Ciudad de México — El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos mexicanos, con residencia en Estados Unidos, por participar en un supuesto esquema de sobornos a funcionarios de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
La acusación, presentada ante el tribunal del Distrito del Sur de Texas, señala a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y a Mario Alberto Ávila Lizárraga por presuntamente conspirar para pagar al menos US$150.000 en sobornos a funcionarios de Pemex y de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP), con el fin de ganar y retener negocios, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia.
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“Los acusados —ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos— presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y obtener millones de dólares en contratos lucrativos y otras ventajas”, dijo el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.
Rovirosa, que las autoridades estadounidenses vinculan también a cárteles, fue procesado y Ávila se encuentra prófugo.
Estados Unidos vuelve a señalar de sobornos a funcionarios Pemex, tal como lo hizo hace cinco años ante actos irregulares de representantes de Vitol, especializada en la comercialización, logística, distribución, almacenamiento y transporte de energía.
En este nuevo caso, los actos presuntamente realizados por Rovirosa y Ávila tuvieron lugar entre 2019 y 2021, durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que enarboló un discurso de combate a la corrupción.
Las autoridades estadounidenses apuntan al otorgamiento de artículos de lujo de marcas como Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros artículos de valor. El Departamento de Justicia no dio a conocer los proyectos que fueron objeto de los presuntos actos irregulares.
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Ramón Alexandro Rovirosa, de 46 años, es director general de Roma Energy México, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.
La empresa cuenta con una licencia de exploración y perforación del pozo Paraíso, de acuerdo con el sistema de administración de contratos de la Secretaría de Energía, que fue otorgado en 2015, antes del Gobierno de AMLO.
Por su parte Ávila Lizárraga es exfuncionario de Petróleos Mexicanos, en el pasado ha sido señalado de presuntos nexos con Oceanografía, una empresa de servicios petroleros que enfrentó un escándalo por acusaciones de fraude, de acuerdo con el periódico El Financiero.
El exfuncionario público fue aspirante a la gubernatura del estado de Campeche en 2009 por el Partido Acción Nacional (PAN).
Los acusados, quienes se presumen inocentes hasta demostrar lo contrario, están acusados de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) y tres violaciones sustanciales de la misma ley.
FCPA es una legislación que busca castigar a empresas que realizan sobornos a funcionarios públicos extranjeros para obtener algún provecho. La ley está dirigida a los emisores de valores, las empresas nacionales estadounidenses y otras personas que no sean emisores y empresas de ese país.
De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión.
