto de funcionamiento que suman COP$39,9 billones. Solo 36 presentan recortes, por un total de COP$3,4 billones.
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Lo más crítico es que los ministerios que concentran el 80% del gasto aumentan al menos 8%, llegando hasta 18% en el caso del Ministerio de Hacienda. “Precisamente en los ministerios donde más se requiere austeridad, ninguno muestra un crecimiento cercano al de la inflación”, señala el informe.
El contraste más fuerte aparece en entidades medianas con incrementos superiores al 30% en su gasto de funcionamiento, como el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Registraduría Nacional, la Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Servicios Públicos.
Para Corficolombiana, esto evidencia una “notable discrecionalidad en el gasto de funcionamiento de varias entidades que cuentan con amplio margen para aplicar medidas de austeridad”.
Señales moderadas pero desiguales
El presupuesto de inversión tendrá un crecimiento proyectado de 5,7%, cifra considerada más austera, pues solo supera en 1,2 p.p. la inflación estimada.
De las 138 entidades con apropiación de inversión, 57 registrarían aumentos por COP$13,1 billones, concentrados en sectores clave como el Departamento de Prosperidad Social, el Ministerio de Minas y Energía, Invías, el Ministerio de Defensa y la Unidad de Alimentación Escolar.
En contraste, 79 entidades presentarían recortes de COP$8,3 billones, entre ellas el Ministerio de Educación, Fonvivienda, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de la Igualdad y la Agencia Nacional de Tierras. La reasignación de recursos deja en evidencia ganadores y perdedores en el plan de inversión del próximo año.
El riesgo de sobreestimar
El Gobierno proyecta que el servicio de la deuda se reduzca en COP$9 billones (9%) gracias a operaciones de manejo de pasivos adelantadas por la Dirección de Crédito Público.
No obstante, Corficolombiana advierte que “esta proyección podría ser optimista, pues los riesgos de la operación implican que el ahorro previsto no necesariamente se materialice”.
Esto significa que el margen fiscal que se espera liberar para otros rubros podría no concretarse, tensionando aún más la viabilidad del presupuesto y de la Ley de Financiamiento que lo respalda.
¿Hay espacio real para la austeridad?
Pese a los argumentos del Ministerio de Hacienda sobre la inflexibilidad del gasto, Corficolombiana concluye que “existe espacio para ajustar el gasto público”.
El problema, sin embargo, es que ese ajuste exige voluntad política en sectores y entidades donde los incrementos superan ampliamente la inflación y carecen de justificación clara.
La entidad plantea que un plan de austeridad sustentado en una regla estándar, clara y comunicable podría ser una alternativa más efectiva que seguir ampliando la carga tributaria.
“Creemos que es posible implementar dicho plan, reduciendo la necesidad de una nueva reforma tributaria tan ambiciosa y garantizando el financiamiento del PGN para el próximo año”, asegura el informe.
Lo que está en juego en el Congreso
El presupuesto de 2026 pone al Congreso frente a un dilema: aprobar un plan expansivo en gasto de funcionamiento, soportado en una reforma tributaria histórica, o exigir un giro hacia la austeridad como condición para viabilizarlo.
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De no hacerlo, advierte Corficolombiana, “estaremos repitiendo los errores del pasado: sin un ajuste claro, caeremos nuevamente en un círculo vicioso que erosiona la confianza, debilita la certidumbre y empuja las finanzas públicas cada vez más cerca del precipicio”.
La aprobación del presupuesto y de la Ley de Financiamiento será, por tanto, una prueba crucial para medir si el país está dispuesto a enfrentar de manera estructural sus restricciones fiscales o si optará por prolongar un modelo de gasto expansivo que pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
