Bloomberg — Perú enfrenta en 2025 el inicio de año más mortífero de su historia, mientras el gobierno decretó estado de emergencia en la capital del país para intentar mantener a raya a los delincuentes.
La nación andina registró 368 homicidios en los primeros dos meses del año, según datos recopilados por el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud. La cifra es más del triple que la registrada durante el mismo período de 2017, el dato más antiguo disponible.
Lea más: Perú anuncia estado de emergencia en Lima ante violencia y desplegará a Fuerzas Armadas
El lunes, la presidenta Dina Boluarte declaró estado de emergencia por 30 días en Lima, que cuenta con una población de 12 millones de personas, en medio de la indignación por el asesinato de Paul Flores, popular cantante del grupo de cumbia Armonía 10, que viajaba en el bus de la agrupación cuando fue atacado por hombres armados.
Los peruanos están particularmente preocupados por el aumento de las extorsiones contra conductores de autobuses, músicos, comerciantes y escuelas. La policía cree que los delincuentes habían exigido pagos a Armonía 10.
Lea más: Perú declara el estado de emergencia en Lima tras asesinato de un cantante
“A estos malditos asesinos, les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte”, declaró Boluarte el lunes durante una ceremonia escolar al inicio del año escolar. “Ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos”.
La presidenta Boluarte es una de las más impopulares del mundo, con un índice de aprobación que ha rondado el 5% por meses. Aunque el gobierno peruano ha recurrido durante mucho tiempo a los estados de emergencia para tratar de recuperar el control de la seguridad pública, la última vez que la capital estuvo sometida a tales restricciones fue en 2022.
Lea más: Bank of America sugiere invertir en Brasil y Argentina, pero evita a Colombia y Perú
Bajo los estados de excepción, se suspenden libertades civiles, como el derecho de reunión, y se permite a las fuerzas de seguridad entrar en los hogares sin orden judicial. Los críticos afirman que estas medidas han resultado ineficaces para reducir la delincuencia.
También se espera que el Congreso considere esta semana una moción para destituir al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por la falta de resultados en la lucha contra la delincuencia.
Lea más en Bloomberg.com
