La agencia calificadora Fitch Ratings advirtió que la destitución de la presidenta Dina Boluarte por parte del Congreso de Perú incrementa los riesgos de medidas populistas y podría dificultar los esfuerzos de consolidación fiscal, en un contexto de creciente incertidumbre política de cara a las elecciones generales previstas para abril de 2026.
Según el informe publicado este lunes, Fitch alertó que la deriva populista podría intensificarse a medida que el Congreso y el Poder Ejecutivo ingresen en modo de campaña, favoreciendo políticas con atractivo electoral inmediato —como nuevos retiros de fondos de pensiones— que amenazarían la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Los desafíos se suman a una débil dinámica de reformas y a los reiterados incumplimientos de las reglas fiscales, señaló la agencia.
La calificadora destacó que, si bien Perú mantiene un nivel de deuda moderado (30,8% del PIB al cierre de 2024), un banco central creíble y una sólida posición externa, la dependencia de ingresos extraordinarios y la falta de una reforma tributaria estructural elevan el riesgo de que la deuda aumente más de lo previsto por las autoridades.
El estudio menciona que, sin un mayor impulso de crecimiento o un aumento sostenido de la recaudación, será difícil mantener un déficit fiscal inferior al 2% del PIB después de 2026.
La destitución de Boluarte, aprobada el 10 de octubre por 122 votos a favor de un total de 130, se basó en la cláusula constitucional de “incapacidad moral permanente”. Según Fitch, la medida refleja la intención de los congresistas de distanciarse del aumento del crimen, la principal preocupación del electorado, en un contexto de bajo nivel de aprobación presidencial.
Con esta decisión, Perú suma siete presidentes desde 2018, lo que evidencia la elevada rotación institucional y la fragilidad del sistema político. Boluarte había asumido la presidencia en 2022 tras la destitución de su antecesor.
El nuevo presidente
En reemplazo de la mandataria, José Jerí, hasta entonces presidente del Congreso y dirigente del partido Somos Perú, asumió la jefatura del Estado. La calificadora considera que su gestión marcará un período de transición preelectoral, en el que se espera continuidad en la política macroeconómica, aunque con énfasis en medidas de seguridad de alto perfil. La agencia señaló que Jerí podría incluso solicitar poderes especiales al Congreso para implementar su agenda.
Fitch prevé que un gabinete de centroderecha busque preservar el apoyo legislativo, pero alertó que la falta de un mandato popular claro y la proximidad de las elecciones limitarán la capacidad del Ejecutivo para resistir las presiones del Congreso. Los incentivos políticos, según la calificadora, favorecerán iniciativas con beneficios electorales inmediatos que podrían deteriorar las cuentas públicas.
Antes de la destitución, el Poder Ejecutivo y el Congreso ya enfrentaban un prolongado bloqueo político. Fitch señaló que el retorno al bicameralismo en las próximas elecciones —con un Senado de 60 escaños y un umbral del 5% para acceder al Congreso— podría reducir levemente la fragmentación, aunque no se espera que acelere los consensos sobre reformas estructurales.
Pese a las tensiones políticas, Fitch sostuvo que las perspectivas de crecimiento siguen siendo sólidas. En el corto plazo, la economía debería beneficiarse de la desinflación, de mejores condiciones de liquidez y de términos de intercambio favorables. La agencia estima que la destitución podría generar volatilidad financiera temporal, pero sin alterar significativamente la estabilidad macroeconómica del país.
El informe destacó, además, que la minería continúa siendo un motor clave del crecimiento, impulsada por la exploración y la inversión, aunque enfrenta obstáculos por permisos y conflictos sociales en algunas regiones. Al mismo tiempo, los problemas de seguridad y la incertidumbre regulatoria podrían limitar la inversión no minera y afectar la productividad.
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En el plano electoral, el reporte reseña que las encuestas muestran una alta fragmentación del voto, con los principales candidatos en cifras de un solo dígito y una gran proporción de indecisos. Esta situación incrementa la probabilidad de que el próximo gobierno carezca de un mandato legislativo fuerte. La calificadora espera continuidad en la política macroeconómica, aunque no descarta que el nuevo liderazgo busque modificar el modelo económico de Perú.