Bloomberg — Las autoridades peruanas declararon el lunes el estado de emergencia durante 30 días en la capital del país, después de que el asesinato de un cantante volviera a hacer saltar las alarmas sobre las redes de extorsión.
Los peruanos han estado protestando contra las extorsiones que afectan a todo tipo de sectores económicos, como el transporte público, los comercios, las escuelas y las bandas de música. El asesinato de Paul Flores, uno de los vocalistas de la banda de cumbia Armonía 10, durante el fin de semana está presionando al gobierno para que actúe y subraya que la situación no está bajo control. Los grupos musicales, en particular, han alzado la voz tras el asesinato para denunciar el aumento de las extorsiones.
Flores fue asesinado cuando unos asaltantes dispararon contra el autobús utilizado habitualmente por Armonía 10 para transportar a sus miembros, en lo que la policía sospecha que fue un ataque a raíz de una exigencia de pago de extorsión.
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Los estados de emergencia son una táctica gubernamental muy común en Perú y partes importantes de Lima ya habían estado bajo uno en los últimos meses. Suspenden libertades civiles como el derecho de reunión y el libre tránsito y permiten a los militares vigilar las calles. Pero la última vez que toda la capital fue puesta en estado de emergencia fue en 2022.
Además de la delincuencia, los estados de emergencia se utilizan para sofocar protestas sociales que perturban minas clave, así como para facilitar la entrega de ayuda durante catástrofes medioambientales. Los críticos afirman que son ineficaces y señalan que las iteraciones anteriores no han logrado frenar las amenazas a la seguridad pública.
El gobierno anunció su intención de declarar el estado de emergencia el domingo por la noche.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha tenido dificultades para encontrar respuestas efectivas al aumento de la delincuencia, más allá de declarar nuevos estados de emergencia y prometer una postura firme contra la delincuencia. Su índice de popularidad del 5% se ha mantenido durante meses entre los más bajos del mundo. El lunes, Boluarte declaró ante un público que estaba considerando promulgar la pena de muerte en Perú, aunque los tratados internacionales obstaculizarían su implementación.
Varios partidos de la oposición en el congreso se han mostrado partidarios de destituir al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuya función consiste en supervisar la policía y la seguridad pública. Si el congreso toma medidas, podría censurar y despedir a Santivanez en cuestión de días. Una encuesta de Ipsos publicada la semana pasada mostró que el 83% de los peruanos cree que Santivánez debería dimitir.
Las autoridades insisten en que han desmantelado decenas de bandas criminales y el Congreso declaró a principios de este mes a la banda venezolana Tren de Aragua como organización terrorista, siguiendo una decisión similar tomada en EE.UU. bajo la presidencia de Donald Trump.
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