Bloomberg Línea — Siete años después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara que Odebrecht (hoy Novonor) pagó US$778 millones en sobornos en América Latina y África, el caso Lava Jato en Perú entra en una fase decisiva. Inicialmente, la constructora brasileña sólo admitió pagos irregulares por US$29 millones en el país andino entre 2005 y 2014. Sin embargo, la investigación se fue expandiendo exponencialmente, pasando de 30 a 194 casos, e involucrando una suma de dinero significativamente mayor.
Silvana Carrión, procuradora ad hoc del caso Lava Jato, confirmó a Bloomberg Línea que el primer trimestre de 2025 será crucial para la Justicia peruana, ya que se conocerán tres nuevas sentencias de un total de 20 acusaciones del Ministerio Público. Estos procesos ya se encuentran en etapa de juicio oral y entrarán en fase de veredicto en las próximas semanas.
“Estamos entrando a una etapa donde conoceremos más sentencias y determinaciones de responsabilidad penal de funcionarios públicos. Es el inicio de las conclusiones de los casos. Las investigaciones avanzan hacia sentencias y determinaciones importantes”, señaló Carrión.
Leer más: Exclusiva: CIADI fallará a inicios de 2025 sobre millonaria demanda de Enagás contra Perú
Entre las otras 13 acusaciones que aún no tienen sentencia destacan, por ejemplo, el caso de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien admitió públicamente que recibió US$11.2 millones de aportes de Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra la revocatoria en 2013 y su reelección en 2014. La Fiscalía pidió 29 años de cárcel contra Villarán.
Al respecto, Carrión estimó que el fallo tardaría al menos un año y medio, debido a que la acusación consta de más de 8.000 páginas y hay 1.800 medios de prueba que serán debatidos en el juicio con las 30 defensas de los acusados. El mismo plazo de tiempo tardaría, dijo la abogada, para una eventual sentencia contra Keiko Fujimori, acusada junto a otras 45 personas, de presuntos delitos, entre ellos lavado de activos y organización criminal. Se prevé la declaración de 2.000 testigos y la revisión de 5.000 documentos probatorios en las audiencias.
Sentencias pendientes clave
La primera resolución esperada concierne a los presuntos aportes de US$3 millones de Odebrecht a la campaña del Partido Nacionalista en 2011. El fiscal Germán Juárez solicita 20 años de prisión para el expresidente Ollanta Humala y la disolución de su partido político.
Este fallo podría sentar un precedente significativo para el caso de Keiko Fujimori, acusada de recibir US$1,2 millones de la constructora brasileña en el denominado Caso Cócteles. Se nombró así a la indagación debido a la forma en la que la lideresa de Fuerza Popular alega que se consiguieron los fondos para su campaña, pero la Fiscalía sostiene que estos eventos fueron ficticios para ocultar los aportes de Odebrecht.
La segunda sentencia pendiente involucra al expresidente Martín Vizcarra, investigado en el marco del “Club de la Construcción” por presuntos sobornos de S/2,3 millones en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua durante su gestión como gobernador regional (2011-2014). La Fiscalía pide 15 años de prisión para Vizcarra, quien mantiene aspiraciones presidenciales para 2026 pese a su inhabilitación por el Congreso en el caso “Vacunagate”.
El tercer caso próximo a resolverse es el del Metro de Lima, donde el exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo, durante el gobierno del extinto expresidente Alan García, enfrenta una posible condena de 35 años por presuntamente favorecer a Odebrecht a cambio de US$8 millones en sobornos.
Avances y desafíos en la investigación
Hasta el momento, la justicia peruana ha emitido cuatro sentencias relacionadas con los casos “Bonos Soberanos”, “Chacas – San Luis”, “Tren Eléctrico- Deductivo 3″ e “Interoceánica Sur Tramos 2 y 3″. Este último resultó en la condena de 20 años y seis meses de prisión para el expresidente Alejandro Toledo por recibir US$35 millones en sobornos para favorecer a la constructora brasileña.
Leer más: Alejandro Toledo, el primer expresidente de Perú condenado por caso Odebrecht
Carrión subraya que los juzgamientos podrían avanzar con mayor rapidez si el Poder Judicial dedicara salas exclusivas para tratar las acusaciones de Lava Jato. Actualmente, la responsabilidad recae en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, presidida por César Sahuanay.
Impacto de las decisiones brasileñas
Pese a los avances de la Justicia peruana, las recientes decisiones del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que han anulado más de 115 condenas por irregularidades procesales, han generado preocupación sobre el futuro de las investigaciones.
El tribunal ha desestimado todas las pruebas de los acuerdos de colaboración eficaz de Odebrecht, argumentando que fiscales y jueces se “habrían parcializado en su búsqueda de justicia”.
Este efecto se ha extendido a otros países como Ecuador, Panamá y Argentina. En Perú, la defensa de Ollanta Humala logró que el STF declarara inválidas las evidencias de los sistemas Drousys y MyWebDay B, software en los que Odebrecht llevaba su contabilidad clandestina para el pago de sobornos y aportes a campañas políticas. Además, el juzgado brasileño prohibió que exdirectivos de Odebrecht testifiquen en su juicio oral. Esta decisión se amplió posteriormente al caso de Keiko Fujimori.
