Bloomberg Línea — Casi 14 millones de ecuatorianos se alistan para votar en las elecciones presidenciales del domingo 9 de febrero, que se celebran en medio de la incertidumbre por la sombra de la violencia que ha azotado al país en los últimos años, los temores que persisten sobre la seguridad energética y una economía en desaceleración que trata de alcanzar un balance entre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la deuda.
El país elegirá entre la continuidad del proyecto político del actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, que tuvo como principal bandera la lucha contra los grupos terroristas y el narcotráfico, y la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, cuya agenda incluye proyectos que fueron impulsados en el mandato de Rafael Correa (2007-2017).
En un espectro de 16 candidatos a la Presidencia, las principales fuerza políticas están representadas por el partido del actual presidente, el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), de corte neoliberal y que eventualmente apostaría por la continuidad de las políticas económicas de Noboa, y el movimiento opositor correísta Revolución Ciudadana (RC), de la candidata Luisa González, que se considera de tendencia progresista.
Según las encuestas, los dos candidatos son favoritos para avanzar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y volverían a medirse en las urnas, como sucedió en las elecciones extraordinarias de 2023, convocadas de forma anticipada luego de que el entonces expresidente Guillermo Lasso decretara el mecanismo constitucional de muerte cruzada en medio de un juicio político en su contra por presunto peculado (apropiación o malversación de dinero público).
Al igual que en las elecciones del 2023 que llevaron al poder a Noboa, la violencia, el miedo y la polarización política se convierten en los ingredientes principales de estas elecciones en el país en medio de una persistente crisis de seguridad ciudadana.
De acuerdo a la Encuesta Nacional, aplicada por la firma Comunicaliza y divulgado el pasado 23 de enero, un 45,8% de los consultados considera que la situación del país es mala y el 26,8% como muy mala.
Precisamente, entre los numerosos problemas en el país, los encuestados señalan como los principales la inseguridad (35,6%), la falta de empleo (21,4%), la situación económica del país (14,5%), la corrupción política del país (10,1%) y el pago de las deudas (5,4%).
El previo de las elecciones ha estado marcado por la continuidad de la violencia en las cárceles, así como el fortalecimiento de crímenes como el secuestro y la extorsión en el país, a medida que las muertes violentas repuntan. De acuerdo al Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch (HRW), uno de cada tres ecuatorianos reporta haber sido víctima de la delincuencia, lo que representa cifra más alta de la región. No obstante, el intento del Gobierno por controlar el crimen también se ha traducido en “graves violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y malos tratos”, según HRW.
Bloomberg Línea hace un análisis de los principales desafíos a los que se enfrenta el próximo presidente de Ecuador:
Seguridad
Ecuador mantiene una lucha frontal contra las bandas criminales en medio de la ola de violencia desatada desde enero de 2024, cuando buscaba quitarles a éstas el control de las cárceles.
La situación se agravó tras la fuga de prisión de Fabricio Colón, uno de los cabecillas de la banda criminal Los Lobos, que fue acusado por la fiscal general del Estado de planear un atentado en su contra. Aunque fue recapturado en abril y condenado tanto por intimidar a fiscal general de Ecuador como por el secuestro del hijo de un narcotraficante, la violencia ya se había trasladado de las cárceles a las calles de Ecuador.
En enero de 2024, Ecuador declaró la existencia de un “conflicto armado interno” en medio de la crisis de seguridad que venía arrastrando el país, con episodios que han marcado la historia reciente ecuatoriana como el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023.
El estado de “conflicto armado interno” que se mantiene en Ecuador permitió a las Fuerzas Armadas apoyar a la Policía en el control de la seguridad en las calles y las cárceles, al mismo tiempo que se decretaron estado de excepción, como el decretado en octubre por la Presidencia ante el “incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados”. No obstante, las cárceles siguen siendo el epicentro de la violencia criminal, con más de 500 presos asesinados entre 2021 y 2023, de acuerdo a cifras compiladas por la agencia Efe. Solo en 2023 se registraron unas 70 muertes violentas en las cárceles del país.
Y a medida que el país trata de luchar contra la inseguridad y la violencia en las calles, otros crímenes como la extorsión y los secuestros se han fortalecido en Ecuador. De acuerdo a cifras de las autoridades citadas por la prensa local, hasta septiembre del año pasado se contabilizaban en el país 2.108 secuestros y más de 10.000 extorsiones. En este marco, la seguridad es considerada una de las grandes tareas pendientes del actual Gobierno.
