Bloomberg Línea — Ecuador vuelve a las urnas el 13 de abril para elegir presidente en medio de una persistente ola de violencia y dudas sobre la efectividad de las medidas gubernamentales tomadas para enfrentarla, mientras el país sigue sin superar el estado de “conflicto armado interno” declarado por el Gobierno de Daniel Noboa en enero de 2024.
La violencia es un asunto neurálgico en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales que pondrá a prueba, entre otros asuntos, la confianza de los ecuatorianos en el denominado Plan Fénix implementado por el candidato y actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para erradicar la violencia.
Noboa ha justificado que la crisis de seguridad no se puede resolver en un año, mientras que la candidata opositora afín al correísmo, Luisa González, ha dicho que el plan ha fracasado y ha criticado que el Gobierno plantee el ingreso temporal de fuerzas extranjeras para combatir la inseguridad.
La declaratoria del conflicto armado interno por parte de Noboa “ha sido más una retórica, una narrativa, más que una política concreta”, dijo Daniel Pontón a Bloomberg Línea, analista en asuntos de seguridad.
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El 2024 cerró como el segundo año más violento de la historia de Ecuador con 6.964 muertes violentas, una caída del 18% frente a 2023, año que conserva el récord hasta ahora. Para ese año, Ecuador registró una tasa de 38,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas en Sudamérica.
En enero de este año, se registraron 781 homicidios, el indicador más alto desde que Noboa está en el poder, y en febrero se contabilizaron 736 muertes violentas.
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Una de las críticas al Gobierno Noboa es que su política de seguridad genera dudas por el manejo presupuestario y cuestionamientos por el uso excesivo de la fuerza, que desencadenaron en casos como la muerte de cuatro menores durante un operativo militar en el sur de Guayaquil.
Aunque la Corte Constitucional ecuatoriana ha cuestionado la figura de conflicto armado interno de Noboa, el Gobierno se ha justificado en ésta para aumentar el gasto y hasta octubre se habían destinado unos US$2.450 millones al llamado Gabinete de Seguridad.
El analista Pontón dice que “lo que hizo el presidente el año pasado respecto al tema carcelario, la declaración del conflicto armado interno y sobre todo la militarización de las cárceles, se debía haber hecho muchos años atrás, siquiera en 2020 o antes”.
Pontón cuestionó también la efectividad de la estrategia al no ir acompañada de un plan de reforma institucional: “Esa medida tenía que ir complementada con una serie de acciones de institucionalización, de refundación del sistema y eso no se logra sólo con los militares”, dijo.
Un abordaje integral de la problemática permitiría atacar las denominadas causas subyacentes del problema de la seguridad, por medio del fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado para combatir el crimen organizado y reducir la impunidad.
En diferente grado, los candidatos han reconocido la necesidad de fortalecer la institucionalidad del país, aunque distan en aspectos concretos en el abordaje del problema. Noboa confía en los resultados de la respuesta militar del Bloque de Seguridad y propone la construcción de dos megacárceles, mientras que González dice que busca “depurar el sistema judicial con liderazgo”, avanzar en la “reinstitucionalización” del país por medio de un proceso “constituyente participativo” y quiere hacer un “pacto ético” en la sociedad.
Bloomberg Línea recopiló algunos de los principales desafíos de seguridad y algunas posibles soluciones propuestas por los especialistas consultados:
| Tema | Errores o problemas actuales | Soluciones propuestas |
|---|---|---|
| Crisis carcelaria en Ecuador | - Falta de un enfoque integral (medidas reactivas y represivas sin abordar causas estructurales). - Subfinanciamiento y recursos inadecuados (sobrepoblación, falta de personal y servicios). - Desconexión con el problema del narcotráfico (bandas controlan las cárceles). - Políticas de mano dura sin reinserción social. - Falta de capacitación del personal penitenciario. | - Incremento de la vigilancia y operativos de seguridad. - Colaboración internacional para recibir asesoramiento en reforma penitenciaria. - Implementación de programas de reinserción social para internos. |
| Fortalecer la capacidad institucional del Estado | - Débil respuesta institucional. - Falta de confianza ciudadana para denunciar. - Impunidad y corrupción. - Falta de prevención en comunidades vulnerables. | - Fortalecimiento de la Policía e investigación criminal. - Agilización del sistema judicial y protección de testigos. - Campañas de concientización y líneas de denuncia anónima. - Desarrollo económico y social para reducir vulnerabilidad. |
| Lucha contra crimen organizado | - Falencias en el sistema judicial - Falta de coordinación interinstitucional. - Corrupción y debilidad en fuerzas de seguridad. - Poca participación ciudadana y desconfianza en autoridades. | - Reforma del sistema judicial (capacitación, protección de testigos, agilización de procesos). - Creación de unidades especializadas en crimen organizado y narcotráfico. - Mejora en inteligencia estratégica y coordinación interinstitucional. - Fomento de la denuncia y vigilancia comunitaria. - Inversión en educación y empleo como prevención del delito. |
| Estrategias de cooperación para mejorar la seguridad en Ecuador | - Falta de cooperación con organismos internacionales. - Insuficiente uso de tecnología para el análisis criminal. - Escasa inversión en programas sociales preventivos. | - Colaboración con organismos como la OEA y ONU en formación de seguridad. - Implementación de programas de prevención social basados en modelos exitosos. - Uso de big data y análisis predictivo para mejorar la inteligencia contra la ola criminal. |
La violencia ligada al narcotráfico
La violencia ligada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales desafíos para Ecuador, cuyo territorio se utiliza como zona de tránsito de droga dirigida a Norteamérica y Europa, según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
La violencia relacionada con las drogas empezó a aumentar en 2018 en las cárceles del país, pero se ha extendido con la influencia de grupos delictivos mexicanos como el cártel Jalisco Nueva Generación y el clan albanés Farruku, según la Junta de Fiscalización.
