Bloomberg — Un ciudadano estadounidense presentó una demanda contra el gobierno federal alegando que fue arrestado y detenido indebidamente en dos ocasiones por funcionarios de inmigración cuando estos perseguían ilegalmente a trabajadores latinos en obras de construcción en Alabama, a pesar de haberles proporcionado su prueba de situación legal.
El caso, presentado este martes ante un tribunal federal como una posible demanda colectiva, se interpuso en nombre de Leonardo García Venegas, un trabajador de la construcción nacido en Estados Unidos que afirma haber sido detenido dos veces este año durante redadas en el lugar de trabajo. Durante un incidente, García Venegas alegó que los agentes descartaron inicialmente su documento de identidad como “falso” y le mantuvieron esposado durante más de una hora.
Es el último caso que acusa a la administración Trump de detener ilegalmente a personas basándose en el hecho de que parecen ser latinas o se encuentran en determinados lugares, como obras en construcción o en el exterior de tiendas de mejoras para el hogar, en lugar de en pruebas específicas de que carecen de estatus legal para estar en el país.
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El Departamento de Justicia ha defendido la legalidad de las políticas de inmigración de línea dura del presidente Donald Trump y la mayoría conservadora del Tribunal Supremo de EE.UU. votó a principios de este mes a favor de permitir que los agentes federales continúen realizando detenciones masivas en Los Ángeles de una manera que los críticos sostienen que cruza la línea hacia el perfil racial.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional no devolvió inmediatamente una solicitud de comentarios.
Según la denuncia, García Venegas fue detenido durante dos acciones distintas de aplicación de la ley de inmigración en obras de construcción en mayo y junio. En ambas ocasiones, alegó, los agentes se negaron a aceptar su permiso de conducir “STAR ID” expedido en Alabama, cuya obtención requiere una prueba de ciudadanía u otro tipo de residencia legal.
García Venegas fue finalmente puesto en libertad después de que los agentes verificaran su estatus. La segunda detención duró entre 20 y 30 minutos, según la demanda.
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“Los agentes de inmigración, esgrimiendo una concesión de autoridad excesivamente amplia pero sin orden judicial, hicieron una redada en las obras de construcción privadas en las que trabajaba Leo y acorralaron a todos los trabajadores que parecían latinos, incluso a ciudadanos, como Leo, que no habían hecho nada malo”, escribieron sus abogados. “Leo se merece algo mejor. Y según la Cuarta Enmienda y las leyes federales que limitan la aplicación de las leyes de inmigración, tiene derecho a algo mejor.”
Los abogados de García Venegas dicen que defenderán que se certifique el caso como una demanda colectiva en nombre de los ciudadanos estadounidenses u otros residentes legales del sur de Alabama que trabajan en la construcción y que podrían ser detenidos como resultado de las políticas de la administración.
La demanda fue presentada ante el tribunal federal de Mobile, Alabama, por el Instituto para la Justicia, un grupo libertario de interés público.
El caso es García Venegas contra Homan, 25-cv-397, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Sur de Alabama (Mobile).
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