Ciudad de México — Los planes estratégicos de México para inversiones en energía están concentrados en combustibles fósiles, a pesar del límite de producción petrolera, impulso a tecnologías limpias y compromisos ambientales establecidos por la presidenta Claudia Sheinbaum.
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El Gobierno mexicano prevé inversiones en proyectos energéticos por US$248.000 millones en la siguiente década, de los cuales, 85% iría a proyectos de hidrocarburos y gasoductos, mientras el 15% restante estaría destinado a proyectos de electricidad con una mezcla entre tecnología fósil y renovable, de acuerdo con una presentación de Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía (Sener), para diplomáticos y representes del sector empresarial de la Unión Europea.
“El objetivo es muy claro: garantizar que México cuente la energía suficiente, limpia y de calidad capaces de acompañar el crecimiento económico y el desarrollo industrial que proyectamos para las siguientes décadas”, dijo la Secretaria ante funcionarios y empresarios europeos, el viernes 17 de octubre pasado.
Con el argumento de evitar más contaminación, el Gobierno de Sheinbaum estableció un límite de producción petrolera a Pemex de 1,8 millones de barriles diarios a pesar de su abultada deuda financiera que oscila los US$100.000 millones, luego de una política energética para rescatarla con su predecesor y compañero de partido, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien propuso extraer hasta 2,5 millones diarios al final de su administración.
La petrolera, dirigida por Víctor Rodríguez Padilla, aglutina 63% de las proyecciones de inversión hacia 2035, mayoritariamente en exploración y producción petrolera, además de refinación, cogeneración eléctrica y logística. La compañía también intenta entrar al negocio de la producción de litio y generación de energía geotérmica, pero el presupuesto es marginal por debajo de US$3 millones.
“Seguiremos siendo, en los próximos años, un país petrolero, nuestra empresa pública del Estado seguirá siendo petrolera, pero queremos que avance también a ser una empresa energética”, agregó González.
Inversión pública enfrenta riesgo de rentabilidad
Para Marco Cota, director ejecutivo de la consultora Talanza Energy, su principal preocupación es la mayor parte del monto como inversión pública porque el riesgo es que si los proyectos fracasan económicamente van a generar más endeudamiento para Pemex, que ya no tiene el mandato constitucional de ser productiva sino una compañía social, además de que carga con la expectativa gubernamental de cubrir sus obligaciones financieras, por sí sola, a partir de 2027.
Un ejemplo es el activo terrestre no convencional Chicontepec. Tras miles de millones de pesos invertidos en perforaciones masivas en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), Pemex obtuvo un máximo de 70.000 barriles diarios frente a la expectativa de 800.000, donde las ganadoras fueron las compañías de servicios, recordó el analista.
Otro caso más reciente es la refinería Dos Bocas, obra insignia del expresidente López Obrador, que rebasó el doble del presupuesto original, mientras Pemex espera obtener ganancias dentro de dos décadas a partir de su inauguración en 2022.
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El consultor dijo, en entrevista, que no hay inversiones previstas para que Pemex reduzca la quema de gas y emisiones de metano a la atmósfera, por lo que cualquier financiamiento que consiga la petrolera mexicana será más caro ante la falta de resultados ambientales que pide el sector financiero a la industria petrolera.
Pemex incluso analiza todas las opciones para incrementar la producción de gas, un insumo esencial para la generación de electricidad, hacia los 5.000 millones de pies cúbicos diarios, incluidos activos no convencionales que requieren fracking, pero nombrados como de “alta complejidad”.
Agenda verde
La historia de Pemex como principal productor petrolero del país ha estado acompañada de decenas de explosiones, accidentes fatales y fugas contaminantes. El más reciente, un derrame petrolero sobre el río Pantepec, en el estado de Veracruz, tras un oleoducto dañado por las fuertes lluvias de octubre.
