Bloomberg — La unidad peruana de Telefónica SA (TEF) dijo el viernes que ha iniciado un proceso de insolvencia en un intento por reestructurar sus finanzas y operaciones tras no encontrar un comprador.
El proceso tendrá lugar en Perú, según una presentación regulatoria. La decisión se produce menos de un mes después de que el político español Marc Murtra fuera nombrado para dirigir la empresa, que es en parte propiedad del Estado.
La presentación permite a Telefónica, que había provisionado casi 800 millones de euros (US$840 millones) para el pago de impuestos locales y se enfrenta a un deterioro de las perspectivas en Perú, reducir su exposición a la unidad en medio de una retirada más amplia de América Latina. La insolvencia coincide con el inicio de las audiencias por una demanda de arbitraje que Telefónica presentó hace cuatro años para impugnar el pago de impuestos.
“La situación financiera de Telefónica del Perú se ha visto muy negativamente afectada por contingencias tributarias que tienen más de 20 años”, dijo la compañía, “así como por decisiones administrativas que han colocado a la compañía en una desventaja competitiva dentro de un entorno de mercado particularmente desafiante”.
En enero, el gobierno español, que posee una participación del 10% en Telefónica, intervino para nombrar a Murtra presidente y CEO, enviando ondas de choque a los círculos empresariales españoles. Murtra mantiene estrechos vínculos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se espera que introduzca profundos cambios en la compañía.
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Para facilitar el proceso de insolvencia, dijo la empresa, Telefónica Hispanoamérica ha concedido una línea de crédito de hasta 1.549 millones de soles peruanos (US$420 millones) con vencimiento a 18 meses para hacer frente a las necesidades operativas de tesorería de Telefónica del Perú.
En enero, la unidad peruana presentó una declaración ante el regulador peruano diciendo que no había encontrado comprador tras una ronda de conversaciones con posibles inversores. Moody’s y Fitch rebajaron la calificación de Telefónica del Perú en los últimos meses debido a la preocupación por la escasa liquidez y los malos resultados.
Telefónica lleva trabajando desde finales de 2019 para recortar su exposición a Latinoamérica. El negocio peruano de la compañía se ha enfrentado a una creciente competencia y a la inflación, pero su mayor problema es la disputa legal con las autoridades fiscales que se remonta al año 2000. La compañía se ha desprendido de unidades centroamericanas y ha formado asociaciones para algunos negocios en Colombia y Chile.
Telefónica impugnó el pago de impuestos y presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones de Washington en 2021. Se esperaba que las audiencias de ese caso comenzaran este mes.
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El año pasado, la empresa redobló sus esfuerzos para salir de Colombia. Ha mantenido conversaciones con Millicom International Cellular SA (TIGO) para vender la unidad por US$400 millones, pero no se ha anunciado ningún acuerdo. También ha recibido interés por su negocio en Argentina, según informó Bloomberg el mes pasado. Telefónica contrató a JPMorgan para vender las operaciones mexicanas, según informaron los medios locales el viernes.
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