Bloomberg Línea — Una ley que buscaba aumentar un beneficio económico de miles de trabajadores administrativos del sector público del Perú tuvo un revés en el Poder Ejecutivo esta semana.
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El dictamen, aprobado en junio por unanimidad en el Congreso, proponía homologar el beneficio del Incentivo Único del Comité de Administración del Fono de Asistencia y Estímulo (Cafae), para todos los trabajadores administrativos del régimen 276 en los gobiernos regionales, incluyendo la Municipalidad Metropolitana de Lima y sus unidades ejecutoras.
El objetivo era que todos los empleados con el mismo cargo o nivel recibieran el mismo monto de incentivo, sin importar si trabajan en Lima, Cusco o cualquier otra región. En otras palabras, la iniciativa pretendía equiparar los pagos que hoy varían según la entidad pública o la región.
En la sustentación, la congresista Lady Camones Soriano, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, explicó que esta disparidad salarial “vulnera principios fundamentales de igualdad y equidad, desmotiva al personal y afecta directamente a miles de familias peruanas”.
La ley será discutida nuevamente
Sin embargo, Infobae informó este viernes que la presidenta Dina Boluarte observó la ley, lo que significa su devolución para que sea corregida o debatida nuevamente, argumentando que no incluye evaluación presupuestal ni fuentes de financiamiento, lo que podría afectar la estabilidad fiscal.
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Según el documento del Ejecutivo, la ley no explica cuánto costará aplicarla ni de dónde saldrá el dinero para cubrir ese gasto. Además, afirman que el Congreso no puede aprobar leyes que aumenten el gasto público sin respaldo presupuestal, algo que también está señalado en la Constitución.
La Presidencia sostiene que la norma podría vulnerar reglas para la estabilidad presupuestaria de la Ley de Fiscalización y Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
Además, la propuesta de ley autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a efectuar modificaciones presupuestarias sin los sustentos técnicos correspondientes.
Ahora que la Ley volverá al Legislativo, le corresponderá a los parlamentarios modificar el texto para responder a las objeciones del Ejecutivo, o insistir en aprobarla sin cambios.
La decisión de rechazar este aumento se da poco después de que, el 2 de julio, se anunciara el ajuste salarial de Boluarte, quien pasará a ganar S/35.568 (US$10.009), lo que significa un aumento del 122%.
El nuevo sueldo de la mandataria llega en medio de una profunda crisis de popularidad. Según una reciente encuesta de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI), difundida por RPP, el 95,9% de los peruanos desaprueba su gestión, mientras que apenas un 2,4% la respalda.