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En 2024, Ecuador registró 6.964 muertes violentas, lo que representa una tasa de 38,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas en Sudamérica. Si bien la cifra del año pasado se redujo frente a la de 2023, cuando la tasa de homicidios cerró en 46,2, la inseguridad y el crimen organizado siguen golpeando al país andino. Hasta el 30 de enero de 2025 se registraron 750 casos de muertes violentas, lo que lo ubica como uno de los eneros más violentos en los últimos 10 años, según cifras oficiales.
Episodios de violencia reciente incluyen el asesinato del director de la cárcel de la ciudad de Lago Agrio, en la Amazonía ecuatoriana, así como de la directora de la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil), considerada la cárcel más grande de Ecuador, en septiembre. En noviembre, 17 presos también murieron en la Penitenciaría del Litoral durante una riña durante el reparto de la comida en los pabellones.
Según HRW, “las instituciones democráticas, en particular el sistema de justicia, siguen siendo frágiles, están marcadas por señalamientos de corrupción y cuentan con escasa capacidad para combatir la impunidad y el crimen organizado”.
Para combatir la inseguridad en el país, expertos del sector como Fernando Carrión han señalado que se requiere dar más presupuesto y fortalecer las instituciones, especialmente el Ministerio de Interior, avanzar en políticas de seguridad ciudadana, mejorar la respuesta temprana e incorporar más tecnología para luchar contra el crimen.
Desaceleración económica
La economía de Ecuador perdió tracción en el 2024 ante factores como la caída de la inversión privada, presiones fiscales que llevaron al Gobierno a adoptar un aumento de los impuestos (incluyendo un aumento del Impuesto al Valor Agregado de 12% a 15%), la crisis energética que golpeó al sector productivo y la violencia.
El próximo presidente de Ecuador recibirá una economía que se desaceleró un 0,7% en 2024, luego de haber crecido un 2,4% en 2023 y un 6,2% en el 2022, de acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial. En su reporte de enero, el organismo proyectó que la economía ecuatoriana crecerá un 2% en 2025 y luego avanzará un 2,2% en el 2026.
En materia económica, el país andino se enfrenta al desafío de implementar un marco de reformas que contribuya a mejorar las perspectivas de crecimiento de corto, mediano y largo plazo, al mismo tiempo que se adaptan medidas para mejorar el ambiente de negocios en el país, estimular la inversión extranjera y local y promover la generación de empleo, dice el exviceministro de Economía ecuatoriano y profesor-Investigador de ESPOL, José Gabriel Castillo (2021-2022).
Considera que el país debe avanzar hacia la construcción de una agenda de crecimiento bien definida, con un norte claro, tanto en la identificación de políticas industriales y comerciales armonizadas, como en un énfasis de fortalecimiento institucional que otorgue certidumbre al futuro de las inversiones.
“Esto requiere especial énfasis en un contexto en el que la posible apreciación del dólar pondrá presión a la balanza comercial, perjudicando la generación de divisas en una economía dolarizada”, apuntó.
Otras fuentes como el excanciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín (2022-2023) han mencionado que Ecuador necesita encontrar la estabilidad política y democrática para la economía pueda crecer y normalizarse. En este sentido, propuso en conversación con Bloomberg Línea retomar el debate sobre un “replanteamiento constitucional” que impulse la creación inmediata de empleo y atraiga inversiones.
Sostenibilidad de las finanzas públicas y la deuda
Otro importante desafío para el nuevo Gobierno es mantener y consolidar condiciones de sostenibilidad de las finanzas y la deuda pública, que ha aumentado del 32% al 67% del PIB en 2024, según cifras aportadas por el analista del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), Jonathan Fortun.
Ecuador, al igual que otros países de la región, enfrenta importantes desafíos fiscales agravados por los efectos de la pandemia y las diversas estrategias adoptadas en función de las herramientas de amortiguamiento disponibles.
Fortun dice que si bien las reformas implementadas han reducido el déficit del sector público no financiero (de un 4,8% del PIB en 2023 a un 2,9% en 2024), se requiere un ajuste adicional del 1,5% del PIB entre 2025 y 2028 para garantizar la sostenibilidad.
“El ajuste fiscal del 1,5% del PIB entre 2025 y 2028 sigue siendo clave para la sostenibilidad de Ecuador. Para lograrlo, el Gobierno tiene que enfocarse en mejorar la recaudación tributaria, reducir subsidios y optimizar el gasto público sin afectar áreas esenciales”, dijo el analista de IIF.
En materia de ingresos, considera que ampliar la base tributaria, eliminar exoneraciones y combatir la evasión podría aportar hasta 0,8% del PIB en los próximos años. Además, reducir progresivamente los subsidios a los combustibles podría generar ahorros de hasta 0,5% del PIB, aunque el impacto social y político hace que esta medida sea difícil de implementar.
