Bloomberg Línea — Chiquita Panamá —filial de la estadounidense Chiquita Brands— e Ilara Holding despidieron a sus últimos 1.189 trabajadores en el país, aun cuando el Gobierno nacional buscaba que recontrataran a los 5.000 empleados de los que prescindió el pasado mayo, en medio las manifestaciones en Bocas del Toro.
Las empresas informaron a través de un comunicado que el despido fue por “causa económica” y estuvo autorizado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). Es decir, nada tuvo que ver con el abandono de labores, razón por la cual les canceló el contrato a los primeros 5.000 empleados.
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“Se procederá a dar por terminada la relación laboral a partir del día 18 de julio de 2025, de los 1.189 trabajadores diarios que mantenían relación laboral vigente con las compañías y no configuraron la causal de abandono de trabajo”, dice el documento difundido en la opinión pública.
En ese contexto, los recién despedidos deberán presentarse a las oficinas de Chiquita entre el 28 de julio y hasta el 31 de julio para retirar el pago de sus prestaciones laborales y los documentos de terminación.
Lo llamativo del despido es que el 17 de julio, el ministro de Comercio e Industria de Panamá, Julio Moltó, aseguró estar adelantando conversaciones con Chiquita para que retome sus operaciones en la región bananera de Bocas del Toro y reintegre a quienes ya había despedido.
“Nuestra misión es tratar de que la empresa vuelva a Panamá”, dijo Moltó. “Nos hemos estado reuniendo y la próxima semana tendremos otro encuentro para seguir trabajando en ese objetivo”.
¿Qué pasó con Chiquita en Panamá?
Los trabajadores de Chiquita en Bocas del Toro, una provincia al noroeste del país, se unieron el 28 de abril a una huelga nacional contra las reformas de la Caja del Seguro Social aprobada por el Congreso, en la que también participaron sindicatos de constructores, médicos, docentes, entre otros.
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En el caso de los trabajadores de Chiquita, el juzgado de trabajo de la quinta sección de Changuinola decretó a la huelga como ilegal, hecho que posibilitó a la empresa despedirlos por “abandono de trabajo” y, a su vez, exacerbó las protestas en la región que limita con Costra Rica.
“Chiquita Panamá e Ilara Holding de manera respetuosa solicitaron en reiteradas ocasiones el llamado a los colaboradores para que regresaran a sus puestos de trabajo para minimizar el impacto en las plantaciones”, sostuvo la empresa en el comunicado.
Pese a los llamados, los bananeros continuaron en huelga y el abandono de sus labores desencadenó pérdidas por US$75 millones y daños irreversibles en la producción, según la multinacional.
En ese panorama, el Gobierno busca que Chiquita restablezca sus operaciones en el país y salve el 20% de las fincas bananeras impactadas tras el abandono.
