Bloomberg — El gobierno mexicano prometió empleos para aliviar la situación de sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos, pero datos recientes muestran que apenas el 4% de las decenas de miles de mexicanos expulsados desde finales de enero han conseguido trabajo.
Las autoridades mexicanas esperaban inicialmente que los aviones con deportados aterrizaran en Ciudad de México, donde habían organizado servicios de recepción. Sin embargo, sus planes se vieron trastocados cuando los vuelos de deportación estadounidenses comenzaron a aterrizar en aeropuertos del sur del país.
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Este cambio pone de relieve la campaña de represión migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, en un momento en que las autoridades estadounidenses devuelven cada vez más a los migrantes mexicanos a aeropuertos cercanos a la frontera con Guatemala, aparentemente para disuadirlos de intentar de nuevo el viaje hacia el norte.
Además, deja a muchas personas lejos de las oportunidades de empleo y los servicios de reintegración, concentrados en la capital y en el norte de México, lo que debilita la estrategia diseñada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en colaboración con empresas privadas, para brindarles una bienvenida digna a su país.
Para agravar la situación de los migrantes, la mayoría de los deportados en avión fueron trasladados a Tapachula, Chiapas o Villahermosa, Tabasco sin información previa por parte de las autoridades estadounidenses.
“Varios de ellos nos mencionaron que en ningún momento se les explicó que iban a ser deportados al sur de México”, dijo Karen Pérez, directora del Servicio Jesuita a Refugiados.
Añadió que el Instituto Nacional de Migración (INM) traslada a los deportados desde el aeropuerto de Tapachula a una terminal de autobuses cercana.
Aunque el Gobierno ofrece una ayuda económica única, muchos no pueden costear un boleto para regresar a casa, lo que los deja varados en regiones con escasas oportunidades laborales. Chiapas y Tabasco se encuentran entre los estados más pobres del país.
El INM declinó comentar sobre esta situación o brindar información sobre sus planes de asistencia a los deportados enviados al sur.
Según datos de vuelo públicos, desde el 17 de febrero no ha aterrizado ni un solo avión de deportación en Ciudad de México. Por el contrario, 46 vuelos han llegado a Tapachula y 47 a Villahermosa. Aunque el Gobierno mexicano conoce los itinerarios de deportación, no está claro cuánta anticipación da Washington.
La mayoría de los vuelos son operados por la aerolínea chárter GlobalX, con sede en Miami, según Tom Cartwright, exejecutivo de JP Morgan y defensor de derechos humanos. Su análisis muestra que el porcentaje de deportaciones por vía aérea aumentó de alrededor del 12% en enero a más de un tercio a finales de mayo.
Aunque la administración Trump no ha incrementado el volumen total de deportaciones respecto al gobierno anterior, ha intensificado las redadas contra migrantes irregulares y eliminado protecciones temporales. En días recientes, también endureció las medidas, dirigiéndose contra manifestantes y desplegando a la Guardia Nacional y cientos de marines en Los Ángeles.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, declaró que aproximadamente 1.500 mexicanos deportados han conseguido empleo desde que Trump regresó a la Casa Blanca. Pero esa cifra representa solo el 4% de los casi 40.000 deportados en los últimos cuatro meses.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la cantidad de deportados ni sobre el incremento de vuelos al sur de México.
Un día después de la investidura de Trump, el Gobierno de Sheinbaum lanzó el programa “México te abraza”, con ayudas para inscribirse en la seguridad social y un vale de MXN$2.000 (US$100) canjeable por efectivo. Rodríguez aseguró que el programa ofrecería a los repatriados una bienvenida digna y oportunidades reales.
El programa cuenta con apoyo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y más de 380 empresas, entre ellas Coca-Cola Femsa (KOF), Femsa Comercio y Walmart (WMT). Rodríguez afirmó que estas empresas ofrecieron 60.000 empleos permanentes a repatriados.
El CCE compró mobiliario y contrató personal para organizar ferias de empleo en el aeropuerto AIFA de Ciudad de México. Sin embargo, las sillas y mesas compradas en marzo no han sido utilizadas, “porque no han llegado vuelos regulares”, según Donaciano Domínguez, coordinador del Proyecto de Integración Laboral del CCE.
En su lugar, el personal promueve vacantes en línea y realiza llamadas de seguimiento. El hangar destinado a las ferias ahora funciona como almacén de carga y reparación de aeronaves, dijo Domínguez.
Desajuste geográfico
La oficina de Sheinbaum y la Secretaría de Gobernación no respondieron si el Gobierno fue consultado sobre los lugares de aterrizaje de los vuelos, ni brindaron cifras actualizadas sobre deportaciones.
Desde comienzos de año, muchos mexicanos han sido expulsados por cruces terrestres, pero hasta ahora el CCE no ha organizado ferias de empleo en esos puntos. Además, argumenta que los aeropuertos del sur no tienen espacio suficiente para eventos de colocación laboral.
Dana Graber Ladek, jefa de misión de la agencia de migración de la ONU en México, explicó que la mayoría de los recursos gubernamentales para repatriación se destinan a la frontera norte. La ONU organizó casi 30 ferias laborales en el norte y centro de México el año pasado.
“Estos mexicanos repatriados necesitarán estar donde haya empleo y lazos familiares. Si no están en el sur, deberán desplazarse”, afirmó.
El 40% de las más de 70.000 ofertas laborales registradas a mediados de mayo estaban ubicadas en Nuevo León, Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco, según el CCE. Chiapas y Tabasco ofrecían menos de 1.000 cada uno.
Más allá del desajuste geográfico, muchas vacantes no son apropiadas, según Ariel Ruiz, analista del Migration Policy Institute en Washington D.C.
“Estos empleos rara vez permiten a los repatriados usar las habilidades adquiridas en el extranjero”, afirmó. No obstante, valoró el esfuerzo de Sheinbaum por ser más proactiva que gobiernos anteriores.
Ruiz destacó el apoyo gubernamental en documentación, albergues y transporte a lugares de origen.
Eddie, un mexicano deportado en febrero, contó que tuvo que demostrar que residía en el norte de México para evitar ser enviado al sur. Un compañero de Michoacán fue enviado a Tabasco por no poder comprobarlo.
Para Eddie, que pidió mantener el anonimato, el objetivo de Estados Unidos es claro: Trump “quiere poner todas las trabas posibles” para evitar el regreso a la frontera.
Muchos repatriados enfrentarán dificultades tras bajar del avión, algunos más que otros.
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Los migrantes de comunidades indígenas que solo hablan lenguas nativas tienen obstáculos adicionales. Fabiola Mancilla, directora del grupo PUCOMIT, señaló que es poco probable que los repatriados que apoya su organización busquen trabajo en fábricas. La mayoría regresa a sus comunidades antes de decidir sus próximos pasos.
“Hay dos formas: la primera es la migración interna a los campos agrícolas, sobre todo en el norte del país. Y está la migración en el norte, que es irse a Estados Unidos”, dijo Mancilla. “La gente no va a dejar de migrar jamás”.
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