Bloomberg — Los fondos de pensiones peruanos están sufriendo un duro golpe tras el anuncio de la disolución de una filial de Brookfield Asset Management (BAM) que opera las dos autopistas de peaje más transitadas del país.
Brookfield está liquidando su filial, Rutas de Lima, alegando pérdidas insostenibles en medio de una batalla judicial con la ciudad de Lima, que sostiene que los peajes son un símbolo de corrupción y una afrenta a los pobres.
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Pero Rutas de Lima deja atrás 1,500 millones de soles (US$443 millones) en bonos locales que, según las agencias de calificación crediticia, corren el riesgo de caer en default de forma inminente. Esto podría suponer una pérdida histórica para el pequeño mercado de capitales de Perú y sus fondos de pensiones, que poseen la mayor parte de esa deuda.
Los bonos a 2036 y 2039 se vendieron hace una década. En su momento fue la mayor emisión corporativa de Perú en moneda local. Los cuatro fondos de pensiones privados de Perú, controlados por conglomerados como Credicorp, Scotiabank y Grupo Sura, compraron lo que en ese momento era deuda con grado de inversión. S&P Global Ratings actualmente los califica en CC, afirmando que el incumplimiento es “prácticamente inevitable”, un resultado que podría estar aún más cerca después de que un tribunal cancelara la semana pasada los peajes restantes, lo que reduciría sus ingresos a prácticamente cero. Rutas de Lima ha apelado esa decisión.
La crisis ya está afectando a las carteras de inversión de los trabajadores, ya que los bonos han caído a aproximadamente un tercio de su valor nominal en pocas semanas, según personas familiarizadas con el asunto. La preocupación es que el valor podría desaparecer por completo en los próximos meses, una vez que concluya el cierre de Rutas de Lima, añadieron, pidiendo no ser identificados al discutir información privada.
Durante la última década, los ilíquidos bonos de Rutas de Lima han crecido hasta convertirse en una de las mayores deudas corporativas de los fondos de pensiones, representando el 0,6% de los 110.000 millones de soles que gestionan. Prima AFP, de Credicorp, fue el mayor comprador, según el supervisor bancario SBS, que publica las participaciones de los fondos de pensiones.
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La Municipalidad de Lima, propietaria de las carreteras que fueron concesionadas a Rutas de Lima, se negó a hacer comentarios. Brookfield ha acusado a Perú de expropiar ilegalmente las carreteras y exige US$2.700 millones en un arbitraje internacional.
Un camino difícil
En conversaciones privadas, personas familiarizadas con el tema dicen que el resultado más optimista sería que la ciudad de Lima asumiera la deuda, un resultado previsto en el contrato de concesión en caso de que Rutas de Lima cerrara. Pero también reconocen que sería una batalla difícil, ya que la propia ciudad hizo campaña para cerrar los peajes.
Según una persona familiarizada con el tema, la ciudad tampoco ha rescindido el contrato de concesión con Rutas de Lima, lo que sería el primer paso para hacerse cargo de la deuda.
El argumento de Lima contra los peajes, que ha defendido sin éxito ante tribunales internacionales y paneles de arbitraje, es que el contrato de concesión se obtuvo mediante corrupción y debería invalidarse.
Aunque los tribunales confirmaron los laudos arbitrales por valor de US$200 millones contra la ciudad y a favor de Rutas de Lima, las autoridades se han negado a pagar.
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El alcalde que impulsó esas medidas, Rafael López Aliaga, solía comparar a Brookfield con la mafia. Calificó de día de celebración el momento en que Rutas de Lima anunció su disolución. López Aliaga, un conservador conocido con el apodo de “Porky“, dimitió recientemente para presentarse a las elecciones presidenciales del próximo año.
El actual alcalde, Renzo Reggiardo, también calificó la suspensión de los peajes de la semana pasada como “un día de libertad, de reivindicación de la libre circulación del transporte en nuestra capital”. Es un aliado cercano de López Aliaga.
La ciudad de Lima también tiene una elevada deuda propia, lo que limita su capacidad para cubrir nuevos pagos. Actualmente, la ciudad ha declarado que el 30% de su presupuesto anual ya se destina al pago de la deuda anual.
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