La calificadora de riesgo S&P Global Ratings revisó la perspectiva de las calificaciones de Ecuador, cambiándola de negativa a estable. Además, reafirmó las calificaciones soberanas de deuda en moneda extranjera y local a largo y corto plazo en ‘B-/B’.
VER MÁS: Apagar la polarización será la primera tarea de Daniel Noboa en su nuevo mandato en Ecuador
Por qué cambió la perspectiva
La agencia señaló que el financiamiento de prestamistas oficiales “apuntalará la liquidez externa” y que el mandato político surgido tras las elecciones de abril facilita la consolidación fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El programa con el FMI fue ampliado a US$5.000 millones (desde US$4.000 millones), con un desembolso inmediato de unos US$600 millones tras la segunda revisión. A cambio, el Gobierno se comprometió a mejorar las cuentas públicas en 6,6% del PIB entre 2024 y 2028, con foco en ingresos.
Qué mira S&P en lo fiscal
S&P espera una consolidación sustantiva pero más gradual que lo planteado por el FMI, sustentada en: IVA al 15%, reducción progresiva de subsidios energéticos, revisión de exenciones, mejor cumplimiento tributario y eficiencia del sector público.
Proyecta, además, que la deuda neta del gobierno se estabilice cerca de 53% del PIB y que los intereses se ubiquen en torno al 9% de los ingresos en los próximos años. Advierte, también, que 97% del gasto es rígido (salarios, pensiones, subsidios e intereses), lo que condiciona el ajuste.
Las necesidades de caja crecerán por las amortizaciones del bono 2030 desde enero de 2026, y los flujos netos con el FMI serían negativos en 2026 (desembolsos menores a los repagos).
Frente externo más sólido
S&P considera que la posición externa de Ecuador mejoró por el superávit comercial no petrolero y mayores remesas. Prevé un superávit de cuenta corriente cercano al 3% del PIB en 2025, en un contexto de reactivación de importaciones. Las reservas internacionales subieron de US$4.200 millones en enero de 2024 a unos US$8.600 millones en agosto de 2025. La deuda externa neta estrecha caería hacia 85% de los ingresos de cuenta corriente en tres años, y las necesidades brutas de financiamiento externo bajarían a 112% de ingresos y reservas utilizables.
La agencia también destaca que, tras años de acceso limitado a mercados, los no residentes poseen cerca del 50% de la deuda comercial, y que el desarrollo del mercado local podría ampliar el fondeo doméstico.
Crecimiento, petróleo y energía: el talón de Aquiles
S&P prevé que la economía crezca 2,8% en 2025 tras caer 2% en 2024; el PIB per cápita rondaría US$7.100, casi estancado respecto de una década atrás.
VER MÁS: Riesgo país se desplomó en Ecuador y Argentina: derrota del correísmo y fin del cepo, las claves
El cierre progresivo del bloque 43 por motivos ambientales —13% de la producción petrolera actual— presiona al sector, mientras el Gobierno busca compensar compensar esa merma con mayor actividad en el campo Sacha.
En paralelo, impulsa la atracción de inversión en minería, con nueve proyectos que podrían sumar US$11.000 millones en los próximos seis años e impulsar la minería (dos proyectos en marcha y siete en carpeta) con un potencial de US$11.000 millones de inversión en seis años.
En energía, 80% de la electricidad proviene de hidroeléctricas y Coca Codo Sinclair aporta cerca del 30%; su deterioro y la sequía de 2024 derivaron en cortes. S&P ve margen para atraer inversión privada en electricidad y petróleo, pero advierte que se requieren montos significativos. La inflación promediaría 0,9% en 2025 y convergería a 1,5%, en línea con EE.UU., con alzas transitorias por ajustes tarifarios.
Política: mandato más claro
S&P subraya que el presidente Daniel Noboa consolidó un mandato fuerte: su partido ADN reúne 77 de 152 escaños y el bloque afín a Rafael Correa tiene 62, un cambio frente a la histórica fragmentación legislativa que trababa leyes. Esto debería facilitar la agenda de reformas.
Qué podría cambiar la nota
- A la baja (6–12 meses): si falla la consolidación fiscal o si hay canjes/operaciones de pasivos que S&P considere intercambios en dificultades, equivalentes a default.
- Al alza (6–12 meses): si el ajuste reduce sustancialmente las necesidades de financiamiento y si se avanzan reformas que mejoren seguridad pública y el sistema eléctrico.
