Bloomberg Línea — Una jueza federal impidió el lunes que el gobierno de Donald Trump revocara el estatus legal y los permisos de trabajo para más de 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos a quienes la Administración de Joe Biden les concedió la entrada a Estados Unidos bajo un programa de libertad condicional humanitaria.
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La jueza federal de distrito, Indira Talwani, dictaminó el lunes, después de una audiencia la semana pasada, escribió que cada migrante bajo el parole humanitario debe tener una revisión individualizada, caso por caso.
Su fallo evitará que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, revoque el estatus de libertad condicional como parte de un plan de Trump para poner fin al programa el 24 de abril.
Muchos de los beneficiarios del parole humanitario han estado viviendo y trabajando en el sur de Florida después de ser patrocinados por familiares para venir a Estados Unidos a solicitar asilo u otras protecciones en lugar de intentar ingresar a través de la frontera entre Estados Unidos y México, donde estalló una crisis migratoria durante la supervisión de la administración Biden.
Talwani dijo en una orden de 41 páginas presentada en un tribunal federal de Boston que si no emitía su suspensión de la orden de terminación del secretario de Seguridad Nacional, las consecuencias serían nefastas para los inmigrantes en libertad condicional.
“El impacto inmediato del acortamiento de su concesión de libertad condicional es hacer que su estatus legal en los Estados Unidos caduque antes de tiempo, en menos de dos semanas”, escribió Talwani, lo que llevaría a las personas a enfrentarse a dos opciones: abandonar el país por su cuenta, o esperar ser deportados.
¿En qué se basó la decisión de la jueza?
Talwani dijo que la acción de Noem, publicada el 25 de marzo como un aviso en el Registro Federal y programada para entrar en vigor 30 días después, se basó en una interpretación defectuosa de la ley de inmigración.
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La jueza explicó que el objetivo del gobierno de Trump era colocar a los migrantes en libertad condicional en una vía rápida de deportación a finales de este mes, pero las autoridades se basaron en una interpretación equivocada del proceso.
El DHS veía a los migrantes como individuos que cruzaron ilegalmente la frontera de Estados Unidos y podrían ser expulsados de manera expedita.
En cambio, explicó la jueza, deberían ser vistos como migrantes a los que se les otorgó permiso para ingresar a Estados Unidos bajo una concesión de libertad condicional.
“Lo que se está priorizando no es a las personas que cruzan la frontera, sino a las personas que siguieron las reglas”, dijo Talwani durante la audiencia en Boston la semana pasada.
¿Qué sigue ahora para los beneficiarios?
El DHS, que podría apelar el fallo de la jueza, tiene la intención de priorizar para la deportación a aquellos que no hayan presentado correctamente una solicitud de un beneficio de inmigración para permanecer legalmente en los EE.UU.
Los intentos de poner fin al programa son parte de la ofensiva de Trump contra las vías de inmigración legal que permiten a las personas venir temporalmente a los EE.UU.
Hasta diciembre de 2024, el último mes completo que Biden estuvo en el cargo, un total de 531.690 personas habían pasado por el programa de libertad condicional, conocido como CHNV por las nacionalidades de los migrantes involucrados, y provienes de los países más conflictivos de la región.
Eso incluye a 110.240 cubanos, 211.040 haitianos, 93.070 nicaragüenses y 117.330 venezolanos que volaron a aeropuertos estadounidenses.
La Administración Trump vivió otro revés en marzo, cuando un juez federal en California impidió que el gobierno pusiera fin a una política de Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege a más de 350.000 venezolanos en Estados Unidos de la deportación.
