Bloomberg Línea — Esta es la segunda de dos entregas de un reportaje sobre la mutación del narcotráfico en la región realizado por Bloomberg Línea. Para leer la primera parte puede hacer clic aquí.
Los gobiernos de América Latina deben apostar por nuevas políticas enfocadas en la reducción de la violencia y la modernización institucional para enfrentar el narcotráfico, así Donald Trump presione, como lo ha hecho con México, para intensificar las acciones militares, coinciden expertos consultados por Bloomberg Línea.
“América Latina está buscando respuesta a la problemática de violencia relacionada al narcotráfico y, lastimosamente, la mano dura no funciona para reducirla”, dijo Elizabeth Dickinson, investigadora senior para los Andes del Internacional Crisis Group (ICG), a Bloomberg Línea.
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Las acciones militares tampoco han contenido la producción de droga y, mucho menos, impedido que las dosis de cocaína lleguen a más consumidores.
“El consumo nocivo de la droga en Estados Unidos se ha acelerado” y en “Europa ha aumentado un 80% desde el 2011″, dicen la Naciones Unidas en su más reciente Reporte Mundial de Drogas.
En Colombia, el país con más cultivos de coca en el mundo, las áreas sembradas incrementaron 10% y la producción potencial de cocaína creció un 53% en 2023, según los resultados del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), publicados en octubre de 2024.
A ello se suma que los tentáculos del narcotráfico permearon a Ecuador, uno de los puntos de partida de la droga hacia Centroamérica —pero también a Europa—, y Costa Rica, punto de tránsito desde donde la droga sale rumbo a México a través de carreteras, con consecuencias como el recrudecimiento de la violencia. Ambos países registraron la segunda tasa más alta de homicidios de su historia el año pasado.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha planteado la necesidad de crear políticas de “regulación de las drogas” basadas en la salud pública en reemplazo de “medidas punitivas”.
“La llamada guerra contra las drogas ha fracasado, total y absolutamente”, dijo Turk en la segunda conferencia sobre drogas, Dealing with Drug, en diciembre 2024.
“La penalización y la prohibición no han conseguido reducir el consumo de drogas ni disuadir la delincuencia relacionada con ellas. Estas políticas sencillamente no funcionan”.
Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Entonces, ¿por qué la región insiste en la misma fórmula para combatir las drogas?
Dickinson asegura que, de un lado, la región no ha estado abierta a un nuevo diagnóstico de la problemática, aun cuando está comprobado que las redes del narcotráfico cambiaron y ahora son más fragmentadas, lo que dificulta desmantelarlas, sin importar que a algunos de sus cabecillas sean capturados.
“Hay otra cosa que juega en contra: los países consumidores les exigen a los países productores cada vez más resultados”, dice. “En este sentido, los gobiernos se preocupan más por las incautaciones, capturas y resultados operacionales más tangibles, aunque deberían enfocarse en cómo reducir la violencia”.
Pero hay algo más. Mientras los países consumidores han estado abriendo las puertas a políticas de “reducción de daños” de las drogas, lo que en la práctica implica aprender a convivir con ellas, “en los países productores, irónicamente, son menos aceptadas”, agrega la experta.
“Con Trump vamos hacia un retraso”: Dickinson
Dos semanas después de la juramentación de Trump como presidente, su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, ordenó el despliegue de 10.000 militares en la frontera con el objetivo de contener el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y evitar imposiciones arancelarias de su vecino.
El International Crisis Group prevé que Trump presione a otros países de la región de manera similar y que sus gobernantes asuman una postura de “mano dura” para combatir el crimen.
Para muestra, un botón: en su Informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (INCSR por sus siglas en inglés), Estados Unidos le dice a Colombia que, “debido al récord de cultivos de coca, el Gobierno necesita lograr avances inmediatos y tangibles en erradicación”.
Y Ecuador, uno de los países regionales más cercanos a la administración Trump, probablemente contará con el apoyo de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y aplacar los grupos criminales, pero a la vieja usanza.
El pasado 1 de abril, por ejemplo, Estados Unidos aprobó la posible venta de fusibles y armamento a Ecuador por US$64 millones, lo que evidencia el matiz que puede adquirir la relación entre ambos países.
“Se trata de un alineamiento sin ninguna capacidad de interpelación y de conducción armónica en función de los grandes intereses de Ecuador”, dice Daniel Pontón, analista ecuatoriano en violencia, criminalidad y seguridad a Bloomberg Línea.
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El experto sustenta, al igual que Dickinson, que la “militarización extrema” genera efectos contraproducentes, a la par que cuestiona la posibilidad de que Ecuador implemente una rezagada política contra el narcotráfico.
“Es un símil de los años 80 o 90 en Colombia”, dice Pontón. “Si hay algo que se repite en el tiempo y el espacio, permaneciendo intacta, es la estrategia antidroga estadounidense”.
El problema es que ahora mismo en la región no hay un líder que proponga “soluciones” diferentes a las planteadas desde Washington.
“No hay una voz que diga ‘ya no más, no vamos a poner más muertos por esta guerra’ y así presionar la colaboración uno con el otro en Latinoamérica”, dice Dickinson. “Con Trump vamos hacia un retraso”.
Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, le resta importancia a las decisiones que Trump asuma en torno a este tema.
