Bloomberg — La Corte Suprema permitió a la administración Trump quitar de forma inmediata el derecho legal de residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos a medio millón de personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Con dos votos en contra, el máximo tribunal autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a poner fin a los denominados programas de libertad condicional que otorgaban a los migrantes de esos cuatro países un estatus legal temporal. Los jueces suspendieron una orden de un tribunal federal de primera instancia que había bloqueado la cancelación mientras se desarrollaba el litigio.
La orden marca la segunda vez en menos de dos semanas que los jueces allanan el camino para la posible deportación de cientos de miles de migrantes. El fallo sigue a la orden del tribunal del 19 de mayo que permite al DHS revocar las protecciones legales de 350.000 venezolanos bajo un programa diferente. Las decisiones refuerzan los esfuerzos de la administración Trump para expulsar agresivamente a los migrantes, incluidas algunas personas que llegaron a EE.UU. de forma legal.
Como suele ocurrir con las órdenes de emergencia, el tribunal no dio ninguna explicación.
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Las magistradas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor disintieron, afirmando que el tribunal “subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el gobierno trastorne precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de no ciudadanos mientras sus reclamaciones legales están pendientes”.
El último enfrentamiento afecta a personas que entraron en el país durante la presidencia de Joe Biden tras conseguir un patrocinador estadounidense y la aprobación del gobierno. La administración Biden amplió el uso de la libertad condicional —una herramienta diseñada para admitir temporalmente a personas por razones humanitarias o de interés público— mediante la creación de procesos especiales dirigidos a esos cuatro países.
Aproximadamente 532.000 migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela entraron a EE.UU. en el marco de los programas de Biden, normalmente por un período de dos años. No está claro cuántos permanecen en el país con ese estatus.
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Al impedir que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocara los programas, la jueza federal de distrito Indira Talwani, en Boston, dijo que la ley federal de inmigración parece exigir que la libertad condicional se revoque caso por caso, y no de forma categórica.
El fiscal general, D. John Sauer, máximo representante del gobierno de Trump ante la Corte Suprema, dijo a los magistrados que tomar decisiones individualizadas sería una “tarea colosal.
La orden de Talwani “impide al Poder Ejecutivo ejercer su autoridad discrecional sobre un aspecto clave de la política de inmigración y exterior del país y frustra la atribución expresa por parte del Congreso de esa decisión a la secretaria, y no a los tribunales”, argumentó Sauer.
Los abogados de un grupo de beneficiarios de la libertad condicional instaron a la Corte Suprema a rechazar la solicitud. Noem debe “aplicar correctamente la ley antes de revocar su libertad condicional y trastornar sus vidas y causar trastornos masivos a sus familias, empleadores y comunidades”, argumentaron.
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