Bloomberg Línea — Una compleja red criminal internacional fue desmantelada esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador y el Gabinete de Seguridad Ampliado.
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La estructura, conformada por al menos 549 personas de distintas nacionalidades, habría estafado, hurtado y lavado cerca de US$6 millones convertidos en criptoactivos que luego se enviaron a diversas billeteras digitales a nombre de terceros.
De acuerdo con el fiscal general, Rodolfo Delgado, la operación, denominada “Escudo Virtual”, permitió la captura de 81 salvadoreños, un ciudadano colombiano y dos guatemaltecos, todos vinculados directamente con esta red transnacional que operaba desde El Salvador hacia Colombia, Guatemala, Honduras, Venezuela, Ecuador y México, utilizando supuestos call centers dentro o fuera de penales.
Al menos 24 miembros de la estructura siguen prófugos y ya se han emitido órdenes de captura y difusión roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Según la Fiscalía, de una muestra representativa analizada durante la investigación, al menos 5.374 casos estuvieron relacionados con falsas ofertas laborales, venta de productos inexistentes, esquemas de inversión, préstamos fraudulentos y engaños con supuestas maletas retenidas, lo que evidencia el amplio rango de tácticas utilizadas por la organización para engañar a sus víctimas y captar fondos de manera ilícita.
¿Cómo operaba la red?
Las víctimas eran contactadas principalmente a través de redes sociales y WhatsApp, donde se les inducía a realizar depósitos que luego eran canalizados a través de cuentas bancarias compradas o alquiladas, transferencias por remesadoras como Western Union y plataformas de criptomonedas, especialmente Binance y BingX.
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Según los resultados de la investigación, los fondos robados eran rápidamente convertidos en activos digitales y enviados a billeteras virtuales fuera del país, dificultando su rastreo por parte de las autoridades.
La estructura criminal estaba jerárquicamente organizada y contaba con roles bien definidos. En la parte superior, cabecillas extranjeros tomaban decisiones y promovían la expansión de la operación.
Por debajo, los llamados administradores transnacionales, en su mayoría ciudadanos colombianos, gestionaban cuentas bancarias, creaban páginas web falsas y coordinaban la apertura de billeteras digitales.
A nivel nacional, otros miembros facilitaban sus cuentas a cambio de comisiones, lo que facilitaba el movimiento de los fondos sin levantar sospechas inmediatas.
El Fiscal General informó que, entre enero de 2022 y septiembre de 2025, se presentaron 1.894 requerimientos fiscales contra personas que prestaban sus cuentas bancarias para casos de estafa.
De estos casos, más de 1.300 se encuentran en etapa de instrucción bajo detención provisional, mientras que otros 300 han sido procesados con medidas alternas y 267 cuentan con sentencia condenatoria, según cifras de las autoridades.
En el marco del caso Escudo Virtual, la Fiscalía documentó más de 4.700 casos individuales de estafas y extorsiones vinculadas directamente a esta red, lo que explica el aumento sostenido de delitos informáticos relacionados con hurto y fraude en el país durante los últimos años. Solo en 2024, este tipo de estafas representó un repunte en las estadísticas criminales asociadas a fraudes digitales.
“En El Salvador no habrá refugio para estructuras criminales sin importar su origen, ni la sofisticación de sus métodos”, dijo Delgado.
“A cada intento de vulnerar la tranquilidad y la economía de nuestras familias, responderemos con firmeza y resultados de esta naturaleza”.
