Bloomberg Línea — La presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, anunció este martes que llegó a un “acuerdo” con la nueva administración de los Estados Unidos para que el tratado bilateral de extradición “continúe con las salvaguardas necesarias para el Estado de Honduras, garantizando su aplicación objetiva”.
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El anuncio se da apenas 10 días antes de que el tratado finalizara luego de que la mandataria hondureña lo denunciara el 28 de agosto de 2024, alegando la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos.
Entonces, Castro reaccionó luego de que la embajadora estadounidense Laura Dogu dijera que “fue sorprendente” ver al entonces secretario de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales (sobrino político de Castro), y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, “sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela”, refiriéndose a Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela.
La decisión de Castro se daba días después de que el medio InSight Crime obtuviera un video del cuñado de Castro, Carlos Zelaya (hermano del expresidente José Manuel ‘Mel’ Zelaya Rosales), discutiendo sobornos con narcotraficantes. El ahora exsecretario del Congreso Nacional dijo a periodistas que había actuado de manera unilateral.
En una conferencia de prensa este martes, el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, explicó que lo acordado entre los países amplía la vigencia del período de denuncia del tratado, que vencía el 28 de febrero, hasta el 27 de enero de 2026. A partir de esa fecha, el acuerdo recuperará su vigencia, y será el nuevo gobierno y la nueva administración quienes decidan si mantienen o no la denuncia.
El funcionario agregó que lo pacto evita el riesgo de que el instrumento de cooperación “sea utilizado con incidencia durante el año electoral 2025″, en el que se celebrarán elecciones primarias y elecciones generales para elegir nuevas autoridades en la Presidencia de la República, Congreso Nacional y corporaciones municipales para el periodo 2026-2030.
Reina aseguró que la relación del Gobierno de Castro con la administración de Donald Trump “es muy positiva y muy pragmática, hablando de manera franca con la Casa Blanca a través de las dos administraciones, y creemos que estoy es muy positivo para nuestra relación, bajo el mismo esquema de respeto mutuo, respeto a nuestras soberanías y no injerencia en los asuntos internos como Estado”.
Honduras no fue incluido en el itinerario del primero viaje oficial que hizo el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en su gira por Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana, a principios de mes.
Las partes, de acuerdo con el Gobierno hondureño, también conversaron de migración, acuerdos militares y su vigencia, las cláusulas del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés) y las posibilidades de coinversión o joint venture de los Estados Unidos en lo que será del proyecto del ferrocarril interoceánico.
Reina dijo que el actual gobierno reitera “su voluntad inquebrantable de luchar” contra la corrupción, el crimen organizado, “y las consecuencias nefastas estructurales para el país”.
El convenio de extradición entre Estados Unidos y Honduras se firmó el 15 de enero de 1909 y entró en vigor el 10 de julio de 1912. Además, fue complementado por la convención suplementaria de extradición de febrero de 1927, que añadió nuevas disposiciones al tratado bilateral, incluyendo la inclusión de delitos relacionados con las drogas como extraditables.
La ley hondureña no permitía la extradición de sus connacionales hasta que la Constitución de 1982 fue enmendada en 2012 para permitir la extradición de acusados de tráfico de estupefacientes.
El entonces presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, jugó un papel clave en la aprobación en la enmienda del artículo 102. Poco después de su mandato como presidente de la República (2014-2022), Hernández fue arrestado y extraditado a los Estados Unidos, acusado de importación de cocaína y delitos relacionados con armas. En 2024, Hernández fue condenado a 45 años de prisión.
-- Se agregó a las 11:08 ET del 19 de febrero el cuarto párrafo para más contexto --
