Bloomberg Línea — Este martes 23 de septiembre, Ecuador vive su segundo día consecutivo de paro nacional, convocado por organizaciones indígenas y sociales en rechazo al decreto del presidente Daniel Noboa que elimina el subsidio al diésel.
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Las manifestaciones ya dejan un saldo oficial de 47 detenidos, según informó el ministro del Interior, John Reimberg, a medios nacionales.
Noboa aseguró que algunos de los arrestados tienen vínculos con el Tren de Aragua y acusó a los manifestantes de estar infiltrados por mafias del crimen organizado. “Quedaron en evidencia: financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua. No es lucha, no es protesta… son las mismas mafias de siempre, a las cuales les somos incómodos", dijo el mandatario en una publicación en X.
Reimberg aseguró que dos de los aprehendidos tienen presuntos vínculos con la banda criminal y podrían enfrentar cargos por terrorismo. “No permitiremos que unos pocos siembren caos. Seguimos adelante”, dijo el funcionario.
El lunes, en la localidad de Otavalo, se registró uno de los episodios más graves de la jornada, cuando manifestantes incendiaron el cuartel de Policía, dejando destrucción en las instalaciones y vehículos oficiales. Solo en esa zona, fueron arrestadas al menos 20 personas, de acuerdo con el reporte de las autoridades.
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, dijo que los detenidos provienen principalmente de Imbabura, Pichincha y Cotopaxi, y que será la justicia la encargada de determinar los cargos.
Ante esta situación, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) emitió un pronunciamiento denunciando la “represión desatada por el Gobierno” y calificando las detenciones como arbitrarias.
Su presidente, Marlon Vargas, advirtió que se ha vulnerado el debido proceso y que podrían configurarse casos de desaparición forzada.
“Y si hay que ir preso, aquí lo tendrán al presidente de la Conaie, para eso fui electo”, dijo Vargas durante una rueda de prensa. El directivo también denunció que los hechos violentos en Otavalo podrían ser un “autoatentado” con fines políticos.
En un comunicado oficial, la Conaie exigió la liberación inmediata de los detenidos, responsabilizó directamente al presidente Noboa por cualquier agresión contra los manifestantes y pidió la intervención urgente de organismos internacionales de derechos humanos. Además, calificó que el Decreto 126, que contiene la eliminación del subsidio al diésel, “únicamente favorece a las empresas multinacionales importadoras de combustibles y empobrece más al pueblo ecuatoriano”.
La crisis ya impacta varios sectores. El Ministerio de Educación suspendió clases presenciales en al menos 11 localidades, mientras se mantiene el despliegue militar y policial en zonas clave como Latacunga, sede temporal del Ejecutivo.
Durante este segundo día, las protestas se expandieron al sur de Cuenca, donde campesinos bloquearon parcialmente vías. En Guayaquil, organizaciones sindicales y de trabajadores también realizaron manifestaciones, aunque sin mayores incidentes.
