Bloomberg Línea — El Salvador ha comenzado a registrar documentos oficiales del Gobierno en la blockchain de bitcoin, en lo que las autoridades consideran un paso decisivo para proteger los registros públicos y avanzar en la transformación digital del país.
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La iniciativa es dirigida por la Oficina Nacional del Bitcoin (ONBTC) en colaboración con Simple Proof, una empresa tecnológica estadounidense especializada en verificación criptográfica. El sistema utiliza el protocolo OpenTimestamps, que permite crear evidencias digitales inmutables vinculadas a la red bitcoin sin revelar información personal ni almacenar los archivos originales.
“El bitcoin no solo es el dinero que nadie controla, también es el único reloj que nadie puede manipular”, dijo Carlos Toriello, CEO de Simple Proof, a Diario El Salvador. “Eso permite registrar cualquier evento digital con una marca de tiempo imposible de alterar”.
En el caso de El Salvador, la primera implementación del sistema se aplicó a los certificados emitidos a los graduados del programa CUBO+, un curso sobre bitcoin y tecnología financiera respaldado por el Gobierno de Nayib Bukele. Los egresados pueden confirmar la autenticidad de sus certificados mediante una huella pública.
“Algunos estudiantes han decidido publicar su nombre junto a la prueba, otros prefieren mantener su anonimato. Lo importante es que todos pueden demostrar que su título es genuino y verificable en la cadena de bloques”, dijo Toriello, que radica en Guatemala.
Las autoridades esperan ampliar el modelo a otros ministerios que gestionan archivos legales, administrativos e históricos, para prevenir la alteración o falsificación de documentos emitidos por el Estado y fortalecer la confianza en los datos oficiales.
El servicio también podría servir como mecanismo ante la desinformación. “Cada vez es más fácil crear imágenes o textos falsos. Con esta tecnología, cualquier ciudadano podrá verificar en segundos si un documento es auténtico”, refirió Toriello.
¿Cómo funciona el sistema?
El mecanismo convierte cada documento en una huella criptográfica que se asocia a un bloque específico de la red bitcoin. De esa forma, cualquier persona puede comprobar su existencia y autenticidad sin necesidad de intermediarios.
A diferencia de otros sistemas, Simple Proof no almacena la información completa en la cadena de bloques, lo que evita sobrecargar la red.
“Podemos proteger millones de documentos con una sola transacción, sin congestionar la red ni interferir con su función monetaria”, dijo Toriello.
El protocolo OpenTimestamps ha sido desarrollado por el programador canadiense Peter Todd y utiliza bitcoin como una especie de notario global.
Si el Gobierno de El Salvador continúa adoptando esta tecnología, “podría convertirse en el primero en la historia de la humanidad cuya documentación oficial sea verificable por cualquier persona, en cualquier momento”, aseguró Toriello.
El ejecutivo estará en el evento Bitcoin Histórico, que se celebrará en San Salvador los días 12 y 13 de noviembre de 2025. La conferencia, organizada por la ONBTC, contará con el comediante británico Russell Brand y el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, junto con economistas, desarrolladores y líderes del ecosistema cripto.
Contraste y adopción popular
A pesar de su enfoque mediático y de los esfuerzos del Gobierno por posicionar al país como un centro mundial del bitcoin (XBTUSD), las cifras reflejan un uso limitado de la criptomoneda. Según una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA), un 91,9% de los salvadoreños no utilizó bitcoin en sus transacciones durante 2024.
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En diciembre pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordó un crédito de US$1.400 millones con el país, bajo el compromiso de que el uso de la criptomoneda fuera voluntario. El acuerdo también llevó a descontinuar la Chivo Wallet, billetera electrónica creada por el Gobierno para realizar pagos en dólares o en bitcoin.
Al mismo tiempo, organizaciones como Human Rights Watch advierten que El Salvador enfrenta “importantes desafíos en materia de transparencia”.
El organismo señaló al Gobierno de “haber desmantelado instituciones democráticas” y de concentrar el poder en el Ejecutivo, mientras que más del 70% de las solicitudes de información pública han sido rechazadas o ignoradas.
