Bloomberg Línea — En medio del déficit económico de la Caja de Seguro Social (CSS) y el debate en torno al proyecto de Ley 163 para reformar esta institución pública, la bancada oficialista de partido Realizando Metas y la bancada mixta de la Asamblea Nacional realizaron una propuesta para obtener recursos que no cayó nada bien en la banca panameña.
La iniciativa sugería financiar al CCS, y en especial, al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), aplicando impuestos a los préstamos y los depósitos interbancarios, así como a las transacciones overnight. Además, proponía que un porcentaje de los costos de renovación de las tarjetas de crédito y de los cargos por membresía anual fueran destinados a esta institución.
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En pro del financiamiento de la CCS y en busca de aliviar el bolsillo de los empresarios, las bancadas además plantearon un incremento progresivo del 3% en la cuota patronal.
En ese contexto, la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) se pronunció y, entre otras cosas, recomendó tener sustentó técnico para formular este tipo de proyectos.
“Además de sorprendente, pues no se tenía conocimiento previo de la misma, la propuesta parece haber sido formulada sin estudiar previamente sus costos, su practicidad, ni sus consecuencias. Respetuosamente sugerimos que, antes de seguir adelante con la discusión legislativa de esta propuesta, se haga un estudio técnico, profundo y pausado al respecto”, dijo a través de un comunicado.
A juicio de la asociación, entre las afecciones que traería consigo la ejecución de la iniciativa, sobresalen el incremento en los costos de operaciones de crédito, lo que se traduciría en menor oferta de financiamiento a personas y empresas, que deberán pagar mayores sumas de dinero por intereses más altos.
“Adicionalmente, la idea de gravar operaciones que surten efecto fuera del territorio nacional, pone en entredicho la certeza del principio de tributación territorial, lo que llevaría a cuestionar la futura viabilidad del sistema de servicios internacionales de Panamá, pilar fundamental del modelo económico panameño y del bienestar de la población de nuestro país”, agregó la ABP.
La medida, por ejemplo, amenazaría Centro Bancario Internacional, los servicios legales internacionales, las actividades navieras, zonas libres, las Sedes de Empresas Multinacionales, el hub marítimo y aéreo, los servicios logísticos y otros sectores productivos.
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“Esta iniciativa podría hacer cuestionar a los depositantes e inversionistas que han visto en Panamá un lugar seguro para sus recursos, buscar alternativas o mudarse, privando a nuestro país de uno de sus más valiosos recursos, que son los depósitos y las inversiones extranjeras”, concluyó.
¿Qué dijeron el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros?
El Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorro también se mostraron alarmados por la propuesta, asegurando que si los préstamos y los depósitos son gravados, “los bancos optarían por obtener dichos servicios en el exterior, lo que desplazaría de Panamá una actividad clave que mueve la economía”.
Además, aseguró que el éxito de la banca panameña internacionalmente obedece al flujo libre de capitales, razón por la que solicitó desistir de la iniciativa. “Avanzar con esta propuesta de la bancada de Realizando Metas y mixta tendría un impacto negativo y realmente significativo en la economía del país”, agregó.