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En todo caso, Ecuador ha dado pasos importantes en su agenda fiscal en línea con compromisos internacionales con el FMI y otros multilaterales, destacando el ajuste del IVA al 15% como una medida clave para reducir la presión sobre las brechas de financiamiento y el apoyo externo.
Según José Gabriel Castillo, exviceministro de Economía ecuatoriano, en un año de dinámica económica normal, esta medida aporta aproximadamente 1,5% del PIB en una reducción del déficit estructural a tratarse de ingresos corrientes. A su vez, “coloca al país en el promedio regional de este impuesto, sobre el que están vigentes además múltiples exenciones que contribuyen a aliviar los potenciales impactos regresivos de un impuesto indirecto”.
Aunque hubo un ajuste inicial de precios en el sector servicios, el impacto inflacionario ha sido controlado. Se espera que esta medida siga siendo efectiva a medida que se resuelvan los desafíos de seguridad, que, según Castillo, es un tema crítico “cuyo derrame afecta la dinámica económica”.
Para el académico, el principal reto de esta agenda es sostener la consolidación fiscal mediante la reducción de subsidios a los combustibles y la optimización del gasto público, facilitando el acceso ordenado a los mercados de capitales, especialmente ante el vencimiento del periodo de gracia de las renegociaciones de deuda materializadas en pandemia.
Política exterior
La política exterior también será un tema sensible en la agenda del próximo presidente, a medida que la región reorienta su foco en medio del pulso comercial entre EE.UU. y China, llevándolos a inclinarse por la influencia de alguna de las dos potencias económicas.
El excanciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín manifestó que de cara a la relación con EE.UU. el asunto de la seguridad también será determinante, en un contexto marcado por el aumento de la violencia y la acción contra las estructuras criminales transnacionales.
Recordó que el presidente Noboa ya declaró “estado de guerra” contra estos grupos, subrayando la importancia de ganar terreno en este frente, especialmente ante la influencia geopolítica de la nueva Administración de Trump en EE.UU.
“En caso de que el presidente Noboa sea reelecto, creo que esa será la mayor virtud de su gobierno, que hay muchas similitudes y sinergias con lo que está planteando la nueva Administración Trump y creo que el país podría verse beneficiado. No así si se diera un gobierno con otra tendencia”, dijo.
La sinergia de Noboa con Trump pasa por su modelo económico que ha encontrado respaldo en Wall Street, puesto que al impulsar una reforma fiscal, logró que sus bonos soberanos salieran por primera vez desde 2022 de la zona “distressed”, aumentó la demanda por una transacción “deuda-por-naturaleza” y ha provisto a los inversionistas un atractivo retorno del 100%, informó Bloomberg.
Justo después de la elección del líder republicano en noviembre, el presidente ecuatoriano celebró su victoria: “Felicitaciones a Donald Trump. El futuro parece prometedor para el continente”, escribió en inglés en su cuenta de la red social X. Noboa, quien es estadounidense de nacimiento, fue invitado a la toma de posesión de Trump en enero junto a pocos líderes latinoamericanos como el mandatario argentino, Javier Milei, y el salvadoreño, Nayib Bukele. Durante la crisis de seguridad en 2024, EE.UU. también expresó respaldo al país. Del lado comercial, EE.UU. es el principal destino de las exportaciones de Ecuador, con una contribución el 25,1% en 2023.
En el caso de las relaciones exteriores, el país también mantiene una tensa relación con México y ambos Gobiernos no sostienen relaciones diplomáticas desde el 5 de abril de 2024, tras la irrupción de la Policía Nacional ecuatoriana a la Embajada de México para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción, aun cuando tenía asilo político.
A comienzos de este mes, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, aseguró que impondrá un arancel del 27% a México, a falta de que ambos países negocien un tratado de libre comercio (TLC) con miras a promover la industria y “que exista un trato justo” a los productores.
Resolver este impasse e integrarse a las discusiones regionales y comerciales tras la irrupción de Donald Trump en el poder, también será clave para el nuevo mandatario.
Crisis energética
Garantizar la seguridad energética y avanzar hacia la diversificación de las fuentes de generación más allá de las hidroeléctricas también será uno de los pendientes del nuevo mandatario del país luego de los apagones con los que tuvieron que lidiar los ecuatorianos durante buena parte del año, generando impactos en el sector productivo.
A pesar de la fortaleza de Ecuador en materia de generación hidroeléctrica, el país permaneció rezagado durante los años siguientes en la diversificación de su matriz energética, algo que se reflejó durante la última época de sequía. Asimismo, quedaron materias pendientes en cuanto al diseño de marcos regulatorios que promovieran la inversión privada en energías renovables y proyectos de generación distribuida.
