Bloomberg Línea — La orden de Donald Trump de congelar los recursos de los programas de asistencia exterior durante 90 días ha paralizado el funcionamiento y las actividades de decenas de iniciativas, fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG), que operan en América Latina con aportes provenientes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
Organizaciones que acompañan a la población migrante, reivindican los derechos de la comunidad LGBTIQ+, impulsan el periodismo independiente, promueven oportunidades para la juventud y apuestan por la paz aseguraron a Bloomberg Línea no tener el presupuesto necesario para mantener sus programas, con una agravante: algunos deben despedir a sus colaboradores.
En una orden ejecutiva firmada tan pronto arribó a la Casa Blanca el 20 enero, Trump aseguró que la ayuda exterior no estaba “alineada con los intereses estadounidenses”, por tanto, decretó la suspensión de los desembolsos mientras “evalúa su eficiencia”. Los únicos programas que conservaron el financiamiento son los destinados a Israel y Egipto.
El tema volvió a llamar la atención mediática cuando el multimillonario Elon Musk, responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del país norteamericano, calificó a USAID como una “organización criminal” y dejó entrever que buscaría su cierre para reducir el gasto en la administración de Trump. “Es hora de que muera”, escribió en X el 2 de febrero.
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La portavoz oficial de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también cuestionó el rol de la USAID, la agencia insignia de la ayuda humanitaria de Estados Unidos en el mundo.
“Estas son algunas de las prioridades insensatas en las que esta organización se está gastando la plata (...) US$47.000 para una ópera transgénero en Colombia y US$32.000 para una tira cómica transgénero en Perú. No sé ustedes, pero como contribuyente estadounidense no quiero que mis impuestos se destinen a esta basura y sé que el pueblo estadounidense tampoco”, dijo durante un discurso.
En ese contexto, “con miras a una posible reorganización de USAID”, el presidente Donald Trump designó a Marco Rubio como administrador interino de la agencia, informó el Departamento de Estado de EE.UU., hecho que elevó las alarmas en Latinoamérica.
¿Cuánto aportaba USAID a Latinoamérica?
USAID, fundada por el Gobierno del presidente John F. Kennedy en 1961, cuenta con 10.000 empleados, de los cuales, alrededor de 6.500 trabajan en 60 misiones en todo el mundo. En 2023, la agencia desembolsó US$43,4 billones en asistencia internacional, según un reporte del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS, por sus siglas en inglés).
La ayuda que presta es implementada a través de acuerdos de cooperación, contratos y subvenciones, no solo con ONG, sino con empresas del sector privado, universidades, fundaciones, gobiernos, entre otros. En 2023, la mayor parte de los recursos fueron destinados a programas de Gobernanza (US$16,8 billones), seguido de Apoyo humanitario (US$10,5 billones) y Salud (US$7 billones).
Y, aunque Latinoamérica no fue la región en la que más presupuesto destinó (US$1,8 billones), en contraste con Europa y Euroasia (US$17,1 billones), así como en Africa Subsahariana (US$12,1 billones), lo cierto es que el presupuesto es vital para un sinnúmero de proyectos enfocados en poblaciones vulnerables en la región.
Colombia fue el país latinoamericano que más ayuda de la USAID recibió en 2023, con US$389,4 millones, pero sumando el apoyo del Departamento de Estados y otras entidades del Gobierno estadounidense, el rubro ascendió a los US$740 millones, según los datos oficiales actualizados el 19 de diciembre de 2024.
Le siguen Haití (US$316 millones), Venezuela (US$205 millones), Guatemala (US$178 millones), Honduras (US$144 millones) y El Salvador (US$138 millones).
Países como Perú (US$111,5 millones), México (US$71,35 millones), República Dominicana (US$49 millones) y Ecuador (US$46,5 millones) también reciben dinero de USAID. Realmente, los únicos países de la región que no recibieron la ayuda de la agencia ese año fueron Argentina y Uruguay.
Fundaciones y ONG en la región, en vilo por USAID
El ecuatoriano Daniel Rueda, presidente de la Fundación Alas de Colibrí, comenta que se vio en la obligación de hacer un recorte de 35 colaboradores y suspender su programa ‘Esperanza’, mediante el cual brindaba atención en salud, medios de vida y protección a 25.000 migrantes colombianos y venezolanos anualmente, además de ciudadanos de las comunidades receptoras en Ecuador, por la pausa recursos de la USAID y la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado.
