Bloomberg — La administración Trump está anunciando la búsqueda de “jueces de deportación” en su continuo impulso por cubrir puestos de trabajo para ayudar a su campaña de deportación masiva.
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La convocatoria de jueces por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos marca el último paso en una estrategia de aplicación de la ley que se ha extendido desde las ciudades fronterizas a las principales áreas metropolitanas. Refleja un esfuerzo por acelerar cada paso del proceso de deportación, desde los arrestos hasta la detención y las sentencias judiciales necesarias para expulsar a las personas del país.
El Departamento de Seguridad Nacional amplificó el esfuerzo de reclutamiento en las redes sociales, instando a los abogados a presentar su solicitud. “Hagan caer el martillo sobre los extranjeros ilegales criminales”, decía un post en X. “Defiendan sus comunidades, su cultura, su propia forma de vida”.
A pesar de la etiqueta “jueces de deportación”, la descripción del puesto es la habitual de los jueces de inmigración: juzgar casos de asilo y deportación, resolver solicitudes de tarjeta verde y presidir ceremonias de ciudadanía. La administración afirma que la oleada de contrataciones pretende revertir lo que describe como una “amnistía de facto” bajo la administración anterior y restaurar la “integridad” de los tribunales.
Los anuncios ofrecen sueldos de entre US$160.000 y US$207.500 y un incentivo de contratación del 25% para los empleados federales primerizos en algunos lugares, incluidos los tribunales de California. A los solicitantes se les dice que pueden “ayudar a escribir el próximo capítulo de América” y “definir América para generaciones”.
“Después de cuatro años en los que la administración Biden obligó a los tribunales de inmigración a aplicar una amnistía de facto a cientos de miles de extranjeros, este Departamento de Justicia está restaurando la integridad de nuestro sistema de inmigración y anima a los profesionales jurídicos con talento a unirse a nuestra misión de proteger la seguridad nacional y la seguridad pública”, dijo el DOJ en un comunicado.
Andrew Arthur, ex juez de inmigración y actual becario residente sobre derecho y política en el Centro de Estudios de Inmigración, dijo que el anuncio estaba redactado de forma “lamentable pero probablemente inadvertida”. “No es la redacción adecuada; no son jueces de deportación”, dijo Arthur. “Hacen muchas otras cosas”.
El esfuerzo de contratación del DOJ se produce cuando la administración Trump está trabajando para ampliar las filas de los jueces a cerca de 800 desde 600 con la financiación de la ley de gasto masivo aprobada por el Congreso a principios de este año. Un sindicato que representa a los jueces dijo que más de 140 jueces han sido despedidos, han tomado una compra del gobierno o han sido reasignados involuntariamente desde enero, cuando Trump asumió el cargo por segunda vez.
El nuevo bombardeo de contrataciones es parte del esfuerzo de la administración por reducir el enorme retraso en los tribunales de inmigración. Desde que Trump asumió el cargo, los jueces han reducido el retraso en más de 440.000 casos, la mayor disminución en la historia del sistema, según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, o EOIR, una agencia del Departamento de Justicia. Quedan pendientes más de 3,75 millones de casos.
El esfuerzo de reclutamiento de jueces sigue a una expansión más amplia en todo el aparato de aplicación de la ley. La Patrulla Fronteriza y el ICE han estado llevando a cabo sus propias campañas de contratación en todo el país, ofreciendo salarios de seis cifras en algunos puestos, pago de horas extras y bonificaciones destinadas a cubrir miles de puestos vacantes.
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración dijo que las órdenes de deportación son sólo una parte del trabajo “pero está lejos de ser la totalidad de nuestro papel”.
“Si el Departamento de Justicia quiere reforzar la contratación, podría empezar por poner fin al despido innecesario de jueces, invertir en mejoras significativas en los tribunales de inmigración y centrarse en hacer del EOIR un lugar donde se apoye a los profesionales con talento y ética, no donde se les ahuyente”, dijo el sindicato en un comunicado.
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