Bloomberg — La Corte Suprema de Estados Unidos considerará facilitar los procesos judiciales por propiedades cubanas confiscadas por el gobierno de Fidel Castro en 1960, aceptando dos apelaciones con posibles miles de millones de dólares en apuestas para empresas estadounidenses.
En uno de los casos, Exxon Mobil Corp. (XOM) intenta presionar con una demanda en la que reclama US$280 millones a dos empresas estatales cubanas que se apoderaron de las refinerías, estaciones de servicio y otras instalaciones del gigante petrolero. En el segundo recurso, el antiguo operador de los muelles de La Habana pretende revivir una indemnización de US$440 millones contra cuatro líneas de cruceros que utilizaron las instalaciones entre 2015 y 2019.
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Los enfrentamientos pondrán a prueba los límites de la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática de 1996, también conocida como Ley Helms-Burton, que autoriza las demandas de personas cuyas propiedades fueron confiscadas tras la toma del poder por los Castro. El gobierno de Trump instó al alto tribunal a escuchar ambos casos.
En el caso de Exxon, un tribunal federal de apelaciones en Washington dictaminó que las empresas cubanas podrían estar protegidas por inmunidad soberana, rechazando las alegaciones de que la ley de 1996 eliminó dicha protección. El tribunal de apelaciones dictaminó que Exxon debía demostrar que su demanda se amparaba en la excepción por actividad comercial, bajo la ley federal más general que generalmente exime a los gobiernos extranjeros de demandas.
Exxon sostiene que el tribunal de apelaciones erigió una barrera injustificada que, de no ser revocada, desmantelaría la Ley Helms-Burton. La decisión “grava considerablemente, si no elimina, miles de millones de dólares en reclamaciones de miles de empresas y particulares estadounidenses”, argumentó Exxon.
Las empresas demandadas, el conglomerado gubernamental Corporación Cimex SA y la petrolera estatal Unión Cuba-Petróleo, instaron al Tribunal Supremo a no conocer del caso, en parte alegando que Exxon probablemente no recuperaría ninguna indemnización aunque ganara su demanda. “Las perspectivas de ejecución de cualquier sentencia son, en el mejor de los casos, remotas”, dijeron las empresas cubanas al alto tribunal.
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Las empresas estadounidenses están a ambos lados de la segunda disputa. Havana Docks Corp. afirma que construyó las instalaciones en litigio a sus expensas a principios del siglo XX y obtuvo un contrato de arrendamiento de 99 años que el gobierno cubano extinguió en 1960.
La empresa demandó a las líneas de cruceros - Carnival Corp., Royal Caribbean Cruises Ltd., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. y MSC Cruises SA - después de que empezaran a utilizar los puertos cuando la administración Obama suavizó el embargo cubano en 2015.
Un juez federal de primera instancia se puso de parte de Havana Docks y concedió a la empresa US$440 millones. Pero un tribunal federal de apelaciones con sede en Atlanta anuló la adjudicación, diciendo que Havana Docks no podía recuperar en virtud de la ley de 1996 porque su contrato de arrendamiento expiró en 2004.
Aunque la ley se promulgó en 1996, los presidentes de ambos partidos habían suspendido el derecho a demandar en virtud de la medida hasta 2019. Ese año, el presidente Donald Trump dejó caducar la suspensión y rápidamente se produjo una oleada de demandas.
“Permitir tales demandas ahora, cuando podrían disuadir la colaboración con el gobierno cubano, es una prioridad para la política exterior de EE.UU.”, dijo el procurador general de EE.UU., D. John Sauer, a los jueces en una presentación judicial. Sauer es el principal defensor de la administración Trump ante el Tribunal Supremo.
El tribunal escuchará los argumentos y fallará en julio.
Los casos son Exxon contra Corporación Cimex, 24-699, y Havana Docks contra Royal Caribbean Cruises, 24-983.
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