Este flagelo también se ha visto impulsado por “el nivel sin precedentes del cultivo de coca en Colombia”, dice la Junta.
El índice de homicidios en el Ecuador aumentó en un 94,7% entre 2021 y 2022. Desde 2014, los mayores aumentos en las tasas de homicidio se han observado en las provincias costeras y vecinas por la pugna entre organizaciones delictivas por controlar las rutas de tráfico de cocaína.
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Las cárceles, epicentro de la violencia
Si bien la crisis de seguridad se ha atribuido a factores globales como el narcotráfico, los denominados “pactos mafiosos” y “las malas decisiones de hace dos décadas”, Pontón asoció la crisis a “un problema de capacidad de Estado bastante disminuida”, agravado por la falta de visión de las autoridades, el populismo y la politización del problema.
Y el meollo del asunto de la violencia y crimen en Ecuador está en las cárceles. “Yo creo que eso es una característica muy particular del Ecuador”, dijo Pontón.
Las cárceles siguen siendo el epicentro de la violencia criminal, con más de 500 presos asesinados entre 2021 y 2023, de acuerdo a cifras compiladas por la agencia Efe. Solo en 2023 se registraron unas 70 muertes violentas en las cárceles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que las cárceles están dominadas por grupos del crimen organizado, “quienes ejercen el control intramuros”, coordinando negocios ilegales como el tráfico de drogas.
Otro de los desafíos que se perciben los analistas es que tampoco existe una estrategia clara en materia carcelaria, lo que ha hecho que la estrategia de militarización se agote.
A esto se suma la desfinanciación del sistema. Según cifras de InSight Crime, el presupuesto se redujo de US$117 millones en 2017 a US$91 millones en 2019, de acuerdo con documentos obtenidos por esa fundación dedicada al estudio e investigación de amenazas.
Pobreza y desigualdad, cultivo de la inseguridad
John Garaycoa, especialista en asuntos de seguridad y licenciado en criminología, explica que la pobreza y la desigualdad en Ecuador han generado condiciones propicias para que ciertos sectores de la población sean vulnerables al reclutamiento de grupos delictivos. La escasez de empleo y el acceso limitado a la educación alimentan esta problemática.
A esto se suma la falta de estabilidad en el ámbito político, que ha dificultado la implementación de estrategias de seguridad eficaces. “La polarización social y la desconfianza en las instituciones públicas han debilitado la respuesta estatal ante la inseguridad”, dice Garaycoa.
Para el analista, Ecuador requiere abordar tanto las manifestaciones visibles de los delitos como sus causas subyacentes y considera crucial la cooperación entre el gobierno, las fuerzas de seguridad, la sociedad civil y la comunidad internacional.
Prueba y error, modelo agotado
Entre 2007 y 2017, durante el Gobierno del izquierdista Rafael Correa, la tasa de homicidios en Ecuador pasó de 16 casos por cada 100.000 habitantes a 6, según cifras recogidas por el Banco Mundial.
Desde 2020, en el país empezó a aumentar la tasa de homicidios hasta un récord de 47 por cada 100.000 habitantes. Cuestionado sobre el escenario para un eventual gobierno izquierdista, Pontón dijo que “la naturaleza del conflicto y el problema que se tiene ahora es muy distinto a las décadas pasadas. Es mucho más agresivo, mucho más complejo, se necesita otro tipo de medidas”.
En la actual campaña, la candidata opositora Luisa González ha propuesto tres acciones: instituciones fuertes, coordinación entre las funciones del Estado y tecnología.
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Busca restituir las asambleas comunitarias de seguridad ciudadana como elemento de información, prevención y veeduría cívica de la acción policial, así como reinstalar el Ministerio Coordinador de Seguridad, creado en 2007 durante el primer mandato de Rafael Correa y eliminado en 2018 bajo la administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021).
Noboa propone continuar con su “Plan Fénix” enfocado en la prevención y respuesta del delito; diseñar y aplicar políticas públicas de seguridad, de acuerdo al escenario actual de riesgo y amenaza; así como también ejecutar acciones a través del Bloque de Seguridad para contener y reducir la violencia criminal.
Pero los analistas dicen que los problemas de ejecución de los últimos Gobiernos resultaron en ejercicios de “prueba y error” en materia de seguridad, mientras la criminalidad va ganando terreno.
Dicen que es necesario adelantar una denominada refundación institucional, especialmente en relación con los organismos encargados de los centros penitenciarios, así como fortalecer la estructura del Ministerio de Gobierno y del Interior y crear mecanismos de coordinación más adecuados.
Esa refundación consiste en cambiar el enfoque actual de medidas reactivas, que se basan principalmente en la represión policial y militar, para abordar temas de fondo como la falta de financiamiento del sistema carcelario y la desconexión con el problema del narcotráfico. También formular política de reinserción social y formación y capacitación del personal.
