Bloomberg — Perú se enfrenta a su peor crisis de seguridad pública en la memoria reciente, con altos funcionarios del gobierno culpando a las organizaciones criminales transnacionales por el caos y la violencia que también está sacudiendo a sus vecinos Ecuador y Colombia.
“Tenemos que reconocer, como lo hemos hecho, que Perú se enfrenta a una ola de delincuencia no vista antes”, dijo el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que supervisa la policía nacional, en una entrevista con la radio RPP. “No es solo Perú, sino toda la región porque la realidad es que la criminalidad hoy es organizada y transnacional”.
La presidenta peruana, Dina Boluarte, también reconoció la criminalidad en una presentación en el Foro Económico Mundial de Davos el miércoles. “Tenemos un problema, que es el crimen organizado y transnacional, que no es propio de Perú sino un problema global”, dijo.
El enfoque en el crimen transnacional resonará con las directivas iniciales del presidente estadounidense Donald Trump de tomar medidas enérgicas contra las pandillas, incluido el Tren de Aragua de origen venezolano, y etiquetar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Las autoridades peruanas reconocen la presencia de Tren de Aragua en el país, así como de otras bandas de origen local. Perú es también el segundo productor mundial de la planta utilizada para fabricar cocaína.
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Los reconocimientos de esta semana son una rara advertencia del impopular gobierno peruano que hasta ahora había preferido decir que los niveles de delincuencia estaban bajando y cada vez más bajo control. La advertencia se produce poco después de que un ataque con dinamita dañara la fachada de un edificio de la fiscalía en la ciudad peruana de Trujillo. Trujillo lleva ya meses bajo estado de emergencia debido a los altos niveles de actividad delictiva.
Pero los trabajadores peruanos, incluidos conductores de autobús, propietarios de tiendas y obreros textiles, llevan meses advirtiendo y protestando por el aumento de las extorsiones.
Boluarte, cuyo índice de aprobación del 5% la sitúa como una de las líderes más impopulares del mundo, no ha logrado acallar esas preocupaciones. Sus críticos, incluido el fiscal superior de Perú, la han acusado de debilitar la capacidad del Estado para hacer frente a la delincuencia, al vetar un proyecto de ley destinado a ayudar a agilizar la detención de sospechosos de delitos.
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