Bloomberg — First Quantum Minerals Ltd. y sus trabajadores y proveedores en Panamá están intensificando sus esfuerzos para obtener apoyo para la reapertura de una mina de cobre de US$10.000 millones más de un año después de su cierre.
La empresa ha pasado de una estrategia de bajo perfil para relacionarse con los panameños, tras las protestas que provocaron el cierre, a una mucho más visible de visitas masivas a la mina y eventos públicos, dijo a los periodistas Maru Gálvez, gerente de relaciones públicas de la mina Cobre Panamá, en una cena en la capital el lunes.
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Los esfuerzos están dando frutos, ya que el 96% de los encuestados en una reciente encuesta comunitaria dijo que el gobierno debería renegociar el contrato de la mina. “La aguja se ha movido”, dijo.
Es cierto que, si bien First Quantum se reunió con funcionarios locales y llevó ministros a la mina, los ejecutivos de la empresa aún no se han reunido con el presidente José Raúl Mulino, cuyo principal objetivo sigue siendo la reforma de la seguridad social. Antes de su cierre en diciembre de 2023, la mina generaba el 5% del producto interno bruto del país y el 1,5% del cobre del mundo.
“Para obtener una licencia operativa necesitamos tener una licencia social”, dijo Gálvez el lunes.
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Las acciones de la empresa con sede en Vancouver se cotizan a aproximadamente la mitad de los niveles observados durante su pico de 2023, mientras los inversores esperan noticias sobre una mina que representó alrededor del 40% de las ventas. First Quantum ha recortado miles de puestos de trabajo desde el cierre y ha advertido de más despidos si no vuelve a abrir.
Panamá también está sufriendo: el crecimiento se está desacelerando y las finanzas se están deteriorando. Otra rebaja de la calificación crediticia podría costarle al país su estatus de grado de inversión, lo que obligaría a algunos fondos a vender la deuda del país.
Los problemas de First Quantum en Panamá se remontan a sus esfuerzos por extender su contrato operativo para la enorme mina. La empresa había negociado una extensión de 40 años bajo el gobierno anterior, que incluía un pago mínimo anual de US$375 millones. El gobierno del entonces presidente Laurentino Cortizo ratificó el acuerdo en octubre de 2023, lo que desencadenó protestas que paralizaron la economía.
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La Corte Suprema consideró que el acuerdo era inconstitucional y, antes de las inminentes elecciones, Cortizo dio un giro de 180 grados en su posición e inició planes para cerrar la mina.
Desde entonces, First Quantum ha estado adoptando una estrategia multifacética para reactivar su operación. La empresa solicitó un arbitraje a través de la Cámara de Comercio Internacional en Miami y ha presentado una demanda en virtud de un acuerdo de libre comercio entre Panamá y Canadá.
Mientras tanto, ha estado tratando de ganarse el apoyo de los panameños mediante una campaña de relaciones públicas que incluyó visitas públicas de un día a la mina y, esta semana, la ampliación de la difusión a los medios de comunicación internacionales.
Otras encuestas también indican que el sentimiento público sobre la mina puede estar cambiando. Una encuesta realizada a 1.600 panameños por la firma local Doxa en diciembre encontró que el 44% de los encuestados estaba a favor del cierre permanente de la mina. Eso se compara con enero de 2024, cuando una encuesta separada realizada por Mercadeo Planificado SA encontró que el 81% de los encuestados estaba a favor del cierre.
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El presidente Mulino, que asumió el cargo en julio pasado y es considerado más favorable a las empresas que su predecesor, dijo que abordará el tema de la mina después de que el gobierno apruebe las reformas a la seguridad social. Se espera que los legisladores voten sobre la reforma en las próximas semanas.
Mientras tanto, Mulino se reunió con proveedores locales de la mina en medio de preocupaciones por reducciones de personal y cierres de empresas. Su oficina emitió un comunicado el lunes vinculando el sufrimiento de la industria con el cierre de la mina.
Las autoridades están realizando una auditoría a Cobre Panamá, que busca evaluar los riesgos ambientales y plantear medidas de mitigación y determinar costos para el cierre permanente de la mina, según el gobierno.
First Quantum ha aceptado cooperar plenamente con la auditoría y ha proporcionado al gobierno un programa de conservación y gestión segura. Su aprobación permitiría la exportación de unas 121.000 toneladas métricas de concentrado de cobre almacenado.
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