Bloomberg — La administración Trump está luchando contra los esfuerzos de los trabajadores y contratistas del gobierno para obligar al multimillonario Elon Musk a testificar en una demanda que lo acusa de dirigir ilegalmente la disolución de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional mientras era un alto asesor del presidente.
El Departamento de Justicia ha pedido a un juez federal de Maryland que bloquee las deposiciones de Musk y de dos ex altos funcionarios de la USAID, según una reciente presentación judicial. La USAID fue destripada a principios de este año como parte del plan del presidente Donald Trump para recortar el tamaño y el alcance del gobierno mediante despidos masivos, subvenciones canceladas y el desmantelamiento de agencias.
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El gobierno argumenta que los trabajadores y contratistas actuales y anteriores que demandaron no han logrado probar que la situación implicaba “circunstancias excepcionales” que superarían las “limitaciones de larga data” sobre el testimonio convincente de funcionarios de alto nivel de la rama ejecutiva.
Musk, CEO de Tesla Inc. (TSLA) y SpaceX, dejó su puesto como asesor de la administración esta primavera tras pasar meses como la cara pública de la iniciativa del Departamento de Eficiencia Gubernamental. También fue un destacado patrocinador de la campaña de Trump. El Departamento de Justicia ha seguido representando sus intereses en los casos en los que fue demandado en su capacidad oficial por movimientos relacionados con el DOGE.
Los empleados de USAID acusaron a Musk de ejercer inconstitucionalmente un alto nivel de poder dentro del gobierno estadounidense que está reservado a funcionarios confirmados por el Senado. También alegaron que los esfuerzos de Musk y otros funcionarios del poder ejecutivo por cerrar la agencia de ayuda exterior estadounidense, que fue creada por el Congreso, violaban los principios de separación de poderes de la Constitución.
Un juez federal de Maryland dictaminó en agosto que el caso podía seguir adelante, denegando la petición del gobierno de que fuera desestimado. Los abogados de los actuales y antiguos empleados de la USAID han pasado los últimos meses buscando información, documentos y testimonios del gobierno.
En una presentación judicial a finales de la semana pasada, el Departamento de Justicia argumentó en contra de exigir a Musk y a los dos ex funcionarios de USAID, Peter Marocco y Jeremy Lewin, que comparecieran para prestar declaración.
Históricamente, los tribunales han puesto el listón muy alto para forzar el testimonio de miembros de alto rango del poder ejecutivo. En la última solicitud para bloquear la deposición de Musk, el gobierno argumentó que “se entrometería necesariamente en las actividades de la Casa Blanca y en el desempeño de los deberes constitucionales del presidente, lo que desencadena importantes preocupaciones sobre la separación de poderes”.
El gobierno dijo que los demandantes tenían que “agotar las alternativas” antes de poder forzar las deposiciones, como presentar más solicitudes de información por escrito o deponer a otros testigos que no presentaran las mismas cuestiones.
El Departamento de Justicia ha declarado anteriormente ante los tribunales que Musk sólo asesoraba al presidente y que no tenía autoridad para tomar decisiones políticas importantes. Al dictaminar que el caso de la USAID podía seguir adelante, el juez de Maryland señaló las pruebas presentadas por los demandantes de que Musk parecía atribuirse personalmente el mérito, incluyendo una publicación en las redes sociales de febrero en la que escribió: “Pasamos el fin de semana alimentando a la USAID en la trituradora de madera.”
La administración Trump ha luchado contra otros esfuerzos para forzar la divulgación de información sobre DOGE. En mayo, el Tribunal Supremo de EE.UU. bloqueó una orden de un tribunal inferior que obligaba a la administradora de la DOGE, Amy Gleason, a testificar en una pelea sobre si la oficina calificaba como una agencia que debe cumplir con las demandas de registros públicos. Ese litigio está en curso.
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Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. Un representante de Democracy Defenders Fund, el grupo de defensa de tendencia liberal que representa a los empleados de USAID, y un portavoz de las empresas de Musk no devolvieron inmediatamente las solicitudes de comentarios el lunes por la tarde.
El caso es Does contra Musk, 25-cv-462, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito de Maryland (Greenbelt).
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