Ciudad de México — La reforma de telecomunicaciones en México no se ha podido despejar de la controversia; la persecución de cuestionamientos de espionaje y censura sobre esa legislación continúan a pesar de que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum los ha rechazado.
Los señalamientos se han avivado en el marco del avance legislativo de la reforma tras su aprobación este fin de semana en el Senado, con 77 votos a favor de Morena y sus aliados, y 30 votos en contra de la oposición.
La nueva Ley será discutida en la Cámara de Diputados, donde Morena goza de una supermayoría que hace inminente la aprobación de la reforma.
Ver más: México extiende discusión sobre polémica Ley de telecomunicaciones, ¿en qué consiste?
Las preocupaciones de algunos organismos especializados y la oposición persisten a pesar de los esfuerzos de creación de consensos por parte de la presidenta Sheinbaum. La Ley fue sujeta en mayo a varios días de conversatorios que fueron auspiciados por el Senado, donde participaron más de 80 voces.
La nube de censura vuelve a posarse ya que durante la discusión en el Senado, se aprobó una reserva, que presentó el legislador de Morena Javier Corral, para establecer la posibilidad de suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas previstas en la ley, previo apercibimiento o advertencia.
La reserva encendió las alarmas de censura, que el Gobierno había buscado apagar hace unos meses, cuando la presidenta Sheinbaum solicitó modificar o eliminar un artículo que fue interpretado por algunos como censura a plataformas digitales.
Ver más: Nueva ley de telecomunicaciones en México genera controversia ante preocupaciones de censura
“Es mentira que se podrán suspender transmisiones arbitrariamente. Se establece que deberá haber un previo apercibimiento a los medios para que se apeguen a todos los derechos de las audiencias”, dijo José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, en su cuenta de X.
Otra de las alertas se posa sobre el artículo 183 de la propuesta de ley que obligaría a los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones a la geolocalización sin orden judicial, así como a colaborar con las autoridades en la entrega de datos, de acuerdo con The CIU, una firma de consultoría en telecomunicaciones.
“En un país donde el espionaje ha sido documentado, habilitar estos mecanismos sin salvaguardas suficientes es un retroceso”, señaló el organismo en un comunicado.
Ver más: Sheinbaum busca poner a competir a CFE con Telmex, Izzi, TotalPlay y Megacable por internet
Voces de la oposición, como la del senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, hicieron eco de esta preocupación.
En defensa al Proyecto de Ley de Telecomunicaciones, José Merino señaló que ese artículo fue establecido en la ley anterior y los partidos de oposición Revolucionario Institucional (PRI) y PAN.
“No se estableció nada nuevo ni se vulnera el procedimiento establecido en las leyes en la materia sobre autorización judicial para geolocalización de dispositivos cuando autoridades lo soliciten a operadores”, dijo Merino en su cuenta de X.
La nueva ley establece a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la cual será un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital, que los críticos como The CIU consideran que enfrenta el riesgo de captura política.
Entre otras novedades, la nueva ley establecerá que los servicios de telecomunicación móvil sólo podrán ser otorgados a personas que presenten su Clave Única de Registro de Población (CURP).
“La reforma contiene mejoras puntuales, pero mantiene un diseño estructural que no garantiza un ecosistema competitivo ni transparente. Con un regulador debilitado, espectro caro y normas ambiguas sobre datos y vigilancia, el balance final es preocupante”, dijo The CIU.
