Bloomberg — El nuevo gobierno de Uruguay espera que una futura reforma de la seguridad social en sus primeras etapas probablemente requiera un mayor gasto para combatir la pobreza infantil que es cinco veces mayor que la de los ancianos, dijo Hugo Bai, el economista que encabeza la comisión del presidente Yamandu Orsi para redactar recomendaciones políticas.
Las prioridades de reforma del gobierno también incluyen un mayor papel del Estado en el cuidado de los niños para que más mujeres puedan incorporarse a la población activa, según Bai, que no dio más detalles sobre las posibles cifras de gasto. Tiene previsto presentar propuestas a Orsi antes de junio de 2026.
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La red de seguridad social uruguaya “tiene que tender a profundizarse y desarrollarse, y eso va a implicar necesariamente un mayor gasto”, dijo Bai en una entrevista. “Todo el Poder Ejecutivo está comprometido en instrumentar cambios que sean absolutamente financiables en el presente, mediano y largo plazo”.
Aunque el gobierno de Orsi espera que un mayor crecimiento económico proporcione ingresos fiscales adicionales para financiar las reformas, el déficit fiscal de Uruguay ya era del 4,2% del producto interior bruto el año pasado antes de que Orsi asumiera el cargo en marzo, frente a un crecimiento anual que ha promediado un magro 1,1% en la última década.
El gasto social en el país sudamericano de 3,5 millones de habitantes favorece actualmente a los mayores, ya que solo el 6,3% de las personas de 65 años o más vivían en la pobreza el año pasado, frente al 32% de los niños menores de 6 años, según la agencia de estadísticas INE. Al mismo tiempo, solo el 57% de las mujeres son económicamente activas, frente al 73% de los hombres.
“Vamos a tener una mano de obra cada vez más reducida en comparación con las personas que necesitan ser atendidas debido al envejecimiento de la población. Necesitamos que esa mano de obra sea lo más productiva posible”, afirmó Bai.
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Orsi prometió mejorar la red de seguridad social durante las elecciones del año pasado, en las que los votantes devolvieron al poder a su partido de izquierdas, el Frente Amplio. Para los inversores, una reforma que goce de un amplio apoyo público puede reducir el riesgo de que los grupos descontentos recurran a plebiscitos para proponer soluciones drásticas a los votantes.
Una reforma de las pensiones promulgada por el predecesor de centro-derecha de Orsi provocó la reacción de los sindicatos y las organizaciones sociales, que reunieron suficientes firmas para celebrar un plebiscito que proponía prohibir los sistemas privados de jubilación, entre otras medidas. Aunque finalmente fue rechazada por los votantes, los bonos del Estado y la moneda uruguaya se vendieron antes de la votación del pasado octubre, ya que los inversores temían que si se aprobaba aumentaría el déficit y se hundirían los mercados de capitales locales.
Bai señaló que las recomendaciones de la comisión no revivirán la controvertida propuesta del año pasado.
“Ninguno de los acuerdos que surjan de la fase de diálogo social implicará los cambios propuestos en el plebiscito”, dijo. “Una mayoría muy clara de ciudadanos se expresó al respecto”.
Uruguay se enfrenta a las mismas tendencias demográficas que muchas naciones con bajas tasas de natalidad. El INE pronosticó recientemente que la población disminuirá gradualmente a unos 3 millones en 2070, mientras que la proporción de personas de 65 años o más se duplicará hasta casi el 33%.
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La comisión de Bai se reunirá con representantes de los partidos políticos y de la sociedad civil en los próximos meses para negociar amplios acuerdos en áreas clave de la hoja de ruta de la reforma de la administración. El gobierno tratará de lograr un consenso para ampliar el acceso a la pensión básica estatal y permitir que los trabajadores con bajos ingresos y empleos físicamente exigentes puedan jubilarse a partir de los 60 años en lugar de los 65, entre otras medidas, dijo.
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