“Quienes van a tener la obligación de atender la situación son los Estados. Y estos Estados generalmente no tienen la capacidad ni la expertise para realizar las intervenciones adquiridas por las organizaciones sociales durante años de trabajo con la comunidad”, comenta Rueda a Bloomberg Línea.
Y agrega: “Creo que puede incrementar la vulneración a los derechos humanos de estas poblaciones, la xenofobia y la inseguridad”.
Raúl Caporal, director de Casa Frida, una organización con sede en Ciudad de México dedicada a brindar alojamiento, atención en salud, acompañamiento integral y servicios psicosociales a personas LGBTIQ+ víctimas de extrema violencia y que huyen del crimen organizado, relata que lidera cinco proyectos apoyados por el Departamento de Estado de EE.UU. y uno por USAID, que hoy están en duda por la suspensión de recursos económicos.
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“Es una pérdida muy importante, representan casi el 60% del presupuesto 2025-2026 de los programas que están operando en Monterrey, Nuevo León y Chiapas. Nosotros no creemos que la ayuda se reactive, al contrario, estamos esperando instrucciones jurídicas porque muy seguramente fondos que ya estaban dentro de nuestra organización tendrán que ser devueltos al Gobierno de los Estados Unidos”, explica a este medio.
La certeza de Caporal no es menor: desde su campaña presidencial, Trump dejó claro que no tiene interés de cooperar en temas de derechos sexuales, reproductivos, LGBTIQ+, entre otros, y tras su regreso a la Casa Blanca estableció como política de Gobierno el binarismo, “lo masculino y lo femenino”. No en vano, una de las órdenes ejecutivas firmadas dice: “Estos sexos no son intercambiables y están fundamentados en una realidad fundamental e incontrovertible”.
Por falta de estos recursos, podrían verse afectados alrededor de 30 colaboradores y 1.500 integrantes de la comunidad LGBTIQ+ que atiende Casa Frida anualmente, algunos de ellos beneficiados de un proyecto contra la trata de personas en la frontera con Guatemala.
La situación se repite en la Red regional por la movilidad humana LGBTIQ+ lac, integrada por organizaciones no gubernamentales latinoamericanas, algunas de las cuales hoy están considerando cerrar sus operaciones por falta de presupuesto, dice un miembro a Bloomberg Línea.
Jordy Meléndez, director de la ONG mexicana Factual - Distintas Latitudes, dedicada a crear redes entre medios y periodistas de toda América Latina y el Caribe, se suma a la lista de afectados por la cancelación temporal del apoyo económico estadounidense.
“Factual recibe fondos de distintos donantes internacionales y organizaciones aliadas. Uno de esos donantes recibía fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que generó un efecto en cascada. La suspensión de ayuda al exterior decretada por la nueva administración federal de Estados Unidos afectó de manera inmediata y sin previo aviso a miles de organizaciones”, indica a Bloomberg Línea.
Ahora mismo, está en riesgo la existencia de proyectos como la Red LATAM de Jóvenes Periodistas, que acompaña y atiende a casi 450 periodistas en 22 países, entre ellos, migrantes, exiliados o que residen en países con alta censura.
Iván Danilo Colindres, especialista de Glasswing International, una ONG que opera en Honduras y El Salvador en colaboración con la Fundación Interamericana y gracias al apoyo del programa Cuerpo de Servicio Centroamericano (CASC) de la USAID, también expresó su preocupación por lo que está sucediendo.
“El cierre de operaciones de varios proyectos financiados por USAID en Honduras, especialmente aquellos enfocados en la juventud, tendrá repercusiones significativas en las oportunidades y el futuro de nuestra sociedad. Estos programas han sido fundamentales en el desarrollo de capacidades, la creación de empleos y el empoderamiento de miles de jóvenes”, reseña en LinkedIn.
El director de otra ONG hondureña cuenta a Bloomberg Línea que ya hay miles de personas afectadas por las medidas de la administración Trump. Y eso es solo el comienzo, pues apenas se está dimensionando el impacto que puede desencadenar en un futuro cercano.
