Bloomberg — El alcalde ultraderechista de la capital de Perú competirá por la presidencia en 2026, dando inicio a la carrera por el máximo cargo del país andino apenas días después de que el Congreso destituyeran a otro de sus mandatarios.
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Rafael López Aliaga, quien ha adoptado el apodo de “Porky” por su supuesto parecido con el personaje Porky Pig, confirmó el lunes que renunciará como alcalde de Lima para postularse a la presidencia en las elecciones de abril.
Católico devoto que afirma practicar el celibato, López Aliaga es una figura polarizadora con un estilo político agresivo y directo. Ha buscado alinearse con líderes afines, incluido Donald Trump: a comienzos de este mes, organizó en Lima un acto en memoria del asesinado activista conservador estadounidense Charlie Kirk.
López Aliaga, de 64 años, encabeza actualmente las primeras encuestas con cerca del 10% de apoyo en un escenario que incluye a más de 30 posibles candidatos. Sin embargo, los favoritos en Perú suelen tener dificultades para mantener el impulso, y con cerca de la mitad del electorado aún indeciso, la contienda pondrá a prueba su capacidad para ampliar su respaldo dentro de un abarrotado campo de conservadores en un país que eligió a un presidente de izquierda en 2021.
En aquella elección, López Aliaga terminó en tercer lugar, quedando fuera por poco de una segunda vuelta que finalmente ganó Pedro Castillo, quien fue destituido menos de dos años después por intentar disolver el Congreso. El Congreso de Perú destituyó la semana pasada a Dina Boluarte, la exvicepresidenta que había asumido tras la caída de Castillo. Actualmente no hay candidatos de izquierda entre los principales aspirantes.
César Acuña, gobernador de La Libertad y también excandidato presidencial de derecha, anunció el lunes su renuncia para volver a competir por la presidencia. Tanto Acuña como López Aliaga deberán pasar por un proceso interno en sus respectivos partidos para oficializar sus candidaturas.
López Aliaga es un empresario adinerado que amasó su fortuna operando hoteles y trenes de lujo. Sus simpatizantes consideran que su estilo refleja su empeño en reducir la burocracia, mientras que sus detractores lo califican de una forma de gobernar al margen de la ley.
Esa actitud se ha hecho evidente en su intento de cumplir una de sus principales promesas de campaña: anular un contrato de peajes operado por una filial de Brookfield Asset Management, que según él fue obtenido mediante corrupción y perjudica a los sectores más pobres.
La filial de Brookfield, Rutas de Lima, presentó recientemente una solicitud de disolución alegando una insostenible caída en sus ingresos. López Aliaga calificó la decisión como “un día de celebración”. La gestora de activos ha llevado a Perú a un arbitraje internacional en el que reclama US$2.700 millones en daños. López Aliaga también se ha negado a pagar otros US$200 millones correspondientes a laudos arbitrales desfavorables.
El alcalde ha expresado su admiración por las políticas anticrimen del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y ha propuesto enviar presos peruanos a cumplir condena en ese país centroamericano. También es un ferviente partidario de Trump, cuya administración ha mostrado recientemente interés en las operaciones de Brookfield en Perú.
Las autoridades detuvieron la semana pasada a tres personas acusadas de planear un atentado contra López Aliaga; según la policía, al menos una portaba un arma de fuego y otra una granada.
“El plan era dispararle a Porky y la granada era para producir una masacre”, declaró López Aliaga en una entrevista televisiva reciente.
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