Bloomberg — El personal técnico del FMI y las autoridades del Ecuador alcanzaron un acuerdo a nivel técnico tras la primera revisión del programa del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) que el organismo mantiene con el país sudamericano.
Bajo este programa, Ecuador accedió a un crédito de US$4.000 millones durante un plazo de 48 meses o cuatro años. El primer desembolso fue de US$1.000 millones y se realizó en junio de 2024. El siguiente será de US$500 millones y se realizará una vez que el Directorio Ejecutivo del FMI apruebe el acuerdo alcanzado este lunes. Se espera que los recursos lleguen antes de que se acabe el 2024.
Lea además: Misión del FMI visita Ecuador para revisar avances del programa de US$4.000 millones
“Las autoridades han logrado avances significativos en la implementación de su plan de reformas económicas respaldado por el acuerdo del SAF”, dijo Varapat Chensavasdijai, jefe de la misión del FMI para Ecuador, al término de las conversaciones. Agregó que “todas las metas cuantitativas e indicativas establecidas para fin de agosto de 2024 para la primera revisión del acuerdo del SAF se han cumplido y las reformas estructurales muestran avances sustanciales”.
La revisión por parte del equipo técnico del FMI se realizó en Ecuador entre el 28 de octubre y el 7 de noviembre de 2024.
Vea también: Bank of America organiza subasta de bonos de Ecuador
El FMI reconoce el entorno macroeconómico complejo y las nuevas presiones surgidas de la crisis eléctrica causada por una sequía histórica. Varapat Chensavasdijai agregó que su “objetivo sigue siendo respaldar los esfuerzos de las autoridades para mejorar los niveles de vida de todos los ecuatorianos (...)”, según cita un comunicado difundido este lunes.
En esa línea, el FMI indica que las autoridades ecuatorianas “han realizado importantes esfuerzos para gestionar el costo de la crisis eléctrica dentro del marco fiscal existente”.
También señala que las medidas económicas implementadas están ayudando a salvaguardar la dolarización, reforzar la estabilidad macroeconómica y financiera, afianzar la sostenibilidad fiscal y proteger a los grupos vulnerables.