En ello coincide el director de una fundación sudamericana que lleva años recibiendo recursos del Departamento de Estado de EE.UU. y prefiere mantener su nombre bajo reserva, al igual que líderes de otras organizaciones, temiendo que sus palabras puedan generar represalias una vez se completen los 90 días de pausa a la ayuda de USAID.
La inquietud radica en que, más allá de que después de ese periodo Estados Unidos decida continuar desembolsando los recursos, ahora mismo no tienen cómo mantener contratado al personal y sostener los proyectos en curso.
Colombia, en capítulo aparte
Una de las preocupaciones en Colombia debido al congelamiento de los recursos de USAID, o de que en algún momento se acabe la agencia, como planteó Elon Musk, es la suspensión de programas de fortalecimiento de Gobierno para mejorar las políticas de prevención y atención a la violación a los derechos humanos, en especial en zonas que históricamente han padecido el conflicto armado interno.
La subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), Laura Bonilla, dice a Bloomberg Línea que algunos de esos programas se estaban ejecutando en el Catatumbo, subregión colombiana en la que han sido desplazados 50.000 pobladores y asesinados otros 52, cinco de ellos firmantes de paz, en medio de una disputa entre el ELN y las disidencias de las Farc entre enero y febrero por el control territorial.
“En una crisis como la del Catatumbo, donde el programa de la USAID tenía funciones, la ayuda implicaba atención a defensores y a líderes sociales que tenían que salir de la región; hoy realmente no tenemos nada de eso, está parada esa asistencia humanitaria de emergencia”, explica.
Bonilla relata que también se estaba adelantando un programa para mejorar la respuesta a las alertas tempranas para evitar crisis humanitarias como las que vive el Catatumbo.
“El Catatumbo mostró que necesitamos mejorar muchísimo en la respuesta a las alertas. Una crisis humanitaria como la que estamos viviendo, estas situaciones de violencia, pudieron ser prevenidas de mejor forma y pudieron ser respondidas de mejor forma”.
La directora ejecutiva de la Federación Antioqueña de ONG, Mabel Sánchez, sustenta que el impacto va más allá del presupuesto y afecta los procesos construidos durante años con las comunidades.
“Las organizaciones no gubernamentales tienen una ventaja que es la cercanía, que facilitan la entrada del Estado en muchos lugares, son parte integral de la vida de las comunidades”, cuenta a Bloomberg Línea.
Sánchez afirma que el impacto será inminente para los proyectos de paz en el Magdalena Medio, así como los procesos de fortalecimiento organizativo y de investigación y ciencia en las poblaciones rurales. Los programas de capacitación y el impulso a los emprendimientos, además de la conexión entre comunidades, organizaciones y entidades gubernamentales en las que se había avanzado, también perderán terreno.
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La falta de presupuestos y las salidas de las ONG “van a dejar un hueco grandísimo” en esos rincones donde no llega el Estado, agrega.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, confirmó que por cuenta del congelamiento de los recursos desde Estados Unidos terminaron afectados cuatro programas financiados por USAID y dos por Departamento de Estado en ejecución.
“Ojalá esa decisión sea algo provisional, es un periodo de 90 días como de análisis, yo confiaría en que esa decisión pueda revertirse (...). La importancia de esos fondos para investigar ese tipo de crímenes, tanto de las FARC como de la fuerza pública”, lamentó en una rueda de prensa el 3 de febrero en Bogotá.
La noticia es desalentadora partiendo de que la JEP, por ejemplo, fue la encargada de revelar por primera vez el número de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, 6.402, de 2002 a 2008, durante mandato y medio del expresidente Álvaro Uribe.
La situación de la USAID
Por ahora, lo que se sabe es que la mayoría de los empleados de la USAID serán puestos en licencia administrativa a partir del viernes, según un comunicado publicado el martes en el sitio web de la agencia.
Las personas en funciones “de importancia fundamental” y de “liderazgo central” estarán exentas, según el comunicado. Los miembros del personal destinados en el extranjero deben regresar dentro de 30 días, con excepciones que se considerarán “caso por caso”, se indicó.