Luego de haber sufrido un periodo de apagones derivado, entre otras razones, de la falta de inversión pública y privada en el sector, los analistas consideran necesario promover mecanismos alternativos que agilicen ese despliegue.
Durante la Administración de Rafael Correa, el país realizó millonarias inversiones en el sector eléctrico, calculadas para esa década en los US$11.274 millones, que se representaron en 14 hidroeléctricas.
No obstante, en la actualidad la capacidad instalada del parque eléctrico local no cubre la demanda energética, por lo que para reducir este déficit estructural de potencia se requiere incorporar anualmente energía de fuentes diversificadas, además de la hidroeléctrica, de energías renovables no convencionales, que contribuyan a amortiguar el impacto de los ciclos de fenómenos climáticos.
A su vez, la demanda energética crece anualmente y se necesita pensar en alternativas de eficiencia energética que mejoren el balance, apuntó el exviceministro José Gabriel Castillo.
En la actualidad, la matriz energética del país andino depende en un 72% de fuentes hídricas, por lo que en épocas de lluvia Ecuador cuenta con recursos suficientes para garantizar su autonomía, pero durante el estiaje sufre presiones para garantizar el suministro e incluso durante la actual crisis le llevó a importar energía de países como Colombia.
El impacto de los apagones en Ecuador se ha estimado desde el mismo Gobierno entre el 1% y el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) del país o entre US$1.200 millones y US$1.700 millones. Gremios industriales han calculado que, por cada hora de apagón, se pierden casi US$12 millones.
Revisión de los subsidios energéticos
Si bien el país ha avanzado en el diseño de mecanismos que garanticen mayor seguridad a las inversiones, se requiere estudiar alternativas de revisión de tarifas por sectores y subsidios vigentes para consolidar los incentivos necesarios para estimular el ingreso de mayor inversión privada en el sector.
En este marco, uno de los desafíos del país pasan por su alta dependencia de la importación de combustibles, lo que ha costado cerca de US$68.000 millones en los últimos 12 años, manifestó el gerente general de la empresa Green Power y también consultor energético, Jorge Luis Hidalgo.
A esto se suma la exposición a “la electricidad costosa” para evitar apagones en el país, importándola desde Colombia a un costo de 31 centavos de dólar kilovatio hora.
Entre tanto, los subsidios a los combustibles (representaron cerca de US$4.000 millones en 2024) y la electricidad (sumaron US$1.000 millones) superan el presupuesto destinado a sectores clave en el país. Es decir, señala Jorge Luis Hidalgo, “el país gasta más en subsidios energéticos que en otros rubros que son importantes o más importantes como salud, educación, infraestructura, vialidad, seguridad, etcétera”.
El presidente Noboa ha dado pasos para que estos beneficios no vayan a los mayores consumidores y en octubre anunció la eliminación del subsidio eléctrico a las mineras en Ecuador, aunque los analistas señalan que se requieren más medidas. Entre tanto, la candidata Luisa González dice que buscará reactivar la economía sin tocar los subsidios para apoyar a sectores como el de transporte, al mismo tiempo que avanza en nuevos proyectos de energía renovable.
De cara a las elecciones, Hidalgo opina que el país necesita un plan de seguridad energética nacional para reducir la importación de combustibles, fortalecer la producción local de electricidad y diversificar la matriz eléctrica con hidroeléctrica, solar, eólica, biomasa y geotérmica.
También es clave incrementar la capacidad de refinación y aprovechar sus recursos de gas natural, actualmente subutilizados. En el caso del gas natural, Ecuador produce apenas 20 millones de pies cúbicos al día, mientras países vecinos como Colombia producen 1.300 millones y Perú 1.800 millones.
Además, “el país se da de lujo de quemar” en campos petroleros más de 140 millones de pies cúbicos de gas asociado al día, “rico en propano y metano”, mientras que, en paralelo, en 2023 importó alrededor de US$1.000 millones en gas licuado de petróleo (GLP) para consumo doméstico, según Hidalgo.
La dependencia de importaciones afecta la balanza comercial y obliga a recurrir a deuda, lo que hace urgente optimizar el consumo energético y mejorar la eficiencia.
De acuerdo a Jorge Luis Hidalgo, Ecuador tiene un gran potencial en recursos naturales y energías renovables, lo que le permitiría alcanzar mayor independencia energética y estabilidad económica. “La buena noticia es que es un país extremadamente rico en recursos hídricos, tenemos un potencial 20 veces mayor al actual”.
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