Bloomberg — Una Corte Suprema dividida permitió que la administración Trump despojara a más de 300.000 venezolanos del derecho a vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos, en una decisión que abre una nueva categoría de migrantes a la perspectiva de arresto y deportación.
Interviniendo por segunda vez a favor del gobierno en el conflicto, los jueces levantaron el viernes una orden judicial que establecía que los venezolanos podían conservar su llamado Estatus de Protección Temporal (TPS). El programa TPS está diseñado para proteger a los inmigrantes cuyos países de origen se encuentran en crisis.
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Aunque la orden del Tribunal Supremo, según sus términos, es temporal —se aplica mientras el caso avanza en apelación—, marcará un cambio drástico en el estatus legal de los venezolanos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ahora puede revocar una extensión del TPS que la administración del expresidente Joe Biden implementó justo antes de dejar el cargo.
Los tres jueces liberales de la corte discreparon. “No puedo tolerar nuestra repetida, gratuita y perjudicial interferencia en casos pendientes en tribunales inferiores mientras hay vidas en juego”, escribió el juez Ketanji Brown Jackson.
Las juezas Elena Kagan y Sonia Sotomayor también disintieron, pero sin hacer ningún comentario.
La mayoría ofreció solo una explicación superficial, señalando una decisión provisional emitida en mayo para permitir que la revocación de Noem siguiera adelante. “Si bien la postura del caso ha cambiado, los argumentos legales de las partes y los perjuicios relativos en general no lo han hecho”, escribió el tribunal el viernes en una opinión sin firmar.
La medida afectará a más de la mitad de los 600.000 venezolanos que actualmente están cubiertos por el programa. Noem canceló el TPS para los migrantes venezolanos restantes en una cancelación separada que no fue objeto de debate directo ante la Corte Suprema. Los venezolanos afectados han visto su estatus legal cambiar repetidamente este año en medio de la disputa legal.
El gobierno probablemente tendrá que solicitar órdenes de deportación en un tribunal federal de inmigración antes de expulsar a cualquier exbeneficiario del TPS. Muchas de las personas afectadas también podrían tener solicitudes de asilo pendientes.
Presunto desafío
Al recurrir a la Corte Suprema, la administración Trump acusó al juez federal de distrito Edward Chen y a un tribunal federal de apelaciones de desafiar una decisión del Tribunal Supremo del 19 de mayo. Dicha decisión bloqueó una orden preliminar que el juez con sede en San Francisco había emitido en el caso.
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“Las órdenes de este tribunal son vinculantes para los litigantes y los tribunales inferiores”, argumentó el Procurador General D. John Sauer, principal abogado del gobierno ante la Corte Suprema. “Ya sea que esas órdenes ocupen una sola frase o muchas páginas, ignorarlas, como hicieron los tribunales inferiores en este caso, es inaceptable”.
Al respaldar a Chen, el panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. declaró que no estaba obligado por el fallo anterior de la Corte Suprema, que se emitió sin ninguna explicación. “Solo podemos conjeturar sobre el fundamento del tribunal cuando no ofrece ninguna”, declaró el panel de tres jueces. Los tres jueces, al igual que Chen, fueron nombrados por presidentes demócratas.
La revocación está siendo impugnada por venezolanos, entre ellos un estudiante universitario de Florida y un especialista en tecnología de la información de Texas, junto con la Alianza Nacional TPS, un grupo de miembros.
Dijeron que miles de familias quedaron separadas después de que la orden de la Corte Suprema del 19 de mayo permitió a la administración comenzar a deportar a personas que tenían el estatus TPS.
“La gente perdió sus empleos, fue encarcelada y finalmente deportada a un país que sigue siendo extremadamente inseguro”, argumentó el grupo.
La administración Biden extendió el estatus TPS para los 600.000 venezolanos hasta octubre de 2026. Originalmente, estaba previsto que el grupo de 350.000 personas perdiera el estatus TPS en abril de 2025.
El caso es Noem v. National TPS Alliance, 25a326.
Esta historia fue actualizada con más información a las 17:36 ET en todo el texto.
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