Bloomberg Línea — La violencia en Colombia descendió a niveles históricos en el país tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, pero nueve años después volvió a ser un tema de preocupación central con dramas humanos y efectos económicos adversos.
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“Actos de terrorismo, delitos económicos como la extorsión y el hurto, secuestros, ataques a infraestructura crítica y las constantes disputas por el control territorial continúan afectando de manera importantes a comunidades, empresas y autoridades locales”, dice Corficolombiana, la principal corporación financiera colombiana, en un análisis sobre los efectos de la inseguridad en el país sobre la economía.
Una encuesta de Invamer realizada del 6 al 16 de junio de 2025 mostró que el 89% de los encuestados considera que la seguridad ha empeorado, y el 36% identifica el orden público como el principal problema del país.
Por su parte, según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la ANDI de abril de 2025, el 32% de las empresas afirmó que la inseguridad ha afectado sus operaciones.
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El atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en Bogotá, los recientes ataques con explosivos en Cauca y Valle del Cauca, junto con los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC que han cobrado más de 100 vidas en el Catatumbo, y el secuestro de 57 militares en el Cauca, han copado los titulares.
Además, a abril de 2025, fueron asesinados 69 líderes sociales y 20 firmantes del Acuerdo de Paz, mientras que a mayo ya se contabilizan 29 masacres.
Corficolombiana destaca en su informe que a pesar del repunte en hechos violentos y la sensación generalizada de inseguridad, la tasa de homicidios se ha mantenido estable en cifras bajas frente a su historia.
“Desde 2012, esta cifra ha mostrado una clara tendencia a la baja, tocando un mínimo histórico de 23,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2020. Desde 2016, la tasa se estabilizó alrededor de 25,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, un nivel comparable al registrado en 2024 y apenas superior al 24,7 observado en los primeros cinco meses de 2025”.
Más que homicidios
El análisis de Corficolombiana indica que actos de terrorismo, delitos económicos como la extorsión y el hurto, secuestros, ataques a infraestructura crítica y las constantes disputas por el control territorial continúan afectando de manera importantes a comunidades, empresas y autoridades locales.
“Sin un entorno seguro, ninguna estrategia empresarial ni política pública podrá sostenerse en el tiempo, generando costos significativos para el país”, advierte.
Entre 2022 y 2024, Colombia registró un alarmante aumento del 52% en los actos de terrorismo. En ese mismo periodo, los ataques contra infraestructura crítica crecieron un 18%, sumando 85 eventos en 2024, de los cuales 43 correspondieron a atentados contra oleoductos y 42 a voladuras de vías.
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“Estas agresiones afectan gravemente la operatividad de sectores estratégicos como la minería, la energía y el transporte”, indicó Corficolombiana.
Estos hechos, dice la firma, han incrementado los costos logísticos, elevando riesgos operativos y limitando la capacidad de atraer inversiones en regiones con alto potencial económico, pero marcadas por la persistente inseguridad.
“De hecho, solo en 2024 la mina de Cerrejón, la más grande del país, enfrentó más de 300 bloqueos, lo que evidencia la fragilidad del entorno operativo en algunas regiones esenciales para la economía nacional”, aseguró el informe.
Pérdida de territorio
El deterioro de la seguridad física en Colombia está estrechamente ligado a la alarmante pérdida de control territorial.
La Defensoría del Pueblo ha identificado más de 230 municipios en alto riesgo debido a la presencia activa de grupos armados ilegales, situación que restringe la acción institucional y pone en grave peligro tanto a operadores públicos como privados.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) calcula que hoy existen más de 120.000 desplazados internos, de los cuales cerca de 80.000 huyeron solo de la región del Catatumbo entre enero y junio de este año.
“A la pérdida de control territorial se suma el sostenido crecimiento de los cultivos de coca, que continúa siendo la principal fuente estructural de financiamiento para los grupos armados ilegales”, dice el informe.
Según el Ministerio de Defensa Nacional, en 2024 la tasa de extorsión alcanzó los 26 casos por cada 100.000 habitantes, lo que representa un aumento del 38% frente a 2022.
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De forma paralela, tras registrar un mínimo histórico de 160 secuestros en 2021, el secuestro volvió a repuntar, llegando a 338 casos en 2023 y cerrando 2024 con 313, un aumento del 49% respecto a los niveles de 2021, y 9% por encima del promedio anual observado entre 2006 y 2024.
Para Corficolombiana “estas cifras evidencian un entorno de creciente vulnerabilidad, afectando especialmente a los sectores productivos en zonas con débil presencia del Estado”.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y centro de estudios Fedesarrollo, el costo del crimen y la violencia en Colombia en 2022 equivalió al 3,6% del PIB, el tercero más alto de América Latina. Este cálculo incluye costos directos, como el gasto público y privado en seguridad y la pérdida de capital humano.
“En escenarios de alta criminalidad, los costos derivados de la inseguridad pueden alcanzar hasta el 7% de las ventas anuales de las empresas, una carga que limita su crecimiento y la competitividad del país”, advierte Corficolombiana.