“La parte de agenda verde (del Gobierno) se reduce a hacer proyectos de energía renovable, pero no a limpiar el sector de hidrocarburos”, agregó en entrevista el exdirector general para la exploración y extracción de hidrocarburos de la Secretaría de Energía.
Bloomberg Línea consultó a la Secretaría de Energía sobre el plan de inversiones, pero no obtuvo respuesta.
El pasado viernes 17 de octubre por la tarde, la dependencia encargada de la política energética del país convocó a empresas privadas para desarrollar 34 centrales eléctricas de tecnología solar fotovoltaica y eólica con inversiones por US$7.100 millones.
Sheinbaum, una física con doctorado en ingeniería energética por la UNAM y exsecretaria de medio ambiente del entonces Distrito Federal, prometió en su primer día como presidenta de México un programa “ambicioso” de transición energética hacia fuentes renovables de energía que contribuyan a disminuir los gases de efecto invernadero detrás del calentamiento global y otros efectos ambientales.
“Vamos a promover la eficiencia energética y la transición hacia las fuentes renovables de energía para absorber, a través de estas fuentes, el crecimiento de la demanda de energía”, comentó la mandataria ante el Congreso mexicano el 1 de octubre de 2024.
El compromiso número 71 de Sheinbaum para su sexenio es el impulso a las energías renovables con el objetivo de que tengan una participación de 45% en la generación eléctrica de México hacia 2030. Pero el objetivo ha sido reducido por el propio Gobierno a 38%.
Como parte de la estrategia de transición y diversificación energética, el Gobierno mexicano planea incursionar en la energía termosolar, la tecnología renovable más costosa que arrastra múltiples fracasos internacionales.
Otro compromiso de Sheinbaum incluye la promoción de la electromovilidad, es decir, el uso de transporte eléctrico para sustituir a los vehículos convencionales, pero Alicia Bárcena, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo a Bloomberg Línea que México no está listo para un parque vehicular completamente de autos eléctricos por la falta de infraestructura de carga, conocida coloquialmente como electrolineras.
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Incertidumbre jurídica para inversiones
La promoción del nuevo modelo energético por parte de las autoridades en busca de dinero privado, principalmente a través de esquemas de “inversiones mixtas”, aún genera dudas a instituciones y analistas, como la calificadora Moody’s, por las profundas reformas a la Constitución mexicana en materia energética, judicial y a la Ley de Amparo, una herramienta legal de la ciudadanía contra posibles abusos del Gobierno.
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Cota, el director de la consultora Talanza, comentó que hay preocupación en Estados Unidos, en el marco de los paneles del T-MEC, sobre el impacto del nuevo poder judicial y la incertidumbre que existe respecto a su objetividad y profesionalismo para atender el tema de inversiones privadas, luego de una cuestionada elección popular con baja participación ciudadana de jueces, magistrados y ministros cercanos al partido gobernante Morena.
Incluso en materia renovable, el Gobierno enfrenta un arbitraje con la empresa china Ganfeng tras la cancelación de concesiones mineras para un proyecto de litio, un mineral estratégico para las baterías eléctricas de autos y centrales de energía.
Durante la apertura del sector energético al capital privado con el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Secretaria de Energía proyectó compromisos de inversión petrolera por US$152.000 millones con una meta nacional de producción de hasta tres millones de barriles diarios desde 1,8 millones, pero ambas quedaron significativamente por debajo de los pronósticos con US$19.000 millones y 100.000 barriles diarios de inversión y producción privada, respectivamente.
López Obrador aprovechó el fracaso para criticar la apertura, justificar su política nacionalista en energía mientras trató de privilegiar a Pemex y CFE por encima de las empresas privadas, pero el poder judicial lo impidió, provocando las reformas. Sheinbaum ha suavizado esa política para atraer a la inversión privada, pero en condiciones menos favorables comparadas con el modelo de Peña Nieto.
“Es difícil anticipar los montos de inversión. Lo más probable es que sean otros. Va a depender mucho de qué tan optimista o pesimista es la proyección del Gobierno”, concluyó Cota.
