Bloomberg Línea — Algunos de los principales referentes del empresariado peruano coinciden en un diagnóstico sobre el actual gobierno peruano: el último año de Dina Boluarte trajo ciertas mejoras en el clima de inversión, pero el proceso electoral del 2026 y la ausencia de reformas estructurales mantienen en suspenso el potencial inversor en el país andino.
El inicio de las fiestas patria encuentra al Perú en una posición ambigua, con el tradicional mensaje presidencial de Dina Boluarte a la Nación llegando este lunes, 28 de julio. Hay cifras récord en exportaciones, una macroeconomía sólida y proyectos de infraestructura en marcha, pero también una inestabilidad política persistente, brechas estructurales sin resolver y un proceso electoral incierto a la vuelta de la esquina.
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Para cuatro voces representativas del empresariado —Roque Benavides, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura; Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep); Jaime Dupuy, director ejecutivo de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), y Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco)—, una de las mayores prioridades para el próximo mandatario, que asumirá en exactamente un año, debería ser el de facilitar la inversión privada.
“El clima de inversión ha mostrado signos de estabilidad relativa en comparación con años anteriores, pero aún persisten factores estructurales que limitan una recuperación plena”, afirma Benavides en diálogo con Bloomberg Línea. Desde su perspectiva, si bien el Ejecutivo ha tenido una actitud más abierta al diálogo con el sector privado, los avances en destrabe de proyectos, regulación y simplificación administrativa han sido todavía insuficientes para detonar nuevos desembolsos privados.
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Elecciones frenan decisiones de largo plazo
La gran sombra que se cierne sobre las decisiones de inversión es el proceso electoral del 2026. Los cuatro entrevistados se pronunciaron en sintonía con respecto a la incertidumbre política, una variable que podría frenar la continuidad o el inicio de proyectos durante los próximos 12 meses —especialmente aquellas que están en evaluación o etapa inicial— en sectores estratégicos como minería, infraestructura, comercio exterior, manufactura y construcción.
“El proceso electoral puede ser más desequilibrante que el propio gobierno. Nos preocupa que regresen propuestas populistas que buscan reducir el papel del sector privado o estatizar sectores clave”, advierte Jorge Zapata, presidente de Confiep. En línea con esta advertencia, Benavides agrega que las decisiones de inversión minera —de largo plazo por definición— están estrechamente ligadas a la claridad de las reglas de juego.
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“Seguimos comprometidos con el país, pero somos conscientes del impacto que puede tener la política en la viabilidad de los proyectos”, explica. A pesar del ruido, empresas como Buenaventura mantienen sus planes: San Gabriel, uno de sus principales proyectos de oro y plata, iniciaría operaciones a fines de 2025.
Exportaciones récord no compensan brechas estructurales
Desde el frente externo, ComexPerú destaca que las exportaciones han mantenido su impulso, alcanzando US$74.462 millones en 2024, gracias a los altos precios del cobre, el oro y productos agrícolas como el café y los arándanos. Sin embargo, ese dinamismo no ha sido acompañado por un crecimiento equivalente en infraestructura logística.
“La brecha en infraestructura logística supera los S/92.000 millones. Seguimos con cuellos de botella en el puerto del Callao y baja conectividad con regiones productivas. Eso encarece los costos y limita el potencial exportador”, señala Dupuy. A pesar de la firma de nuevos acuerdos comerciales y negociaciones en curso —como los tratados con India e Indonesia—, ComexPerú subraya que falta una estrategia nacional integral para promover exportaciones y atraer inversión extranjera directa, más allá de acciones puntuales.
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Desde el sector construcción, Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco, subraya que la gestión de José Salardi —exministro de Economía y antes director de ProInversión— marcó un punto de quiebre para reactivar la inversión en infraestructura. “Las asociaciones público-privadas (APP) estaban muertas. Salardi las llevó de US$2.000 millones a US$6.000 millones, y dejó una cartera proyectada de US$8.000 millones anuales”, asegura.
Destaca la continuidad técnica como factor clave para sostener las inversiones: “En un país con alta rotación política, lo que importa es quién lidera los procesos técnicos”, anota.
Reformas estructurales en lista de espera
Los cuatro líderes subrayan que el Gobierno entrante deberá avanzar rápidamente y no postergar las reformas estructurales más urgentes. Entre ellas, señalaron la agilización del marco regulatorio que ha frenado proyectos como el Aeropuerto de Chinchero, el proyecto Tía María y la nueva Carretera Central.
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Zapata de Confiep y Benavides de Buenaventura, por su parte, apuntaron a la necesidad eliminar progresivamente el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), un sistema administrado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y enfrentar la minería ilegal, que avanza más rápido que los proyectos formales.
El REINFO ha sido objeto de crecientes cuestionamientos por mineras debido a su utilización por mineros ilegales como una forma de protección legal que les permite operar con impunidad.
Además, apuntan a la necesidad de luchar contra la informalidad estructural que afecta a sectores como transporte, construcción, comercio y minería, y ejecutar obras de infraestructura con mayor eficiencia. “Un proyecto minero legal tarda 14 o 15 años en obtener todos los permisos”, denuncia Zapata.
“Mientras tanto, la minería ilegal solo necesita días. El país ha sido excesivamente riguroso con lo formal y completamente permisivo con lo ilegal”. Desde Buenaventura, Benavides añade que el diálogo temprano y el desarrollo territorial deben ser pilares para la viabilidad social de los proyectos.
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La agenda empresarial para 2026
Tanto ComexPerú como Confiep y Capeco ya preparan propuestas técnicas que buscan entregar a los candidatos presidenciales y congresales. Capeco, en particular, viene trabajando con otros gremios —incluida la CGTP— para consensuar una hoja de ruta para el próximo quinquenio.
“El próximo gobierno debe convocar a una transformación rápida de la relación entre Estado y sociedad”, acotó Valdivia. Desde Confiep, la expectativa también es clara: un gobierno que entienda que sin inversión privada no hay desarrollo sostenible ni empleo formal.
“Necesitamos un presidente que conozca el país, que apueste por el emprendimiento, por cerrar brechas de infraestructura y mejorar la educación y la salud”, sostiene Zapata. Dupuy coincide: “El Estado debe actuar como facilitador, no como competidor”.
Pese al ruido político, los cuatro empresarios se muestran moderadamente optimistas sobre el futuro económico del país. “El Perú tiene los recursos y el talento para crecer al 7% u 8% anual”, concluye Zapata. “Pero no lo lograremos si seguimos atrapados en trabas, informalidad y conflictos políticos”.
