Bloomberg Línea — Venezuela dijo que la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador rechazó la solicitud de la nación sudamericana de intervenir en defensa de los ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), según un comunicado del Ministerio Público.
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El MP venezolano calificó la respuesta del tribunal salvadoreño como “vergonzosa” y “cínica”, y acusó a la Corte de intentar desentenderse de su “responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad personal” de los 252 venezolanos detenidos, a quien Estados Unidos acusó de presuntamente integrar la banda criminal Tren de Aragua.
De los venezolanos, 137 fueron deportados bajo los términos de la Ley de Enemigos Extranjeros, según la Casa Blanca. El Salvador está recibiendo un pago por encarcelarlos durante al menos un año en la cárcel de máxima seguridad que es un símbolo del enfoque de mano dura del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Sin embargo, alrededor del 90% de los venezolanos deportados a El Salvador no tenían antecedentes penales en EE.UU. según una investigación de CBS News referenciada por Bloomberg.
De acuerdo con el Ministerio Público, la comunicación enviada por Venezuela el pasado 30 de marzo no fue respondida sino hasta más de 80 días después, y fue desestimada por razones de forma.
La Corte salvadoreña alegó que la solicitud del Ministerio Público no cumplía con los requisitos legales ni fue presentada a través de los canales diplomáticos adecuados.
También desestimó un recurso de habeas corpus presentado por un bufete de abogados contratado por el Gobierno venezolano para defender a los migrantes encarcelados, señalando la falta de información precisa sobre los hechos denunciados, las autoridades responsables o las causas concretas de la supuesta violación de derechos. El tribunal salvadoreño les dio tres días para proporcionar más información.
Para la Fiscalía venezolana, la CSJ del país centroamericano “no solo se hace la desentendida, sino también cómplice de esta aberración jurídica”.
Negativa a cooperar
El documento también crítica al Poder Judicial de El Salvador por exigir a los defensores que especifiquen si “realmente” los ciudadanos están detenidos, o que prueben hechos ampliamente notorios, como su traslado al Cecot “en medio de un espectáculo mediático”.
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El Ministerio Público denunció además que los detenidos fueron trasladados sin juicio previo, sin acceso a la defensa y en condiciones que podrían constituir desaparición forzada.
La institución agregó que ha entrevistado a 116 familiares de 118 connacionales detenidos en El Salvador y puso esa información a disposición del sistema de justicia salvadoreño.
“El Estado salvadoreño ha optado por eludir su responsabilidad y negar toda cooperación, no solo con Venezuela, sino con los principios más básicos del derecho internacional de los derechos humanos”, dijo el fiscal general Tarek William Saab en el comunicado, y añadió que el MP “no descansará hasta restablecer la dignidad, la libertad y la justicia” de los venezolanos afectados.
Durante su programa televisivo Con Maduro +, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respaldó el lunes la postura del Ministerio Público y señaló que los detenidos son trabajadores migrantes “secuestrados, escondidos y metidos en una cárcel”, sin derecho a la defensa ni debido proceso.
“Bukele se ha transformado en un monstruo de baja monta. Es el encargado en Centroamérica de hacer las satrapías más grandes que se hayan visto en mucho tiempo”, dijo Maduro.
Esta protesta del MP venezolano se suma a la denuncia que la fundación El Amparo anunció que presentará ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Bukele, y miembros de su gabinente, por la deportación de los venezolanos hacia territorio salvadoreño.
Además, este martes, el Comité de Defensa de los Migrantes secuestrados en El Salvador se reunió con la secretaria del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria perteneciente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, para exponer el caso de los migrantes detenidos.
