Bloomberg — Los abogados de los venezolanos enviados a una prisión en El Salvador afirman que nuevas pruebas “contradicen” las afirmaciones del gobierno estadounidense de que los funcionarios salvadoreños, y no la administración Trump, tienen autoridad legal sobre los hombres.
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Los abogados presentaron el lunes una copia de las declaraciones que El Salvador presentó a una oficina de derechos humanos de Naciones Unidas en abril, afirmando que “la jurisdicción y la responsabilidad legal” sobre los detenidos “recaen exclusivamente” en Estados Unidos en virtud de acuerdos entre ambos países.
El gobierno estadounidense, sin embargo, ha insistido repetidamente en que no tenía ningún control sobre los prisioneros venezolanos una vez entregados a El Salvador. Esa posición fue respaldada por un juez federal de Washington, que dictaminó en junio que los detenidos ya no estaban bajo la “custodia constructiva” de EEUU.
“Los documentos presentados hoy ante el tribunal demuestran que la administración no ha sido honesta con el tribunal ni con el pueblo estadounidense”, dijo en un comunicado Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, uno de los grupos que representan a los venezolanos.
El caso es uno de los desafíos de más alto perfil a la represión de la inmigración por parte de la Administración Trump. Los venezolanos, que según EE.UU. son miembros de pandillas, fueron enviados al tristemente célebre Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, una instalación denunciada por grupos de derechos humanos.
Un portavoz del Departamento de Estado declinó hacer comentarios, al igual que los funcionarios de información pública de la oficina del presidente de El Salvador y del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El juez de distrito estadounidense James Boasberg se basó en una declaración de mayo de un alto funcionario del Departamento de Estado en la que se afirmaba que “la detención y la disposición final de los detenidos en el Cecot y otros centros de detención salvadoreños son asuntos que competen a la autoridad legal de El Salvador”.
Los abogados de los venezolanos argumentan que las nuevas pruebas de la ONU socavan esa declaración. Los documentos de abril formaban parte de una investigación sobre las acusaciones de que El Salvador era responsable de la desaparición de personas enviadas a sus prisiones desde Estados Unidos. El Salvador negó haber actuado mal.
No estaba claro de inmediato cómo afectará al caso la última presentación. Los abogados de los venezolanos sugirieron que podrían pedir permiso al juez para recabar más información del gobierno. El caso está ante un tribunal federal de apelaciones por la impugnación del gobierno de otra parte de la orden de Boasberg de junio que exigía que se diera a los venezolanos en El Salvador la oportunidad de impugnar su expulsión.
El caso es J.G.G. contra Trump, 25-cv-766.
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