Bloomberg Línea — El Congreso de Perú censuró este viernes 21 de marzo al ministro de Interior, Juan José Santiváñez, por su gestión en la ola de criminalidad en el país y deberá renunciar al cargo luego de 78 votos a favor de la medida, 11 en contra y 20 abstenciones.
Para poder censurar al ministro se requería de 66 votos y ahora la presidente peruana, Dina Boluarte, una de las más impopulares del mundo, con un índice de aprobación que ha rondado el 5% por meses, tiene 72 horas para designar un nuevo ministro del Interior.
Santiváñez aceptó la medida tomada por el Congreso: “Con eso simplemente vamos a irnos”, señaló a la prensa el funcionario.
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Las mociones de censura contra el ministro fueron presentadas por los congresistas Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), Jaime Quito (Bancada Socialista) y Diego Bazán (Renovación Popular).
“Las mociones de censura han sido aprobadas, en consecuencia se comunicará el presente acuerdo a la presidenta de la República para que se cumpla con lo dispuesto en el Artículo 132 de la Constitución Política y el reglamento del Congreso”, dijo el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, citado por Andina.
El Gobierno peruano indicó el lunes que decretó el estado de emergencia por un periodo de 30 días calendario en toda la provincia de Lima y del Callao, al mismo tiempo que ordenó el despliegue de tropas de las Fuerzas Armadas ante la ola de violencia y extorsión, informó el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén.
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Esta semana también se conoció que el Gobierno peruano presentará un proyecto ante el Congreso para restaurar el servicio militar y policial obligatorio en el país. La medida fue anunciada luego de una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en el Palacio de Gobierno en medio de la ola de criminalidad que atraviesa Perú.
En 2024, de acuerdo a cifras de la Policía Nacional del Perú citadas por la prensa local, fueron registrados 19.432 casos de extorsión en el país.
Entre tanto, el año pasado se registraron unos 2.011 homicidios, lo que supuso un aumento de más de 34% en comparación al 2023, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).
El 27 de septiembre del año pasado, el Gobierno peruano también declaró estado de emergencia en 11 distritos de Lima durante 60 días por causa de las extorsiones.
De acuerdo a datos citados en un reporte de El Comercio, en los 13 distritos de Lima y uno del Callao donde se aplicó la medida de estado de emergencia los homicidios aumentaron hasta un 27% frente a 2023.
En el caso de la agrupación Armonía 10, representantes de la misma señalaron que los extorsionistas les exigían pagos de hasta S/20.000 soles (unos US$5.465 de hoy) para poder seguir presentándose.
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