Sin embargo, Carrión enfatiza que estas resoluciones no afectan los procesos peruanos: “La Justicia brasileña aplica para ese país. No tiene injerencia en las decisiones de los jueces peruanos, quienes han rechazado los intentos de las defensas de invocar las decisiones del juez Dias Toffoli”, explicó la procuradora.
Ampliación de la investigación y colaboración eficaz
El acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht ha resultado fundamental. La empresa ha admitido ilícitos en 11 proyectos, con sobornos que suman US$40 millones, superando significativamente los US$29 millones inicialmente reconocidos. Los nuevos casos incluyen el Gasoducto del Sur, proyecto Trasvase Olmos, obras de saneamiento en Iquitos y Chimbote, caso Jorge Peñaranda, caso Arbitrajes y la Carretera San José de Sisa.
Gracias a este acuerdo, las declaraciones y pruebas proporcionadas por Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Carlos Nostre, Luiz Mameri y otros exdirectivos están aseguradas y podrán utilizarse en los juicios bajo el marco penal peruano. Además, tras el acuerdo con Odebrecht, cuatro empresas peruanas - Graña y Montero (Aenza), Cosapi, ICCGSA y Obrainsa - también se han acogido al beneficio de colaboración eficaz.
Balance y recuperación de activos
Las investigaciones actuales involucran a 1.038 personas, de las cuales 569 son funcionarios públicos y 499 directivos del sector privado. También implican a 148 empresas, con 91 incluidas como terceros civilmente responsables para asumir eventuales pagos de reparación civil en caso de condena.
La Procuraduría ha conseguido 14 sentencias de colaboración eficaz, incluyendo cinco con empresas, resultando en compromisos de reparación civil por S/1,300 millones. Ya se han recuperado S/300 millones, un avance significativo comparado con el caso Fujimori-Montesinos, donde en 20 años solo se recuperaron S/60 millones de S/1,400 millones de reparación civil.
Además, se han embargado preventivamente S/2.500 millones en activos y propiedades, incluyendo casas de campo, casas de playa, estacionamientos, terrenos, departamentos, autos de lujo, acciones y sueldos.
Golpe de Lava Jato al Perú
El socio de STC Abogados y especialista en Derecho de la Construcción y Arbitraje, Carlos Tapia Benavente, afirma que las investigaciones sobre corrupción de Lava Jato y el Club de la Construcción sin duda afectaron la imagen del país.
Sostuvo que luego del 2016 hubo cambios drásticos en la forma en la que se ejecutaron proyectos. Indicó que se resolvieron varios contratos teniendo como justificación las imputaciones de corrupción, y se dejó de lado el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) que había tenido bastante éxito en términos de adjudicación de proyectos hasta la fecha.
Tapia manifestó que incluso desde el 2019, el Perú ha ido perdiendo posiciones en el Índice de Infraestructura del Ranking de Competitividad Mundial del Institute of Management Development (IMD), estando hoy en el puesto 63, en contraste con el 2011 que Perú estaba en el puesto 58.
“Frente a lo anterior, en los años siguientes al 2016 se ha preferido, en parte también por la bandera política del gobierno de turno, las obras públicas y otros proyectos que son financiados con el tesoro público, como por ejemplo las Obras por Impuestos, los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP) y los Acuerdos Gobierno a Gobierno”, enfatizó.
No obstante, destacó que los proyectos desarrollados bajo este nuevo esquema han sido exitosos. Entre algunos ejemplos mencionó el proyecto de Juegos Panamericanos, las obras de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios -ahora Autoridad Nacional de Infraestructura-, el proyecto del Aeropuerto de Chinchero en Cusco y el proyecto de la Nueva Carretera Central Daniel Alcides Carrión.
“Desde el año 2023 se ha venido potenciando nuevamente el modelo de APP y se han adjudicado más de 15 proyectos en muy poco tiempo, siendo uno de los más resaltantes el Anillo Vial Periférico en la ciudad de Lima. En ese sentido, considero que si bien hubo una afectación por las investigaciones de actos de corrupción, el Perú ha sabido continuar siendo un foco de atracción de oportunidades para la inversión privada, tanto local como extranjera”, concluyó.
Perspectivas futuras
En cuanto a otras constructoras brasileñas, la empresa OAS tuvo un acercamiento con el Ministerio Público, pero no llegó a buen puerto. Sin embargo, sus directivos sí estarían apoyando con las indagaciones al Equipo Especial Lava Jato. La decisión de que se conviertan en colaboradores eficaces depende de los fiscales. Mientras tanto, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao mantienen su postura de no admitir sobornos y continúan en litigio con las autoridades peruanas.
La evaluación de nuevos beneficios premiales para 10 aspirantes a colaboradores eficaces, que han proporcionado evidencia sobre sobornos en 50 proyectos del “Club de la Construcción” y coimas en arbitrajes a favor de Odebrecht, se encuentra en fase de corroboración, marcando un nuevo capítulo en esta histórica investigación de corrupción.