“Yo creo que no le importan las drogas y las medidas que está tomando son puro teatro político”, dice el exagente a Bloomberg Línea, haciendo referencia a la declaración de los cárteles mexicanos como grupos terroristas, aunque dicha medida implique acciones de vieja data, entre ellas, congelar las cuentas bancarias de miembros de dichas estructuras en Estados Unidos y evitar que ingresen al país.
“Trump dispuso miles de tropas en la frontera con México, pero la mayor parte de la droga cruza por las garitas fronterizas legales y quien la transporta a los Estados Unidos son principalmente los estadounidenses”.
Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA
A juicio del experto, si el presidente de Estados Unidos quisiera impactar las redes del narcotráfico, abordaría la salida de armas rumbo a México a través de la frontera, posible gracias al pago de sobornos.
“Están entrando, creo yo, aproximadamente a 250.000 armas anualmente a México, muchas de esas a manos de los carteles, y la pregunta es, ¿por qué estás armando a estos criminales que supuestamente quieres combatir?”, concluye.
¿Cómo abordar la problemática?
Pese a que en el debate público se ha planteado que regular las drogas puede ser una solución a la problemática de la violencia, Dickinson no está segura de que, en efecto, así sea.
“Algo muy particular del narcotráfico es que, por lo largo de la cadena, sea de productos sintéticos u orgánicos, requiere algún tipo de control territorial. Puede ser el control de los cultivos, una carretera o de todo un municipio”, dice. “Ya con una estructura criminal montada, puede muy fácilmente girar a otros mercados, como la minería ilegal y el tráfico de personas”.
Así, pues, la experta y el ICG ven necesaria una modernización institucional, en especial de las fuerzas de seguridad, las fiscalías y los sistemas judiciales, para combatir la violencia, aunque la baraja de alternativas es extensa.
“Varios Estados han logrado avances significativos en (...) la depuración de los fiscales, la optimización de sus capacidades de investigación y el fortalecimiento de los métodos jurídicos de los que disponen”, reconoce el informe.
Incluso devela el impacto que ha tenido la reducción de penas como una estrategia de la justicia para que los miembros de estructuras delincuenciales brinden mayores detalles de las operaciones.
“La posibilidad de que los fiscales y jueces ofrezcan sentencias más leves a cambio de que los sospechosos describan detalladamente las actividades delictivas en las que estuvieron involucrados es posiblemente el avance más importante en la eficacia de los sistemas judiciales de América Latina”
ICG
Entre las sugerencias a los gobiernos también sobresalen un modelo diferente de intervención policial enfocado a lo comunitario, la creación de órganos creíbles de contrainteligencia que no estén permeados por la corrupción, la oferta de medios de subsistencia alternativos en las comunidades vulnerables y el diálogo con los criminales en busca de acuerdos para reducir la violencia.
En Buenaventura, en el Pacífico colombiano, que es una de las poblaciones más afectadas con la violencia, el Gobierno del presidente Gustavo Petro instaló un laboratorio de paz urbana con los Shottas y Espartanos, dos estructuras armadas que se disputan las rentas ilegales y el control territorial, para reducir la violencia, por ejemplo.
Al respecto, Linda Posso, coordinadora de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) en el Pacífico, a Bloomberg Línea.
“Con el tiempo se pudo comprobar que, de alguna manera, la tregua entre estas dos bandas producto de los diálogos sí estaba contribuyendo a la reducción de los homicidios y de las fronteras invisibles, aunque no desaparecieron por completo”, dice Posso.
Ahora, la tregua está rota y Posso asegura que la reducción de la violencia no puede quedar solamente en las manos de los Shottas y Espartanos.
“Existe una gobernanza criminal en la que no solamente están involucrados los grupos armados, sino también empresarios, a quienes les interesa que el tema de la extorsión funcione y los niveles de violencia se sostengan", dice. “Las estructuras no están operando solas, operan con la con la venia, muchas veces, de la institucionalidad”.
Pontón opina que en Ecuador no se ha entendido la dinámica de la violencia, más allá de su relación con el narcotráfico, y, por ende, no hay un plan de política pública que esté orientado a resolver ese problema.
“Cuando Colombia tuvo estos problemas, desarrolló sus capacidades frente a ellos, tanto, que se hicieron famosos los ‘violentólogos‘”, dice Pontón. “Muchos hablan de la lógica más abstracta del narcotráfico y el crimen organizado, pero no comprenden que la violencia debe ser entendida desde dinámicas microsociales”.
Haciendo esa precisión, considera que una reforma penitenciaria y a la justicia pueden ser los primeros pasos para manejar la violencia a largo plazo.
“En Ecuador hay un problema de capacidades, que se traduce en deficiencias en el manejo de las instituciones claves en materia de seguridad, llámese justicia y sistema penitenciario”, dice Pontón. A ello añadiría “un buen sistema de investigación criminal, que se adapte a las nuevas amenazas del crimen organizado y sea más resiliente”.
Vigil, en cambio, dice que la “única manera de terminar con el narcotráfico es que Estados Unidos y otros países, pero principalmente los Estados Unidos, reduzcan la demanda por estas drogas ilegales“.
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¿Cómo? “Con educación. Educando sobre el peligro de utilizar drogas y la posibilidad de sobredosis cuando no hay control de calidad”, dice.
